Matteo Messina Denaro, discípulo del famoso Tòto Riina y último gran capo de la mafia siciliana, fue arrestado el 16 de enero de 2023 cuando se dirigía a la clínica La Maddalena de Palermo, Sicilia, donde estaba siendo tratado, bajo identidad falsa, de un cáncer casi terminal. El hombre más buscado de Italia por delitos de homicidio, terrorismo y tráfico de armas y drogas, murió meses después, el 25 de septiembre del mismo año, en una prisión de máxima seguridad sin haber revelado ninguno de sus secretos. Casi tres años después de esa muerte, el Estado italiano se acaba de apuntar una importante victoria contra la Cosa Nostra con el anuncio, este jueves 28 de mayo, de la incautación de más de 200 millones de euros vinculados al imperio financiero del mafioso. Desde Andorra hasta Suiza, pasando por las Caimán, Mónaco y Luxemburgo, la Dirección Antimafia de Palermo ha logrado reconstruir el puzle de una fortuna amasada mediante el narcotráfico y blanqueada a través de empresas offshore, inversiones inmobiliarias (entre ellos, complejos hoteleros de lujo situados entre Marbella, Benahavís y Puerto Banús), y redes internacionales, fortuna que algunos medios italianos elevan hasta los 4.000 millones. Messina Denaro, un tipo mujeriego (fue precisamente una de sus antiguas novias la que dio la pista para su detención en La Maddalena) y violento, a quien se considera responsable del asesinato de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992, logró transformar el crimen organizado italiano, siempre sanguinario, en una mafia más discreta, financiera y empresarial, amante de la ropa cara, los coches de lujo y los clubes nocturnos, además de la inversión en joyas y metales preciosos. Giorgia Meloni se ha felicitado esta semana por este “nuevo golpe» infligido a la Cosa Nostra.

Un juez español, José Luis Calama, logró la semana pasada correr el velo que protegía las actividades del ex presidente Rodríguez Zapatero como jefe de una “organización criminal” que supuestamente ha logrado amasar también una considerable fortuna, de la que las joyas encontradas en la caja fuerte descubierta por la policía en su despacho son apenas la anécdota. ZP nunca ha firmado un recibí, jamás se ha manchado las manos, siempre ha evitado hablar de dinero con sus clientes, porque eran otros los encargados de pasar la cuenta, razón por la cual será muy complicado desentrañar el laberinto financiero de un personaje muy cortito, casi borderline, pero que, frente al exhibicionismo delincuencial de un Messina Denaro, ha hecho de la sonrisa bobalicona el mejor de los disfraces. Pocos sospechaban, sin embargo, que el golpe de gracia al capo de tutti capi vendría dos días después con la orden del juez Pedraz de registrar la sede del Partido Socialista en Ferraz en busca de pruebas capaces de confirmar lo que algunos sabían pero nadie se había atrevido a verbalizar con toda su brutal crudeza: que en la sede del partido del Gobierno se ideó, montó y financió con dinero B una red mafiosa destinada a extorsionar a jueces, fiscales, guardia civil y policía empeñados en investigar los presuntos delitos de la familia del presidente del Gobierno. Isaac Blasco databa aquí este jueves el momento clave del drama: La tarde del 24 de abril de 2024, cuando el “hombre enamorado” dirigió a la ciudadanía una carta anunciando cinco días de impostada reflexión, después de que un juez de instrucción de medio pelo hubiera tenido la osadía de imputar a su señora, Begoña  Gómez. “¡Sacadla de ahí, joder…!”. El grito de rabia resonó en las paredes de granito del Arco del Triunfo de Moncloa. Tres hombres asustados delante: Óscar López, Félix Bolaños y Santos Cerdán. Cada uno quedó encargado de una misión. La más grave, la del secretario general: montar una red  para extorsionar y silenciar al tercer poder del Estado. Hasta 11 veces cita Pedraz al presidente del Gobierno en su auto. Sánchez en el vértice de la pirámide mafiosa. The one. ¿Cuánto tardará el Supremo en pedir el correspondiente suplicatorio a la Cámara para procesar al aforado Pedro Sánchez Pérez-Castejón?

