La noche del domingo 17 de mayo, con el cierre de las urnas en Andalucía, arrancó la que puede ser la semana más negra para Pedro Sánchez.

Empezaba muy mal porque la pérdida de la mayoría absoluta de Juanma Moreno no tapaba la debacle del PSOE en su feudo, una más en las recientes elecciones autonómicas.

Esa noche no sabían aún que el duelo por la prevista inmolación política de María Jesús Montero quedaría sepultado por el mayor duelo posible, el de la caída de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una caída que puede arrastrar a Sánchez, al Gobierno, a la legislatura, a gran parte de la izquierda y a candidatos autonómicos y municipales socialistas durante algún tiempo, según admiten alarmados en el PSOE y entre sus socios parlamentarios.

Vuelve a asomar la impresión de fin de ciclo, con una sangría prolongada en el tiempo que algunos empiezan a ver como innecesaria porque no es remontable y con sentimientos de pánico y depresión.

Dirigentes socialistas aseguran que esperan algún gesto de Sánchez durante esta semana que se inicia, aunque entienden que la situación es tan endiablada que esta vez ya no les sirve, como en ocasiones anteriores, el anuncio de medidas legales, asunción de responsabilidad política sin concreción o promesas de colaboración con la Justicia.

Por el momento, la versión oficial se aferra a la falta de mensajes directos de Zapatero y la ausencia de hechos punibles o rechazables de altos cargos del Gobierno o del partido.

El presidente del Gobierno transmite que quiere seguir adelante, pero algún ministro admite desconocer cómo puede hacerlo, cómo pretende aguantar para cumplir sus planes de llegar hasta verano de 2027 y cómo va a poder soportar el reguero de informaciones, declaraciones, autos, citaciones, sentencias o informes policiales que se les avecinan.

A los ya previstos de Ábalos y Koldo, el hermano y la esposa del presidente, se unen ahora las actividades de Zapatero, aderezadas con millones de euros, sociedades en paraísos fiscales y gestiones más allá del lobby. La «semana negra» no tendrá fin.

De hecho, ha habido un cambio sustancial en el Gobierno y el PSOE: antes todos estaban convencidos de que había que aguantar para intentar dar la vuelta a las encuestas en 2027 si logran movilizar al electorado de izquierdas, coincidiendo con las municipales y autonómicas.

Ahora va creciendo la impresión de que el paso del tiempo no mejorará las cosas, las empeorará atendiendo al calendario judicial. Ese es el drama y el dilema.

La versión oficial de la Moncloa es que los informes de la UDEF no cambian la posición de Sánchez de apoyo a Zapatero. “Al contrario. Los informes constatan el hecho de que no existe ninguna prueba o indicio de delito cometido por el presidente Zapatero. No hay nada que no sea normal o no tenga explicación”, aseguran, transmitiendo la posición de Sánchez.

El presidente del Gobierno ya ha vivido más semanas así desde que reside en la Moncloa, pero esta ha superado a todas las anteriores, por acumulación, pues llega tras los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el desgarro personal que le produjeron los avances de los casos de su esposa y su hermano.

También porque, esta vez, afecta a quien ejercía como símbolo de lo que se conoce como sanchismo, un referente para todos los partidos que lo apoyan y, sobre todo, el más querido para todos los socialistas y votantes de la izquierda.

Por eso, miembros del Gobierno admiten que lo que se conoce hasta ahora del caso Zapatero ya les ha hecho perder mucho más de lo que habían recuperado en los últimos meses por el No a la guerra, el antitrumpismo y la posición firme contra el genocidio de Gaza.

Con ese impulso habían superado el desastre por la prisión de Cerdán. Pero la imputación del expresidente del Gobierno les ha dejado sin agenda y les ha minado la moral necesaria para la movilización que precisan de cara a las elecciones generales. Sánchez ya ha gastado esa bala y va quedándose sin munición para resistir.

