Ante la evidencia de la extrema debilidad parlamentaria en la que se encuentra, el Gobierno ha optado por el paliativo de evitar que esta debilidad quede de manifiesto en el marcador electrónico del hemiciclo.
La Mesa del Congreso, valiéndose de la mayoría del PSOE y Sumar, ha inadmitido a trámite las enmiendas registradas por el Partido Popular y Junts, que solicitaban formalmente la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria inmediata de elecciones generales.
La Mesa fundamentó su rechazo alegando que la propuesta invadía las competencias exclusivas del presidente del Gobierno, asimilando la petición a una suerte de cuestión de confianza encubierta.
Conviene recordar que la moción del PP y Junts consistía en un requerimiento de naturaleza estrictamente política y simbólica, para forzar un pronunciamiento del Parlamento sin carácter vinculante.
Pero el Gobierno, con la cooperación activa de su cuota afín en la Mesa, ha preferido amordazar al Legislativo antes que afrontar la incómoda constatación de que la mayoría absoluta de la Cámara reclama el fin de la legislatura.
Es significativo que, en ocasiones anteriores, el PSOE no haya maniobrado para impedir que se tramitaran iniciativas que también suponían una desautorización explícita al Gobierno.
El Pleno del Congreso ha debatido y aprobado, sin ir más lejos, múltiples reprobaciones a ministros del gabinete de Pedro Sánchez. Y la representación del PSOE y Sumar en la Mesa tampoco impidió iniciativas anteriores análogas a las de este miércoles.
El año pasado, Vox presentó una moción para exigir la convocatoria inmediata de comicios generales que, tras una modificación formal en su literalidad, superó el filtro técnico y llegó a votarse en el Pleno.
Y, entre finales de 2024 y principios de 2025, el propio grupo de Junts registró una proposición no de ley que instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. En aquella ocasión, la Mesa admitió a trámite el texto tras determinar que se trataba de una declaración política que no usurpaba las funciones presidenciales.
Sólo desde el miedo se explica que ahora se haya optado por el veto fulminante. Porque el Gobierno sabía que esta vez la derrota era una certeza matemática.
Si la enmienda se hubiera sometido al voto de los diputados, se habría evidenciado la mayoría conservadora que hay en el Congreso, y que al menos 177 diputados están a favor de exigir elecciones anticipadas.
La decisión adoptada este miércoles representa el movimiento más burdo y agresivo hasta la fecha por parte de Francina Armengol para condicionar la actividad parlamentaria.
Cierto que no es ni mucho menos la primera vez que la presidenta del Congreso somete la institución a las necesidades e intereses de la Moncloa.
Durante toda la legislatura, el bloque gubernamental ha recurrido de forma sistemática a la treta del «congelador», consistente en encadenar prórrogas semanales del periodo de presentación de enmiendas para adormecer decenas de proposiciones de ley procedentes de la oposición o del Senado y dejarlas morir.
Pero el bloqueo de las enmiendas sobre el adelanto electoral supone un preocupante salto cualitativo. La Mesa ha pasado de la dilación pasiva al veto material activo.
Una mayoría ideológica ha censurado de forma arbitraria un texto atendiendo a su contenido político, cuando el Reglamento del Congreso sólo le confiere prerrogativas formales de calificación técnica. Y, por si fuera poco, lo ha hecho de forma irregular, sin convocar una reunión formal de la Mesa ni consultar a los letrados de la Cámara.
El Tribunal Constitucional ya certificó que esta obstaculización arbitraria del proceso parlamentario impide que el Pleno se pronuncie, limitando las facultades de los representantes legítimos de la soberanía nacional.
El TC concedió el amparo al Partido Popular en una sentencia que dictaminó que la Mesa del Congreso «obstruyó la tramitación del procedimiento legislativo», al hacer un «uso indebido de su facultad de acordar la prórroga del plazo para presentar enmiendas». Y que esta treta vulneraba el derecho de participación política de los diputados. Una jurisprudencia que ofrece base jurídica para fundamentar una denuncia contra Armengol por prevaricación.
Pedro Sánchez ha completado el programa político que él mismo verbalizó al anunciar su intención de gobernar «con o sin el concurso del Poder Legislativo». Ahora, el Poder Ejecutivo ha pasado de ignorar el Parlamento a maniatar directamente su capacidad de decisión.
Y para ello ha contado con la colaboración indispensable de Francina Armengol, que ha incumplido de manera flagrante su deber de neutralidad institucional para supeditar el funcionamiento de la Cámara Baja a las urgencias de la Moncloa.
Semejante subordinación quiebra el principio básico de la división de poderes y secuestra la representación de la soberanía nacional. Estamos ante un nuevo e inquietante hito en el proceso de adulteración institucional que Sánchez ha inoculado en nuestro sistema político.
Y si hemos llegado al extremo en que el presidente del Gobierno puede vetar discrecionalmente las votaciones parlamentarias que le incomodan, entonces España ya no puede ser considerada una democracia de pleno derecho.