- Al final, no, no es crimen político esto que está emergiendo. Es crimen. Con los jueces que lo combaten, ha adquirido la ciudadanía española una deuda inmensa: porque sólo esos magistrados pueden evitar el naufragio definitivo del Estado en la delincuencia. Y, con él, la voladura de la nación. Esto es, de todos nosotros
Del sumario del juez Pedraz se infiere el despliegue delictivo de los agentes del presidente Sánchez. Leer ese auto terrible nos pone ante el esbozo de un mapa del hampa que nace en la Moncloa. Cuyo primer objetivo era –y sigue siendo– triturar a la magistratura: último obstáculo que frena el avance de la autocracia sanchista.
No, esto que el auto judicial dibuja no es política. No es siquiera política delictiva. De los planes, reuniones y actos desplegados por los poceros del presidente se sigue la verosímil lógica de una red que se tejió para el delito. Para el delito común, nadie se engañe: ese cuyo destino es dar un buen dinero contante y sonante. Un delito en banda organizada, cuyo rasgo diferencial, el que lo hace novedoso en la reciente historia criminal de España, es que la banda ha asaltado ya el Estado como lugar óptimo de atraco. Bastante más rentable que el de una oficina bancaria. Parece, también, que más fácil.
Moncloa entró en guerra contra los jueces, desde la primera noche en la que Pedro Sánchez y la «mujer de la cual está profundamente enamorado» compartieron lecho en palacio. A partir de ese instante, un sólo objetivo contaba en sus proyectos: no salir de allí. Y exprimir hasta el último de los beneficios que promete un domicilio tan privilegiado. Sin ceder a escrúpulos pequeñoburgueses. No, no estamos hablando de crimen político. Hablamos de robo sólo. Todo lo demás –sobornos como chantajes– es artillería instrumental. Y, sí, el modelo de Sánchez es Zapatero: enriquecerse mucho y muy deprisa. ¿Por qué iba a ser el hombre «profundamente enamorado» menos rico que el infinito «amante del bien»?
Lo de Leire Díez, verborreica gestora de cloacas y cañerías con desagüe en Moncloa, tiene algo de pantanosa aventura siciliana. ¿Los jueces incomodan al Padrino y a su amada? Se les aplica la más vieja de las estrategias: plata o bala, soborno o chantaje. Se les ofrecen sustanciosas cifras de dinero, conjugadas con cargos en el Olimpo del oficio. Si aceptan, nada hay más que hacer. Si rechazan tan generosa oferta, se pasa a la «bala». Que, en la trama de la fontanera de la Moncloa, pasa por tres fases:
a) Espionaje ilegal de la vida privada de los magistrados, encomendado a funcionarios corruptos de la propia Guardia Civil. Con, entre otros, el impagable –es un decir– material elegantemente adquirido en los lupanares del difunto suegro del presidente. Para que el diseño sea tan primoroso como el de una novela de Le Carré, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se reúne «en al menos tres ocasiones» con la heroica gestora del rentable eje soborno/chantaje. Naturalmente, pone a la disposición de la pocera todos cuantos medios pudiere precisar para aniquilar a quien pretenda hacer luz sobre la Moncloa. Para diezmar a la UCO de la Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil desencadena una guerra interna en la Guardia Civil. Brillante.
b) El segundo paso maquinado por ambas artistas de la alcantarilla consistiría en difundir por ese gran basurero digital que es internet el divertido lote de bulos que pudieran ser fabricados, mediante profesional uso y distorsión de los materiales que los fieles a la concienzuda directora hubieren recolectado contra jueces y fiscales. Reales o inventados, da lo mismo. Las redes carecen de criterio de verdad: sólo lo tienen de infamia. Vista la calidad de alguno de esos fotomontajes, con retozo judicial campestre sobre tapiz de preservativos, no se puede decir que los hombres de directora y pocera sean maestros sutiles de la propaganda.
c) Chantaje puro y duro a los magistrados incómodos que no aceptasen las generosas ofertas económica e institucionales ofrecidas desde el fortín de Sánchez. Cuando el Padrino exige que «se saque de ahí» a su Begoña, es que todo está permitido. Y los ejecutores saben que serán bien pagados. Tanto más generosamente cuanto más pestilente sea la vileza que se les exija. El pasaje en el que el juez Pedraz narra cómo el DAO, general al mando operativo de la Guardia Civil, da al jefe de la Unidad Central Operativa la orden de «ponerse de perfil» en la investigación del hermano de Pedro Sánchez, lo dice todo de nuestro sórdido presente.
La justicia, a pasos medidos, ha ido sorteando esa red de trampas que le tiende un gobernante sin escrúpulos. Y avanza hacia un vértice en el cual habita el One. Es un avance pausado, como debe siempre serlo el de los jueces. Pero inexorable. Al final, no, no es crimen político esto que está emergiendo. Es crimen. Con los jueces que lo combaten, ha adquirido la ciudadanía española una deuda inmensa: porque sólo esos magistrados pueden evitar el naufragio definitivo del Estado en la delincuencia. Y, con él, la voladura de la nación. Esto es, de todos nosotros.