La sucesión de revelaciones sobre el caso Plus Ultra ha dejado de ser un problema exclusivamente judicial para convertirse en una cuestión política de primer orden. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúan al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una red de influencias articulada para facilitar el rescate público de la aerolínea además de otros negocios que tienen que ver con el blanqueo de dinero y el comercio de crudo venezolano que apenas han sido enunciados en los informes policiales. Pero resulta insuficiente presentar el asunto como un episodio aislado referido a un expresidente retirado. El verdadero problema es que Zapatero no representa el pasado del PSOE ni un actor marginal del poder actual. Forma parte del presente político de Pedro Sánchez. Un presente que precisamente hoy cumple ocho años de la presentación de la moción de censura que –denunciando la corrupción del PP– lo trajo al poder. Aitor Esteban, líder del PNV y pieza clave en aquella operación, ayer lo recordó a su manera avisando al presidente del Gobierno que sería «irresponsable» seguir calentando el asiento en Moncloa como ha hecho toda esta legislatura.

Los documentos incorporados al sumario describen un entramado de relaciones empresariales, financieras y políticas destinado, según la tesis policial, a influir en decisiones de trascendencia económica. La UDEF sostiene que existió una red organizada para facilitar la obtención de los 53 millones concedidos por la SEPI a Plus Ultra y atribuye a Zapatero un liderazgo no visible dentro de esa estructura. Los investigadores recogen conversaciones sobre contactos políticos, reuniones con altos cargos, gestiones ante entidades financieras y referencias a pagos por las influencias ejercidas.

Siempre hay que recordar el principio de presunción de inocencia, pero precisamente por eso el debate político debe centrarse en lo ya verificable: la utilización de resortes administrativos e institucionales para facilitar operaciones hoy bajo sospecha. La decisión de rescatar Plus Ultra fue firmada y avalada por el Gobierno, refrendada por organismos públicos y validada políticamente por el Ejecutivo de Sánchez.

Las conversaciones incorporadas al sumario revelan además un clima de confianza incompatible con la gravedad de la operación. Según las transcripciones policiales, los implicados celebraban la obtención de las ayudas mientras la compañía seguía proyectando una situación crítica y dependiente del respaldo público. Nada de lo descrito por la UDEF habría podido producirse sin la participación de estructuras del Estado. De hecho, la desaparición de documentos en poder de la SEPI de la que hoy informa ABC es un hecho de máxima gravedad. El rescate no dependía de relaciones privadas entre empresarios, sino de decisiones adoptadas desde organismos públicos, ministerios y entidades controladas por el Gobierno y sus aliados. La UDEF habla de contactos con responsables políticos, acceso anticipado a información sensible y reuniones mantenidas en momentos decisivos del procedimiento.

Ese es el punto central que el Gobierno no puede eludir: el caso ya no afecta únicamente a la conducta de Zapatero, sino a la credibilidad del Ejecutivo y de la misma Administración del Estado, cuyos procedimientos y garantías han quedado expuestas. Porque Zapatero no es una figura desvinculada del poder actual. Ha actuado durante años como interlocutor político y diplomático del sanchismo y ha ejercido una influencia creciente en decisiones estratégicas del PSOE y del Gobierno.

La investigación deberá determinar si existieron delitos y cuáles fueron las responsabilidades concretas. Pero políticamente ya existe una evidencia muy difícil de rebatir: Zapatero no operaba como una figura privada desconectada del Gobierno, sino como un actor integrado en el ecosistema de poder construido alrededor de Sánchez. Y si las sospechas descritas por la UDEF terminan confirmándose, el daño no afectará sólo a un expresidente, sino a toda una forma de entender el ejercicio del poder basada en la confusión entre partido, Gobierno e influencia personal.