Ignacio Camacho-ABC
- Este mandato ha degradado todo el sistema institucional y político en su vertiginosa pérdida de legitimidad de ejercicio
Sánchez no está resistiendo para ganar. Está resistiendo para evitar ser imputado. Puede que albergue una remota esperanza de que pase algo que le pueda favorecer de aquí al próximo año, un problema internacional grave, un escándalo que afecte al PP, el clásico paso en falso de esa derecha con recurrente tendencia a tropezar consigo misma en el último tramo. Pero eso es secundario. Ahora se trata de escapar de las llamas judiciales donde su partido, su familia y su propia persona se están abrasando. El supuesto de que algún juez lo llame a declarar, en principio como testigo, está cada vez más cercano a tenor de las evidentes alusiones que aparecen en los diversos sumarios. Y si eso ocurre nadie podría descartar que salga del trance bajo la condición de investigado.
En ese caso, plausible aunque no inmediato, no son pocos los agentes políticos y jurídicos que temen una crisis constitucional de primera magnitud si el Congreso rechazase un eventual suplicatorio del Supremo. Hay precedentes pero sería la primera vez que el debate afectase a un jefe del Gobierno. Y las acusaciones de ‘lawfare’ formuladas por los socialistas –ayer mismo por el ministro Puente– de un modo cada vez más abierto prefiguran un choque frontal de legitimidades entre los tribunales y el Parlamento. Acusar a los jueces de conspirar contra el poder constituido no es sólo un clásico recurso populista sino un intento de crear una atmósfera de impunidad, un blindaje de autoprotección de los propios privilegios.
Sucede que ese ‘One’ de las cloacas del PSOE apunta, como aquella famosa X de los GAL, al último eslabón de la cúpula orgánica y del Ejecutivo. Y que los indicios de tráfico de influencias de Zapatero en torno al rescate de Plus Ultra sugieren una responsabilidad derivada de la decisión del Consejo de Ministros. La imputación de dos secretarios de Organización, el hermano y la esposa del presidente; la condena del fiscal general y la irrupción de la UCO en la sede de Ferraz –¡¡y de la Guardia Civil!!– constituyen un abrumador pliego de cargos contra el sanchismo, señalado como un arma de corrupción masiva capaz de degradar todo el sistema institucional y político en su vertiginosa pérdida de cualquier tipo de legitimidad de ejercicio.
Esta legislatura, que empezó con el espurio cambalache de la amnistía de la insurrección separatista, se ha convertido en una huida cuyo protagonista parece dispuesto a llevarse por delante el Estado constitucional con tal de eludir la acción de la justicia. La cuestión dejó hace mucho tiempo de ser un problema de ética para entrar en el terreno de la tipificación delictiva. No cabía esperar nada distinto de una alianza soportada por sediciosos convictos y legatarios de una banda terrorista. Pero este clima de asfixia moral, descomposición democrática y discordia cívica no va a tener un final tranquilo porque ya es tarde para una salida digna. Y puede producirse una peligrosa convulsión de incierto alcance antes de que estalle la catarsis presentida.