- Los partidos de la izquierda del PSOE ven «feo» lo que se relata en el auto y los socialistas empiezan a temer que haya más pruebas o testimonios contra el expresidente.
El trasatlántico necesita mucho espacio y tiempo para virar. Y todo se complica si el afectado por ese giro es el principal símbolo vivo de los socialistas, interlocutor de los partidos a la izquierda del PSOE y negociador con los socios independentistas que han sostenido la investidura y el mandato de Pedro Sánchez.
Pero algo se mueve, porque una vez leído el auto del juez José Luis Calama que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero, Sumar, ERC, Podemos, PNV y Junts empezaron a distanciarse del expresidente del Gobierno.
Todos abandonaron la tesis de la persecución judicial (lawfare) porque consideran que el escrito del magistrado describe con indicios firmes un escenario, unas compañías y unos comportamientos que no pueden defender.
«El auto pinta feo«, dijo gráficamente la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. «Está completamente atado el futuro de Zapatero al futuro del Gobierno y del presidente del Gobierno», añadió.
En coincidencia, bajo la firme defensa que Sánchez hizo de Zapatero en el Pleno del Congreso, cunde en el Gobierno un temor creciente.
Hay ministros que empiezan a añadir la coletilla «salvo que aparezca algo más» o «hay que esperar a la investigación«, cuando un día antes no había la más mínima duda en el cierre de filas ordenado por Sánchez.
Eso no quiere decir que los socios vayan a abandonar al Gobierno, que vayan a apoyar una moción de censura o que Moncloa vaya a tratar a Zapatero como juguete roto como hicieron antes con José Luis Ábalos o con Santos Cerdán. Entre otras cosas porque la caída del expresidente se llevaría por delante todo.
Según el símil de un veterano socialista, con los dos secretarios de Organización se fueron cortando lonchas del jamón, se gastó esa baza y ahora asoma el hueso, y no hay más carne que rascar. Sánchez no puede permitirse ya soltar la mano de más personas cercanas.
Para colmo, la semana que viene se juzga al hermano del presidente del Gobierno en Badajoz, junto al anterior líder del PSOE de Extremadura.
El Gobierno ya no habla de lawfare, una actitud que se conoce como «recogida de cable«. Ahora sostiene, oficialmente, que en el auto no hay pruebas directas contra Zapatero, solo referencias de terceros sobre el expresidente.
También argumenta que el juez no concreta a qué altos cargos habría presionado Zapatero para facilitar el rescate de Plus Ultra, y que tampoco aparecen pruebas de que Julio Martínez sea efectivamente el testaferro del expresidente, como sugiere el juez en su escrito.
Pero hay destacados socialistas que subrayan que, en todo caso y más allá del delito, lo que describe el auto es al expresidente mezclado en su actividad con compañías «poco aconsejables«.
«Algo se ha roto, porque siempre ha sido la referencia ética y moral del partido, y es un horror verle manchado con esas relaciones», asegura uno de ellos. El mito se les tambalea.
De Rufián a Pradales
Explican que uno de los argumentos de defensa que se usa en el Gobierno, el que explica que Zapatero se limitó a hacer trabajo de lobby y que eso es perfectamente legal, termina por ser un disparo al expresidente. Y eso porque él siempre ha sostenido que no tuvo ninguna relación con Plus Ultra y, por tanto, no hizo gestiones para facilitar su rescate.
Por lo tanto, para defender esa tesis, Zapatero tendría que empezar por admitir que mintió en eso.
Fuentes de Sumar, ERC, PNV y Podemos admiten que no se puede sostener que haya lawfare en este caso y aseguran estar muy preocupados.
Tampoco les gusta el escenario que describe el auto judicial. Y les sorprende la cantidad de referencias que hay a correos o conversaciones sobre esa supuesta actividad del expresidente.
En público, Gabriel Rufián expresó claramente sus dudas en el Congreso. «Yo esto jodido, lo reconozco», dijo.
El portavoz de ERC añadió que «si es verdad [lo que dice el auto], es una mierda; si es mentira, es una mierda aún mayor».
Un día antes, sin conocerse aún el auto, Rufián dio por hecho que todo era una «cacería» de jueces contra la izquierda.
Diputados de Sumar expresaron opiniones similares, basadas en la negación del lawfare y las dudas sobre las actividades de Zapatero.
Sumar ha anunciado que propondrá elaborar un estatuto de los expresidentes para regular su posible actividad de lobby lo que, en la práctica, supone contradecir la versión de Zapatero que niega sus gestiones.
Por otro lado, el lehendakari, Imanol Pradales, considera necesario que el expresidente Zapatero ofrezca «todas las explicaciones oportunas», con «la máxima celeridad y transparencia», sobre su imputación.