El auto del juez José Luis Calama conocido el martes y el informe de la UDEF (Policía Nacional) revelado el sábado es de una «crudeza insoportable», según admiten.

Los detalles que se han ido conociendo han derribado las barreras que se han intentado levantar de forma apresurada durante la semana. La de la ultraderecha, la del lawfare, la de la falta de indicios, la de la conspiración de Estados Unidos…

El lunes, el PSOE iba a empezar el tránsito hacia las generales con una estrategia basada en una interpretación de los datos de las elecciones autonómicas que mostraba alguna posibilidad de recuperar votos. Para eso tenían que lograr aunar el voto útil que se ha ido a opciones de izquierda territorial.

El ‘tour’ judicial

Ahora, todo eso ha volado y, lo que es peor, va a ser difícil de recuperar porque las metas volantes judiciales van a ser todas puertos de montaña de categoría especial.

Por ejemplo, el próximo jueves empieza el juicio contra el hermano del presidente y, en breve, estará la sentencia contra Ábalos, que el Gobierno da por seguro que será condenatoria y previsiblemente dura. Y más contundente si los magistrados del Tribunal Supremo logran esta vez una sentencia unánime, sin votos particulares.

Gobierno y PSOE son estos días la demostración de libro de las cinco fases clásicas del duelo: negación o dificultad para aceptar la realidad, ira o enfado hacia otros, negociación o búsqueda para mitigar la pérdida, tristeza o dolor emocional y, por último, aceptación o integración de la desgracia para seguir adelante. Todo en una semana.

Empezaron con la negación el primer día, cuando desde Moncloa se dijo falsamente que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero era consecuencia de una denuncia con errores y con apenas unos enlaces de publicaciones del grupo ultraderechista Manos Limpias.

Así lo mantuvo el martes la propia portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la solemnidad de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, aunque allí mismo los periodistas le hicieron ver que eso es falso y que difundía un bulo.

También se dijo oficialmente desde el PSOE que estábamos ante un caso de uso político de la Justicia: lawfare.

Y tras desvelarse el sábado el informe policial tendrían que extender ese argumento a la conspiración de las Fuerzas de Seguridad del Estado para poder sostener esa versión que ya nadie se atreve a defender en público.

El segundo día llegó la ira, con el argumento fabricado y difundido por el Gobierno para crear sospechas acerca de que dirigentes del PP, incluidos Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, hablaron semanas antes sobre la investigación a Zapatero.

Pero el PP no desveló nada que no se conociera. Omitían los socialistas que para entonces ya se habían publicado informaciones sobre Zapatero, la empresa Análisis Relevante, su socio Julito Martínez y la actividad de las hijas del expresidente.

Negación y depresión

El tercer día, la fase de negación les llevó a buscar formas de revertir la desgracia marcando un enemigo exterior: se habló en ese entorno incluso de la posibilidad de que Donald Trump estuviera intentando desestabilizar el Gobierno por el rechazo de Sánchez a la guerra de Irán.

Venía a sugerirse que la colaboración de las autoridades de Estados Unidos en el inicio de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción estaba cargada de mala intención. Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida, dio vía libre a esa teoría conspirativa.

Lo dijeron aunque las intervenciones telefónicas que dieron lugar a la colaboración de Estados Unidos e inicio del proceso en España se hicieron durante la presidencia de Joe Biden, según explicó este sábado la Cadena Ser.

También llegó el argumento defensivo según el cual nunca se han investigado los negocios de José María Aznar y Felipe González.

Ese argumento tiene el inconveniente de que, sin querer, los socialistas sitúan a Zapatero a la altura de quienes han sido para ellos «demonios políticos».

De ahí llegaron a plantear desvíos con debates colaterales como el de las reformas legales para regular las actividades de los expresidentes o sobre los lobbies o grupos de presión.

Esto último parte del argumento que usan para defender a Zapatero, explicando sus actividades como normales para cualquier consultor o lobista.