Semana horribilis para el sanchismo y tenebrosa para un país, España, que de pronto se ha descubierto como lo que es: una nación a punto de perder su maltrecha democracia para caer en una dictadura impuesta por una banda mafiosa que ha venido a enriquecerse a calzón quitado con los códigos morales de un Riina o un Messina Denaro. Un país sin recursos legales (los agujeros negros de una Constitución que no previó que un delincuente pudiera encaramarse un día a la presidencia del Gobierno) para desalojar del poder al impostor, con una sociedad civil muy débil y con unas raquíticas elites escondidas tras los faldones del miedo. Un país institucionalmente reducido a una escombrera, cuya enseña nacional cayó ayer al suelo, inquietante metáfora, en el momento de ser izada con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Y el clamor es ya general. ¿Qué hacer? Perdamos toda esperanza. Ningún incentivo para que un tipo desprovisto de cualquier norma moral o cívica cometa el suicidio político que para él supondría la convocatoria electoral. Es puro manual de resistencia. Esperando como agua de mayo la visita del Papa el próximo sábado, más el inicio del campeonato del mundo de fútbol, más las vacaciones de verano. Necesidad imperiosa de respirar por quien se está ahogando. Mientras tanto, el deterioro institucional y reputacional de España se agudiza. Las costuras se descosen a velocidad de vértigo. El ambiente es sofocante; el hedor, insoportable. Incluso empieza a dar vergüenza ajena.

Es el retrato de España en la desembocadura de la Transición. Porque el problema no es Pedro Sánchez, sino el tipo de país que ha permitido la carrera de Sánchez, que ha hecho posible, ha tolerado, ha encumbrado a un personaje semejante. Sánchez interpela a los españoles y les pone en evidencia. Porque no solo es Sánchez: son los siete millones que le votarían hoy si hubiera elecciones. Es Sánchez y unos socios políticos que no cuentan con ningún incentivo para dejar de apoyarlo, sabedores de que nunca van a estar mejor que con él. Es la Iglesia Católica, con la Conferencia Episcopal al frente, y un buen número de obispos que no dudarían en sacarlo bajo palio, por no hablar del Papa León XIV. Es la oligarquía económica y financiera española y su nulo interés por equilibrar la actual mesa inclinada mientras sigan hinchándose a ganar dinero, convencidos todos de su capacidad de adaptación el día en que el Poder cambie de manos. Son los grupos mediáticos. Oughourlian, un tiburón con oficio, ha empezado a mover el timón del grupo Prisa en busca de aguas más templadas, mientras el conde de Godó sigue arrastrándose ante el sanchismo, el nacionalismo y el resto de ismos. Es el Parlamento Europeo y la Comisión, entre otras instituciones internacionales, donde el canalla sigue gozando de crédito, con un Partido Popular (PP) que continúa sin hacer valer su peso dentro del PPE, sigue sin dar un puñetazo en la mesa para volcar el tablero de la general componenda con este individuo. Es la Corona, que se está dejando algunas plumas en la gatera de un silencio que mucha gente no entiende. Es un Felipe VI que, sin necesidad de dar tres cuartos al pregonero, tal vez podría moverse, pulsar la voluntad del país, incluso de los grupos parlamentarios, para buscar una salida a la crisis sistémica de acuerdo con la función moderadora y de arbitraje que le confiere la Carta Magna.

No es solo Sánchez, no, ni su círculo cercano, ni únicamente su Gobierno o su partido. Existe toda una red de cómplices necesarios que se prestan a los desmanes socialistas porque, en los vericuetos de una clase política muy degradada, el país ha perdido cualquier fibra moral institucional. España está viviendo su tangentópolis. Las metástasis de la corrupción han llegado al último rincón del país. Hablamos de una extensa red clientelar que hace prácticamente imposible optar a un contrato o negocio sin pagar la correspondiente mordida. Un capítulo en el que hay de todo, desde generales de la Guardia Civil vendidos (la entrada de agentes de la UCO en la Dirección General del cuerpo para investigar a su directora general, una socialista de carril, y al DAO, nada menos que un teniente general, marca seguramente el cenit de la degradación española), hasta jueces, fiscales y periodistas que deberían estar siguiendo el rastro del dinero en lugar de taparlo, por no citar a funcionarios y altos cargos que miran hacia otro lado mientras la corrupción engorda ante sus narices. Demasiada gente que ha decidido acomodarse en la platea de una degradación generalizada. El Gobierno sigue mandando mensajes propios de hampones animando a los suyos a enriquecerse sin recato y con urgencia, a pillar, a pillar, que esto se puede acabar: La venta (ficticia) de la histórica sede de Telefónica en la Gran Vía madrileña dirigida por el hombre para todo de Zapatero, Javier de Paz, responsable de la venta de los activos inmobiliarios de la operadora (amén de presidente de Movistar Plus+), operación donde se van a barajar comisiones millonarias, y que para “lo” de Gran Vía 28 se ha buscado a última hora a un hombre pantalla, el promotor Tomás Olivo, signo de toda sospecha. Y la concesión, consejo de ministro del martes, de un nuevo canal de TDT en abierto a José Miguel Contreras, primer “susurrador” de Sánchez en Moncloa, y a sus socios del Grupo Alconaba (Varela Entrecanales & Cia), canal donde recalarán en el futuro las Silvia Intxaurrondo y los Javier Ruíz cuando dejen de avergonzar a los demócratas españoles en la televisión pública. Ese canal será un fiasco, como lo fue la televisión del Grupo Prisa, pero alguien vendrá después que ricos les hará comprándoles la licencia en el momento oportuno.

