- Ante el peligro de acabar anegado por la confluencia de ambas cloacas, Sánchez se aferra al palo mayor de la Moncloa al no creer nadie que no supiera nada de una guerra sucia de la que es su principal beneficiario
Con tal montaña de indicios sobre el One de una banda mafiosa constituida para la «guerra sucia» contra jueces, fiscales, policías y periodistas que investigan los supuestos delitos de su Gobierno y de su partido, a Pedro Sánchez ya no quedan ganas de preguntar cómo pasará a la historia, como inquirió a su fugaz ministro de Cultura, Maxim Huerta, cuando se acercó a presentarle su dimisión por una levedad fiscal. Tras el último «Pedraz(o)» judicial, más el reguero de evidencias difundidas al levantarse parcialmente el secreto del sumario, ya lo cartografía su rostro como en su aparición espectral del martes en el Círculo de Economía de Barcelona.
Su desvelo no es ya el juicio de la Historia, sino un apremiante horizonte penal que sólo colige poder soslayar atrincherado en la Moncloa, luego de persuadir a sus socios/cómplices y a su mansueto partido de que también a ellos les va la vida. Como certifican las indagaciones de la Guardia Civil puestas negro sobre blanco en el auto del magistrado Santiago Pedraz, Sánchez ha desbordado el ‘caso Watergate’, el espionaje de Nixon de sus rivales demócratas que le costó el Despacho Oval, así como también la ‘Kitchen’ del PP con el allanamiento del domicilio de su contable Bárcenas para robar pruebas.
Lisa y llanamente, Sáncheztein protagoniza un delito de alta traición a la democracia y a la nación como colofón de su ominoso ochenio. En ese brete, el juicio de su hermano David en la Audiencia de Badajoz, aun en su gravedad, es una excrecencia de una corrupción sistémica que, en cualquier democracia, habría originado su dimisión. Empero, Sánchez pretende pudrirla tomando sus instituciones para amarrarlas a su cadáver político como el tirano de Etruria, Mecencio, obraba con sus prisioneros.
Asediado por una corrupción que usó para obtener ambas encomiendas mediante pucherazos en primarias y simonías para mercadear el sillón monclovita, ‘Noverdad’ Sánchez dispuso, en su doble rol de jefe de Gobierno y de secretario general del PSOE, de sendas cloacas para hostigar a jueces, desacreditar a la UCO, sobornar a testigos e influir en fiscales. Así, el albañal gubernamental surgió cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó en mayo de 2020 al coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por no llevar a cabo «el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba», según la Audiencia Nacional. A Sánchez le alteraba que una imputación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por su autorización de las marchas feministas del 8-M de 2020 abriera la espita sobre negligencias del Consejo de ministros con el Covid-19.
Junto a su destitución, Marlaska impulsó la depuración de la Benemérita luego de que el teniente general Laurentino Ceña, director adjunto operativo, dimitiera por la cacicada al confesarle la directora general, María Gámez, que la decapitación fue adoptada por La Moncloa. Marlaska siguió el patrón del ministro Rubalcaba con él cuando un chivatazo policial desbarató en 2016 la desarticulación del aparato de extorsión de ETA en el Bar Faisán en plena negociación secreta de Zapatero con la banda.
Desde hace un quinquenio, el ministro más reprobado de la democracia ejerce primordialmente de pretor de Sánchez con la creciente implicación de la cúpula de la Guardia Civil en el sabotaje judicial a medida que el presidente está más acorralado. De este modo, el exdirector general, Leonardo Marcos, hoy quitado de en medio en la embajada en Washington, ordenó en julio de 2024 «no ser proactivos» contra la corrupción del PSOE y un informe exculpatorio sobre David Sánchez. Contumaz, exigió cuatro días después, por boca del teniente general Manuel Llamas, que, en los procedimientos con afectación política, la unidad «se pusiera de perfil». En paralelo, se emprendió una campaña contra la UCO para montar expedientes como los previos al desmontaje del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) en 2022.
La cloaca gubernamental no se circunscribía a Interior, sino se ensanchaba con el departamento del triministro Bolaños, quien disponía un arsenal legal para maniatar a jueces, anular las acusaciones populares y acallar a la Prensa, así como con la fontanería de la ayudantía presidencial al asumir su jefatura en otoño de 2021 el hoy ministro Óscar López. Ello se columbró en su maquinación contra la presidenta madrileña Ayuso con el inhabilitado fiscal general García Ortiz como ariete por mor del pleito fiscal de su pareja antes de serlo.
Al desplomársele el cielo sobre su cabeza con el ‘Begoñagate’, a Sánchez no le debió parecer bastante y reactivó la cloaca de Ferraz bajo la capitanía de su secretario de Organización, Santos Cerdán, y con su vieja amiga Leire Díez, quien le había prestado algunos servicios en las primarias contra Susana Díaz. Baqueteada en las corrupciones con un clásico del PSOE andaluz como el también imputado Gaspar Zarrías, tras ser condenado por los ERE, Leire Díez intentó torpedear la instrucción de la juez Alaya y las posteriores sentencias para luego maniobrar con la Fiscalía para la sorprendente absolución de Vicente Fernández cuando se le pedían un porrón de años por adjudicar la mina de Aznalcóllar como alto cargo de la Junta de Andalucía sin el «más mínimo rigor» a un consorcio participado por una firma mexicana causante del vertido tóxico del río Sonora. No es de extrañar que, después de que Alaya reabriera el «caso Aznalcóllar» en 2020 para investigar al entonces presidente de la SEPI, del que fue pareja, al igual que Marisu Montero, escribiera que habría que lograr la muerte procesal y social de la magistrada, como con la juez Biedma instructora del sumario del hermano del presidente.
Ambas cloacas estaban conectadas entre sí como avala las tres reuniones de Leire Díez con la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para instigar expedientes contra los investigadores de la UCO y que esta amiga de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, fuera recibida por García Ortiz en su ofensiva contra los fiscales Luzón y Grinda. A este último habría tratado de chantajearlo sexualmente con la ayuda del secretario de Política Municipal del PSOE, Juanfran Serrano, al que Sánchez dio el lunes una palmaditas de felicitación.
Ante el peligro de acabar anegado por la confluencia de ambas cloacas, Sánchez se aferra al palo mayor de la Moncloa al no creer nadie que no supiera nada de una guerra sucia de la que es su principal beneficiario. Ni siquiera en el PSOE donde se gastan chistes como el que cuenta Emiliano García Page usando como símil la satrapía chavista. Al ser interpelado por cómo van las cosas en su país, un venezolano contesta: «No me puedo quejar». «¿Entonces mejora la situación?», se congratula su interlocutor. «No, que va. Simplemente, que no nos podemos quejar porque nos jugamos el pellejo». Pero ese «no nos podemos quejar» que tiene un carácter anfibológico para muchos socialistas, no sólo hará que esa podredumbre pudra al PSOE, sino a la democracia merced a quien, notando lo que la Historia escribirá de él, busca librarse de su imputación por una corrupta alta traición que supera, en su desmesura, al Watergate de Nixon.