El problema consiste en que el auto del juez Calama tiene demasiada enjundia indiciaria para sostener más allá de un rato los argumentarios de urgencia. Sánchez se vio obligado a mencionar en el Congreso la guerra de Irak y la foto amarillenta de Feijóo con Marcial Dorado, recursos de gran pobreza para capear una tormenta como ésta. Las bombas judiciales le caen cada vez más cerca. Ya no basta con decir que las acusaciones contra Begoña y David son bagatelas, o que desconocía que Ábalos llevase una vida secreta: está bajo sospecha el factor clave de su estrategia. El muñidor de la amnistía, el mediador con Puigdemont, el enlace con el Grupo de Puebla que le proporcionó el liderazgo de la Internacional Socialista, la viga maestra de la campaña que en 2023 levantó a los votantes con sus arengas hasta lograr sostenerlo en la Presidencia. También el referente de la militancia, el antídoto contra el alejamiento de la vieja guardia socialdemócrata, el pegamento moral de la cohesión interna.

Todo eso se está desplomando en un estrépito de escombros éticos. Aunque hay algo aún más grave, y es que la principal operación investigada, el rescate de Plus Ultra, se resolvió con una decisión ejecutiva del Gobierno. Que fue en el Consejo de Ministros donde una compañía en quiebra, que en aquel momento apenas representaba el 0,01 por ciento del tráfico aéreo, recibió una ayuda de 53 millones de euros. Que el trámite estaba atascado –como el de Air Europa, por cierto– y que los angustiados dueños de la empresa dicen en mensajes cruzados entre ellos que recurrieron al expresidente para que les ayudase a resolverlo. Que en medio de ese tejemaneje hubo unos pagos a una sociedad de consultoría (?) que a su vez pagó a Zapatero cuando el trámite concluyó con éxito. Luego hay en el sumario otros negocios vidriosos relacionados con sociedades opacas y blanqueo de dinero. Pero la cuestión esencial del caso es que el tráfico de influencias necesita que alguien se deje influir para que surta efecto.