El problema es que nadie está mandando a los Javier de Paz de este país el mensaje claro de que no va a haber impunidad y de que esa colaboración con Sánchez y su banda, amén de ese enriquecimiento ilícito, puede tener consecuencias personales graves para ellos. Un aserto que atañe especialmente a un PP que hoy se presenta como alternativa razonable de Gobierno y que quizá debería estar haciendo algo más que las briosas denuncias verbales que casi a diario realiza Alberto Núñez Feijóo. Hablamos de un partido que, herencia del nefasto Gobierno Rajoy, ahora mismo exhibe también sus cadáveres insepultos ante los tribunales con el caso Kitchen. ¿Cómo piensa el PP combatir la corrupción en caso de llegar al Gobierno? La corrupción se ha convertido en un fenómeno sistémico que afecta a todos los partidos, no solo al PSOE, y que no depende tanto de la falta de escrúpulos de los De Paz de turno como de los perversos incentivos creados por un sistema que ha hecho la vista gorda con el delincuente de cuello blanco, que asiste impávido a las labores de lobby de políticos recién salidos de las Cámaras, a su entrada en Consejos de Administración espléndidamente pagados o a su presencia galana en el palco del Real Madrid, por poner un ejemplo escandalosamente visible. Un sistema que tolera la colonización por los Gobiernos de los organismos de control tipo CNMC, CNMV, Tribunal de Cuentas, etc., los famosos “contrapesos” que nunca han llegado a ser realmente independientes. Un problema definitivamente estructural, que debería obligar a un potencial Ejecutivo del PP no sólo a repensar sino a legislar nuevos controles y contrapesos institucionales. Mientras ese mensaje de regeneración y firmeza no llegue, mientras el miedo no se palpe de verdad, el sistema seguirá encontrando colaboradores dispuestos a participar gustosos en la feria de la corrupción o simplemente a mirar hacia otro lado.

Nos espera un año terrible hasta el verano de 2027, un infierno político, judicial y social, porque los ánimos están muy caldeados y en muchas conversaciones, por no hablar de actitudes, se advierte un clima guerracivilista imposible de ignorar. Sánchez es un personaje fuera de control y España es un país con su futuro pendiendo de un hilo. Un tipo que no es un demócrata, porque si lo fuera hace tiempo que habría disuelto el Parlamento para someterse al veredicto de las urnas, y que, como piensa un número creciente de ciudadanos, podría verse tentado a suspender o postergar las elecciones generales incluso cuando toquen acogiéndose a cualquier circunstancia sobrevenida, un conflicto armado (“hay muchas guerras”), la invasión de las Chafarinas, el asesinato de Trump, un tsunami en Ibiza, una plaga bíblica, un gran escándalo —real o inventado—, cualquier cosa que pueda justificar un golpe de mano dictatorial. Lo va a intentar todo y por su orden, desde luego moldear la realidad electoral (ojo al censo) y demográfica a su favor hasta donde le sea posible y la justicia le permita. Porque a estas alturas ya no actúa pensando en términos de normalidad institucional, sino de pura supervivencia política y personal. Es un tipo acorralado, dispuesto a morir matando. Un psicópata de libro. Nos salvará un puñado de jueces y fiscales, gente dispuesta a  jugarse el tipo por poco más de 3.000 euros mes, que se han negado a rendirse ante los Tóto Riina y Messina Denaro que han pretendido esclavizarnos. Gente cuyo sacrificio nos obliga como demócratas a volcar nuestro esfuerzo en la regeneración de la democracia y en la firme voluntad de rescatar España del hoyo de decadencia en el que se halla desde hace 20 años, tarea a la que han renunciado nuestras vergonzantes elites políticas y económico-financieras.