En España no se mide la gravedad de un peligro por la amenaza que sufre una persona, sino por lo cerca que esté esa persona del poder. Una mujer amenazada puede esperar. Un testigo protegido puede arreglárselas como pueda. Un enfermo de ELA puede seguir confiando en que algún ministerio encuentre el cajón donde dejó olvidada su humanidad. Pero que a una tertuliana afín al Gobierno le hagan preguntas incómodas en la calle, eso sí que no. Ahí aparece el Estado con toda su musculatura. Según denunció Laura García, portavoz de Jupol, a Sarah Santaolalla se le habría asignado un dispositivo de al menos quince policías entre escolta y contravigilancia. Quince. Para protegerla del terrible riesgo de cruzarse con periodistas provistos de cámaras, micrófonos y esa violencia extrema que consiste en preguntar cosas que alguien no quiere responder.

Esos agentes no salen de una caja mágica del Ministerio del Interior, ni de una promoción especial de policías criados en laboratorio para proteger sensibilidades progresistas. Salen de donde salen siempre los recursos cuando el poder decide que sus sustos son más importantes que los peligros de los demás: de proteger a testigos y a mujeres amenazadas, según explicó García. Hay un agente para cada cien mujeres víctimas de violencia de género en situación de peligro inminente.

Igualito que Begoña

Hagamos la cuenta, aunque duela. Si un agente se ocupa de cien mujeres y a una tertuliana se le asignan quince, la aritmética nos deja una imagen bastante desagradable: el equivalente a mil quinientas mujeres frente al privilegio de quien confunde el periodismo incómodo con una amenaza existencial. Luego sacarán un cartel morado, pondrán una frase emocional sobre el miedo de las mujeres y nos pedirán que aplaudamos con lágrimas en los ojos, que para eso somos un país muy sensibilizado, sobre todo cuando la sensibilidad la pagan otros.

Y aquí es donde una espera que a Sarah Santaolalla, tan feminista ella, se le caiga la cara de vergüenza. Aunque sea un poquito. Aunque sea por mantener cierta coherencia estética con el discurso. Pero no. Por lo visto, el feminismo oficial consiste en hablar mucho de mujeres amenazadas hasta que los recursos que deberían protegerlas vienen bien para protegerte a ti de una pregunta incómoda. Entonces ya no hablamos de mujeres. Hablamos de seguridad, de acoso, de violencia política y de todos esos conceptos que el poder va sacando del bolso según le convenga.

Lo más grotesco es que la denuncia de Santaolalla por aquella supuesta agresión acabó archivada. Igualito que la de Begoña Gómez. Los jueces no pudieron acreditar hechos con relevancia penal tras ver las imágenes disponibles. Es decir, se monta el relato del acoso, se activa la maquinaria emocional, se señala al periodista, se fabrica la atmósfera de violencia y cuando la Justicia mira lo que hay, resulta que no hay delito. No hay nada. Solo un relato para coronar a la víctima oficial.

Mientras tanto, al hermano de Sánchez también se le blinda con escolta y contravigilancia durante su juicio en Badajoz. No sabemos con exactitud cuántos agentes. Sabemos lo suficiente para entender el mensaje: la familia, la corte, los voceros y los satélites del poder merecen protección especial. Los demás, paciencia, que las instituciones están muy ocupadas cuidando de los suyos.

Y ahí está la obscenidad completa. Los socialistas y sus alrededores necesitan policías para protegerse de periodistas que investigan y preguntan. Los periodistas buenos, mientras tanto, andan ahora dando explicaciones sobre por qué conocían a Leire Díez, esa fontanera del PSOE que debía de ir por la vida con una llave inglesa moral en el bolso, dispuesta a arreglar las cañerías judiciales y mediáticas del partido. Antes el periodismo vigilaba al poder. Ahora el poder se protege del periodismo incómodo mientras parte del periodismo explica por qué se cruzaba en pasillos tan poco ventilados.

Hablamos de poder respirar

Todo esto ocurre en el mismo país donde vamos conociendo viajes en Falcon, desplazamientos en Puma para ir a festivales y conciertos, fiestas con señoritas de compañía y sustancias muy poco compatibles con la regeneración democrática, dinero que cambia de manos con la naturalidad de quien reparte caramelos en una cabalgata, joyas en cajas fuertes y cuentas bancarias que engordan con esa dieta milagrosa del socialismo bien administrado.

Y cuando una piensa que el retrato ya no puede ser más indecente, aparecen los enfermos de ELA. Más de 54 millones de euros destinados en 2025 a dependencia vinculada al despliegue de la Ley ELA quedaron sin ejecutar y el propio Ministerio de Derechos Sociales reconoce que no sabe cuánto llegó realmente a los enfermos ni a cuántas personas benefició. Enfermos que no pueden esperar. Familias que no necesitan una campaña, sino ayuda. Gente para la que cada día importa de verdad, porque no hablamos de incomodidad ante una pregunta, sino de respirar, comer, asearse y sobrevivir.

Testigos protegidos

Esa es la España que nos han montado. Quince agentes para una tertuliana. Dispositivos para proteger al entorno del presidente. Mujeres amenazadas repartidas en ratios imposibles. Testigos protegidos mirando cómo los recursos se desplazan hacia quien tiene mejores contactos. Enfermos de ELA esperando a que alguien encuentre el dinero, el expediente o la vergüenza.

Si Sánchez y los suyos hubieran puesto en trabajar por los ciudadanos una cuarta parte del empeño que han puesto en blindarse, colocarse, enriquecerse, controlar el relato y convertir las instituciones en una finca señorial con verja y candado, quizá sí podríamos decir que España va como un tiro. El problema es que el tiro nos lo han pegado en el pie. Y encima pretenden que demos las gracias porque no ha sido en la cabeza.