La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra ha suscitado una respuesta defensiva, aunque relativamente contenida, en el seno del Gobierno.
Durante la Sesión de Control de este miércoles en el Congreso, Pedro Sánchez ha apelado de forma genérica a la presunción de inocencia y reivindicado el legado de los mandatos de su predecesor, mostrando «todo mi apoyo al presidente Zapatero».
Los socios parlamentarios del bloque de investidura han mostrado, en cambio, una mayor distancia, aunque teñida de una notoria aflicción.
Gabriel Rufián verbalizó esta postura al admitir el perjuicio y el desconcierto que produce el contenido del auto judicial dentro del espacio de la izquierda, ante la pérdida del capital político que representa la figura del expresidente.
Pero, a diferencia del PSOE, las fuerzas nacionalistas y ultraizquierdistas, han preferido desmarcarse de la defensa jurídica del expresidente, reconociendo la gravedad de los indicios.
«Si esto es verdad, es una mierda», le ha advertido Rufián al presidente del Gobierno.
A este distanciamiento se han sumado los principales medios de comunicación progresistas, habitualmente afectos a la línea gubernamental.
En lugar de activar las habituales teorías sobre la persecución judicial, las cabeceras de referencia de este espacio han publicado análisis críticos y editoriales donde se exige transparencia y explicaciones inmediatas, asumiendo la solidez fáctica de las tesis del juez José Luis Calama.
Estos posicionamientos dolientes evidencian el profundo shock que ha supuesto la imputación de quien se había consolidado como el gran referente moral y estratégico del nuevo progresismo español. Y contrastan radicalmente con el tratamiento que se dio a otras imputaciones recientes de exdirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.
Aquellos episodios, vinculados más bien a la fontanería interna del partido, no generaron problemas de conciencia significativos a la hora de aplicar cortafuegos inmediatos.
El PSOE procedió con rapidez a suspender militancias. Y, al igual que sus socios parlamentarios, no mostró reservas a la hora de renegar de ellos. Porque se podía aducir que representaban una corrupción puramente material, chusca y ajena a los ideales de la organización.
Zapatero, por el contrario, encarnaba la idea misma de la superioridad moral de la izquierda, y las esencias doctrinales que movilizan al progresismo posmoderno: el feminismo, el ecologismo o la memoria histórica.
Pero si bien la caída de este mito inmaculado ha hecho cundir la desazón entre las fuerzas de la mayoría plurinacional, sus integrantes, a diferencia de Pedro Sánchez, pueden permitirse la autonomía política suficiente como para desvincularse de su figura.
La diferencia radica en que, mientras Ábalos y Cerdán podían ser retratados como meras adherencias que se subieron al carro del Peugeot en los inicios del sanchismo, Zapatero operaba como el faro moral del PSOE actual.
Sánchez siempre ha sido un oportunista, un personaje en busca de autor. Y quien le acabó escribiendo el guion fue Zapatero.
Cabe recordar que Sánchez, que llegó al liderazgo del partido con ademanes de moderación, no tenía ni mucho menos en un principio afinidad con Zapatero. Pero la necesidad estratégica propició una reconciliación que devolvió al expresidente un papel central en el entorno de la Moncloa.
Zapatero introdujo de forma paulatina a personas de su confianza en las estructuras del Gobierno, e insertó sus tesis en el partido hasta convertirse en el auténtico patrono político del sanchismo.
El punto de inflexión de esa cooptación doctrinal se produjo durante la campaña de las elecciones generales de julio de 2023.
La hiperactividad mediática de Zapatero resultó determinante para movilizar al electorado socialista y asegurar la continuidad de Sánchez en el poder, consagrando de manera definitiva la ascendencia del expresidente sobre el actual jefe del Ejecutivo.
La imputación de Zapatero no sólo hunde ese optimismo de la voluntad que tanto enardecía a las bases socialistas. También compromete el viraje programático que el Gobierno consagró tras los últimos comicios: la asunción de la vía plurinacional ante la cuestión separatista y el giro hacia el tercermundismo en materia geopolítica.
A pesar de que Zapatero no ha ocupado ningún cargo orgánico ni gubernamental en la presente administración, Sánchez se encuentra atrapado en un dilema de difícil solución.
El presidente ha ligado de tal forma su acción política al ideario de su predecesor que desmarcarse de él equivaldría a abjurar de los propios fundamentos de su mandato y revertir su agenda.
Sus problemas actuales no se resuelven vinculándose a Zapatero, pero tampoco existe la opción de desconectarse de él.
Sánchez es hoy rehén de Zapatero, sobre todo, por razones ideológicas y estéticas. Pero el escenario judicial abre la posibilidad de otras dependencias aún no esclarecidas, relativas a la mediación del expresidente en la compraventa de petróleo venezolano.
EL ESPAÑOL publica hoy que una empresa que pagó al «Grupo Zapatero» está investigada por la financiación irregular del PSOE con el petróleo venezolano que movía Saab, el testaferro de Nicolás Maduro.
El auto de la Audiencia Nacional ha detallado operaciones de intermediación comercial con hidrocarburos que coinciden temporalmente con las revelaciones de Víctor de Aldama sobre «cupos» del petróleo de PDVSA destinados al PSOE y a la Internacional Socialista.
Si la instrucción judicial determina que detrás del perfil internacional del presidente (al que Sánchez ha fiado casi en exclusiva su supervivencia política últimamente) existieron intereses económicos oscuros e ilícitos, estaríamos ante el último clavo en el ataúd político de Pedro Sánchez.