Se trata de una propuesta nunca antes planteada que fue presentada el pasado 8 de abril, en pleno proceso de selección de la terna de aspirantes a ser juez español en el TEDH, un proceso que está impugnado en los tribunales precisamente por la rotunda mayoría de miembros del Ejecutivo en la comisión que ha elegido a los tres candidatos finales.

Tanto la elección de los candidatos a jueces y abogados generales del TJUE como a jueces de la Corte de Estrasburgo se decide en España por comisiones controladas por cargos del Gobierno.

Para el PP, ello es contrario a la tendencia tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea, «que han ido incrementando los requisitos de transparencia, publicidad e independencia a la hora de designar los candidatos nacionales a estos organismos jurisdiccionales, fijando unos estándares aplicables a nivel internacional».

De hecho, el pasado 21 de abril la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución en la que insta a los Estados parte a seguir buenas prácticas en la elección de los candidatos a jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Entre ellas, menciona que los comités de selección de los candidatos no deben tener una «composición politizada», con mayoría de representantes gubernamentales.

La proposición de ley que debatirá mañana el Congreso señala que el procedimiento que se aplica en España «garantiza el control por parte de la mayoría de altos cargos del Gobierno en la toma de decisiones, no respeta las Líneas Maestras del Consejo de Europa (no hay una composición equilibrada entre los diversos ámbitos de procedencia y no está libre de ‘influencias indebidas’), sigue la dirección contraria a la que han previsto ya muchos otros países y está al margen de los estándares y requisitos de independencia que se exigen tanto por parte del Consejo de Europa como de la Unión Europea, para las correspondientes designaciones».

La propuesta remarca la importancia de que los órganos colegiados de selección «estén compuestos por personas ajenas a la estructura del Gobierno«.

«Es necesario reformar el modo de designación de los candidatos del Reino de España a estas instituciones, de forma que no sea el Gobierno quien seleccione a los jueces, sino que sea el propio Poder Judicial a través del Consejo General (CGPJ) el responsable del proceso, evitando así la interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, garantizando la necesaria e irrenunciable independencia tanto del órgano que hace la propuesta como de los propios candidatos, que de este modo queda blindada», argumenta.

La proposición plantea la reforma de un único artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 560.3 al que se añadiría la facultad del CGPJ de «designar las candidaturas a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal General de la Unión Europea, a juez titular y jueces ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de representantes ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y ante el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos así como al Tribunal Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia y cualquier otro Tribunal u órgano de naturaleza jurisdiccional o similar, cuyas decisiones sean de obligado cumplimiento en España».

Mediante una disposición adicional se establecería la obligación del Consejo General del Poder Judicial de aprobar en tres meses un procedimiento para garantizar que esas designaciones «se formalicen siguiendo los criterios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad».