- Como en anteriores movimientos estamos ante el intento partidista de hacerse con el control de una empresa, que el gobierno ha decidido arbitrariamente que sea el «campeón nacional» de la industria de defensa
La invasión rusa de Ucrania despertó a la vieja Europa del ensueño de una paz garantizada, fundamento de un Estado de bienestar que sólo podía seguir creciendo. Desde entonces no paramos de hablar de la defensa. Nos preocupa la crisis de la Alianza Atlántica, con el final de la garantía de seguridad asumida por Estados Unidos. No paramos de dar vueltas a cómo desarrollar capacidades sobre esta materia en la Unión Europea, a pesar de que el tratado apenas las contempla. Seguimos la pista de los movimientos regionales, avalados por la geografía y la historia, que apuntan a entendimientos de dos o más estados ante amenazas compartidas. Pero, ¿qué pasa con nosotros?
España vive un período de fuerte polarización, de sistemáticas violaciones de la Constitución y agotamiento del sistema político formalmente vigente, en el que resulta casi imposible llegar a acuerdos de fondo sobre cuáles deberían ser las bases de nuestra estrategia de seguridad nacional y, derivada de ella, de nuestra política de defensa. No sabemos de quién debemos defendernos ni, mucho menos, el cómo. Estamos viviendo una Revolución Tecnológica. Los ejércitos han estado, están y estarán siempre en la vanguardia de la tecnología. Su incorporación lleva a cambios en la doctrina o en la forma de entender la guerra. Como miembros de la OTAN aprobamos una inversión anual en esta materia equivalente al 3,5 % del PIB durante un tiempo indefinido, para adaptar lo antes posible nuestras Fuerzas Armadas a un nuevo entorno estratégico. Sin embargo, nuestro gobierno tuvo la ocurrencia de afirmar que no necesitaríamos gastar tanto, porque invirtiendo sólo el 2% podríamos alcanzar los objetivos previstos y asumidos. Se pueden imaginar la reacción entre nuestros aliados ante este monumental ejemplo de insolidaridad, así como el malestar entre nuestros diplomáticos y militares.
Tres consideraciones al respecto.
La primera es que si un aliado no cumple lo acordado lo previsible es que el resto lo ignore. La tesis presentada por Trump es de sentido común, aunque quizás sea discutible desde el ámbito jurídico. El compromiso de mutua defensa recogido en el art. 5º del Tratado del Atlántico Norte sólo es aplicable a aquellos países que estén al corriente de sus obligaciones.
La segunda es que nuestras Fuerzas Armadas carecen de un marco político de referencia para poder proponer a las Cortes el conjunto de inversiones necesarias para dotar a España de los medios con los que garantizar su soberanía. No podemos pedir a nuestros jefes de estado mayor que llenen el vacío dejado por los políticos, porque esa no es su función.
La tercera deriva de la anterior. Si carecemos de una estrategia de seguridad nacional que merezca tal nombre y, por lo tanto, de una política de defensa ¿Quién decide qué hay que comprar? ¿Con qué criterios? Cualquier persona medianamente informada sabe que hemos incrementado la inversión en defensa en casi un 1 % del PIB, que los movimientos empresariales para beneficiarse de esos contratos son evidentes, así como el aumento de la valoración en la Bolsa de las acciones de algunas empresas muy significadas. Pero esa misma persona sigue con estupor la arbitrariedad en la concesión de contratos, la ausencia de un debate parlamentario serio en el que los jefes militares puedan discutir con nuestros representantes por qué se están adquiriendo unas capacidades y no otras, qué escenarios se contemplan y en qué medida quedarían cubiertos por los tratados vigentes.
La arbitrariedad con la que se está actuando desde el Gobierno va más allá de lo expuesto. Nos encontramos un segundo escenario, el corporativo, en el que asistimos a presiones indebidas para forzar alianzas o fusiones o, peor aún, al asalto partidista de consejos de administración. Desde el cese de Abril Martorell como presidente de Indra esta empresa ha vivido situaciones grotescas e inaceptables en un Estado medianamente civilizado. La intervención de la Moncloa ha sido continua, grosera e incompetente. Y es que hasta para hacer el mal hay que tener un cierto nivel.
Indra tiene nuevo presidente y estamos a la espera de que se proponga un nuevo consejero delegado. Como en anteriores movimientos, estamos ante el intento partidista de hacerse con el control de una empresa, que el gobierno ha decidido arbitrariamente que sea el «campeón nacional» de la industria de defensa. Los nombramientos no responden a criterios empresariales, sino estrictamente políticos. Estamos ante otro ejemplo, desde luego no es el primero, de la conquista de posiciones industriales relevantes por parte del Partido Socialista de Cataluña, uno de los pilares sobre los que descansa el poder de Pedro Sánchez. Preparémonos para una campaña de prensa dirigida a convencernos de que por fin Indra está en manos de profesionales solventes. La realidad es bien distinta. Ante un fin de legislatura y, posiblemente, de Pedro Sánchez al frente del gobierno, los socialistas catalanes se apresuran a ocupar consejos de administración importantes desde los que continuar ejerciendo influencia política con marchamo de profesionalidad.
En la hipótesis de que las próximas elecciones generales den paso a una mayoría de centro-derecha, una posibilidad entre otras, no estaría de más que sus representantes dejaran muy claro su compromiso de barrer esta presencia, de poner fin a esta colonización, para dejar la responsabilidad de la dirección de las empresas asaltadas a profesionales ajenos a los intereses partidistas y que cuenten con la confianza de sus accionistas. La democracia no sólo trata de equilibrio de poderes, también de respeto a la libre competencia y a la autonomía del gobierno corporativo.