Pero el inconveniente es que supone acusar al expresidente de mentir y de ocultar, porque él siempre ha negado haber hecho gestiones para Plus Ultra.

Se aferran a que ni el auto del juez ni el informe de la UDEF describen ninguna actuación ilegal o incorrecta del Gobierno ni del propio Sánchez.

Un argumento que permitirá en el futuro que exploten la vía de la distancia con el expresidente del Gobierno. Un clásico de los escándalos políticos que en este caso no parece fácil de sostener.

Es evidente que toda la semana ha estado marcada para los socialistas por la fase de depresión, visible en las caras del propio Sánchez, sus ministros y sus diputados. Así arrancan la siguiente y quizás las que vendrán luego.

Ninguno se ha esforzado lo más mínimo en ocultarlo. Por lo que les supone y porque, aunque siguen sin aceptar que el auto judicial incorpore indicios de delito, se han encontrado con su símbolo moral y ético mezclado con personas no recomendables, con manejos extraños de dinero y hasta con utilización para sus negocios de sus hijas, que regentan una empresa con ingresos extraordinarios.

Es decir, algo se les ha roto, porque desde el punto de vista ético creen que nada será igual, aunque el proceso judicial quede en nada. Desde el punto de vista ético el mito se les ha caído, aunque entienden que no les queda otra que seguir defendiéndolo. O al menos intentarlo, pero convencidos de que nada será igual.

También han llegado a la fase de aceptación para integrar la desgracia en su vida y seguir adelante con la legislatura hasta el año que viene, aunque todo sea más difícil y aunque admitan que será imposible imponer su agenda sobre los escándalos.

Saben que tienen el Parlamento bloqueado y ven a sus socios poniéndose a cubierto y pensando ya en distanciarse para las generales. También temen que la inquietud en el PSOE andaluz tras la derrota del domingo se traduzca en algo.

¿Confesará Julito Martínez?

Se preparan para aguantar en un sinvivir, porque creen que puede haber más bombas en el sumario y porque, como ocurre en todos los casos de este tipo, no descartan que alguno de los implicados «se dé la vuelta», confiese y colabore. Por ejemplo, Julito Martínez, el amigo de Zapatero, y según algunos socialistas el punto más débil.

Moncloa no cree que los socios vayan a poner fin a la legislatura, porque les sigue salvando Vox. Ninguno de los socios se puede permitir votar una moción de censura con Santiago Abascal, aunque dejan caer en privado que hay motivos.

El problema para Sánchez es que algunos están ya atrapados entre esa circunstancia y el pánico por ser arrastrados por los escándalos.

Vox es de nuevo la muleta del Gobierno por el rechazo que provoca entre Junts y PNV. Es tóxico para los dos únicos partidos que podrían apoyar la moción.

Por eso, Moncloa y el PSOE ponen el foco en el PP y la supuesta moción de censura. Es más, explican que les encantaría que Feijóo la presentara sin apoyos porque les permitiría reforzarse y poner el foco en el PP y no en Zapatero.

Sobre el sumario, el Gobierno mantiene la tesis de que no hay indicios contra Zapatero porque no hay conversaciones suyas directas, ni referencia a cargos concretos supuestamente presionados o demostración de que Julito Martínez actuara de acuerdo con el expresidente. Lo intentan mantener incluso tras conocerse el informe de la UDEF.

En coincidencia con su abogado, el Gobierno ha pedido estos días a Zapatero que abandone su idea de hablar en los medios antes de ir a declarar ante el juez el 2 de junio.

El presidente ha aceptado callar por el momento. Algo parecido a lo que ocurrió con Santos Cerdán, que anunció una comparecencia ante la prensa cuando se conoció el informe incriminatorio de la Guardia Civil y un año después no lo ha hecho todavía.

El duelo seguirá cuando se conozca el sumario, cuando declare Zapatero el 2 de junio y cada vez que llegue algún sobresalto remitido desde la Justicia. Un año de duelo, con todas sus fases.