En un órdago lanzado a punto de acabar el tiempo reglamentario, las administraciones declaran su voluntad de seguir adelante en el reto, pero «no a cualquier precio». El problema es que sigue sin desvelarse ese coste que ahora compartirían las dos ciudades, en un reparto que puede ser razonable si se trata de presupuestos y molestias a la ciudadanía. Es necesario conocer al detalle cuáles son esas «líneas rojas» sobre las que las entidades lideradas por los jeltzales construyen un relato plagado de prevenciones que, lejos de convertirse en una invitación a la cita deportiva, puede servir para ponerle freno y alejarse de ella. En un ejercicio de transparencia, los vascos tienen derecho a saber de sus gobernantes y también de la Federación los efectos de un Mundial, sus beneficios, incomodidades y gastos públicos, después de que esas mismas instituciones les embarcaran en 2022 en la ilusionante empresa mundialista.

Un entusiasmo desaparecido en quienes comparecieron ayer para renovar una candidatura condicionada a un «interés de país» insuficientemente explicado. Apenas esbozaron incertidumbres sobre el operativo y las inversiones que pueden resultar lógicas, al mismo nivel que otras cuestiones identitarias como la «no inclusión» del euskera. Especialmente significativa fue la declaración con la que el alcalde de San Sebastián celebró las condiciones que enmiendan la plana a la FIFA al asegurar que «Donostia no se vende». Para Bilbao, en riesgo de fuera de juego, la sede conjunta devalúa su perfil como organizador de eventos. A diferencia de Anoeta, San Mamés no precisa de mayores inversiones, a la cabeza de los mejores estadios. Con esa propuesta, perdería dos de los cuatro partidos que podría acoger si fuera en solitario, lo que obligaría a reflexionar sobre si merece la pena tanto esfuerzo para quedarse a medias.