Claro está que el desbarajuste completo del Estado, en cuyo marasmo hoy malvivimos, puede durar hasta el año que viene. Como mínimo. Es lo que dictan los números. Y claro que es legítimo que un partido sin mayoría absoluta pueda gobernar: para eso está concebido el juego de las alianzas. Pero no es ese legítimo juego de las alianzas lo que hoy se dirime en España. La partida concierne a la mayor trama delictiva que hemos conocido desde 1978. No es cosa de política, sino de código penal. Y en materia penal no hay juego de astucias o conveniencias que esté justificado. Los delincuentes deben pagar por sus delitos con el precio que el código establezca. Y que la sentencia de la instancia judicial pertinente dicte. Dentro de los tiempos a los cuales deba ajustarse cualquier otro presunto delincuente. Ni más ni menos. Que un gobernante pueda posponer el momento de sentarse en el banquillo, merced no ya siquiera a astucias procesales sino a pactos parlamentarios que paga al contado a partidos que se prestan a ello, es la variedad más indigna de tramar un golpe de Estado.

Pero, ¿a quién beneficia este turbio modelo de criptogolpe?

1) Beneficia, en primer lugar, a cada uno de los partidos que mercadean sus imprescindibles votos a cambio de justa contrapartida. La cual pasa por encima de ideologías y convicciones. Y que, en última instancia, responde sólo –como todo lo político en España– a las misérrimas cualificaciones laborales de nuestras señorías. No hay distinción esencial en eso. Quienes comercian con el presidente Sánchez, sus votos pueden, en perfecta indiferencia, proclamarse de derechas, de centros, de izquierdas, de extremas izquierdas…; pueden decirse españoles o independentistas bajo cualquier calificativo. Tienen algo en común. ¿De qué viviría un talento como Rufián, de no tener asegurado sueldo público (español, por cierto)? Pero no nos engañemos: Rufián es la caricatura. La enfermedad es común. Hagan recuento de cuántos de esos representantes de la ciudadanía española podrían percibir en la esfera privada un sueldo comparable al que se embolsan en el ejercicio representativo. La cifra debería espeluznarnos a todos. Y hacernos entender que con gente así no hay parlamento que pueda asumir el elemental honor de representar equitativamente a una nación.

2) Beneficia, por encima de todos, a los miembros de un gobierno cuyas deudas con los tribunales de justicia se multiplican día a día. El que fue número dos del gobierno y del partido de Sánchez va a asistir a la proclamación de su primera sentencia en, verosímilmente, muy pocos días. Sentencia doblemente indigna, que conjuga el robo de fondos públicos con la patanería de hacerse pagar por el Estado el alivio de sus constricciones sexuales. Pero Ábalos es el primero. Sólo. Tras él viene Cerdán, con las oscuras finanzas del partido bajo el brazo. Y el espíritu de Zapatero, abeja reina, sobrevolando el negocio… Lo que sigue, siendo igual de repugnante, va a poner en movimiento violaciones más graves. Porque, seamos claros, no hay nada –ni siquiera el robo– más grave que utilizar las fuerzas de seguridad del Estado para emprender la destrucción de los poderes constitucionales del Estado.

Es, con toda exactitud, lo que se juega detrás del histriónico personaje de la «fontanera de PS». Leire Díez parece, en efecto, sacada de una mala zarzuela. Pero también lo parecía Roldán en sus años de gloria al frente de la Guardia Civil. Hasta que sus fotos en calzoncillos, coca y señoras en no muy fina lencería nos pusieron ante la horrible realidad: el jefe máximo de la fuerza vertebral del orden público español no era sólo un patán; era un criminal más que presunto. Lo de ahora, menos vistoso en cuanto a fotos festivas, es más grave en cuanto al contenido. El auto del juez Pedraz dibuja el mapa de una conspiración del poder ejecutivo para destruir el poder judicial, poniendo emboscadas y elaborando chantajes contra aquellos magistrados que osaron tratar a los miembros de gobierno como lo que son: ciudadanos sujetos a ley; y presuntos delincuentes, cuando la raya de la ley sea desbordada. Que la directora general de la Guardia Civil haya podido mantener contactos con la portavoz de una red de sobornadores y chantajistas es, perdonen la expresión, lo más bestia que hemos visto en un paisaje político tejido en bestialidades. Si el presidente del gobierno no sabía nada de esa banda, es que tiene menos neuronas que una cerilla mojada. Si lo sabía, es toda la nación la que está en riesgo: sin distinción de ideologías. España vive la agonía de una delincuencia de Estado que ha apostado por llevarse con ella todo al infierno. Nadie saldrá indemne de eso. Nadie.

Y eso al menos, ya que no cosas más elevadas, debieran entender todos sus aliados. O, al menos, aquellos de sus aliados que no hayan delinquido. Aún. Mantener en la Moncloa al responsable de una putrefacción así, no es sólo peligroso para el indefenso ciudadano. Lo es también para ellos, casta privilegiada. Porque, cuando la podredumbre alcance el punto crítico en el que todo el edificio se vaya al diablo, ellos, no lo olviden, estarán bajo los cascotes. No hace falta siquiera que sean gente honrada. Basta con que no sean perfectamente necios. A no ser que, como el de la Sibila de Petronio, su único anhelo, a estas alturas ya del viaje, sea el de morir. Nada más que eso. Llevándonos, claro está, a todos por delante. Si alguien en el parlamento preserva un átomo de cordura, es hora de que rompa con este vórtice suicida. Es hora, por una vez, ser decente más allá de fidelidades o creencias. Hora de hacer que acabe esta agonía.