La comparecencia conjunta buscaba, a su vez, hacer un llamamiento «a la ciudadanía vasca»y a las principales instituciones para que participen en un acto convocado el próximo 19 de julio en Bergara para conmemorar el 150 aniversario de la abolición foral y, a su vez, el medio siglo transcurrido desde el acto central del histórico Movimiento de Alcaldes. Apenas ocho meses después de la muerte de Franco, setenta municipios vascos reivindicaron en la localidad guipuzcoana, bajo el liderazgo de su alcalde –José Luis Elkoro, un ‘histórico’ de HB–, la restitución de los derechos históricos, la personalidad propia de Euskadi y el papel de los municipios como depositarios de la tradición foral, un movimiento previo a la legalización de los partidos que contribuyó a anticipar los debates que desembocarían en el autogobierno sancionado en el Estatuto de Gernika.

La doble efeméride, de hondo simbolismo nacionalista, ha logrado reunir a PNV y Bildu en torno al manifiesto que ayer leyeron en Gernika la alcaldesa de Oñati, Izaro Elorza, y la de Beasain, Leire Artola, y que ha sido consensuado y por lo tanto avalado por las direcciones de ambos partidos. Ambos estarán –aunque aún no se ha decidido con qué nivel de representación tanto orgánica como institucional– en el acto del 19 de julio, una iniciativa de corte soberanista y municipalista que bebe del citado Movimiento de Alcaldes alumbrado en la Transición pero que también resuena con ecos de Udalbiltza, la agrupación de electos locales nacionalistas nacida al calor del Pacto de Lizarra a finales de los noventa.

Está por ver el recorrido real de la iniciativa, más allá de las reivindicaciones retóricas en clave soberanista del manifiesto dado a conocer ayer, que se aleja de forma llamativa del discurso habitual del PNV, o incluso de Bildu, planteado en términos mucho más pragmáticos. El documento acordado entre ambas fuerzas nacionalistas también hace un guiño a ese pragmatismo, al recordar que «cuando apostamos por la soberanía, no sólo pedimos más instituciones o más competencias» sino que «reivindicamos el bienestar, la cohesión social y las herramientas políticas necesarias para decidir el futuro de nuestro país».

Pero, al mismo tiempo, consideran que la declaración de Bergara de hace cincuenta años «mantiene hoy plena vigencia» porque «Euskal Herria sigue negada, dividida y sin soberanía nacional» y porque, aseveran, las instituciones municipales siguen representando «la expresión más cercana de la voluntad democrática de la ciudadanía». «Euskal Herria no ha recuperado aún ni su territorialidad ni toda su soberanía; y, en consecuencia, sigue teniendo una capacidad limitada para decidir su futuro político de forma libre, democrática y soberana», lamenta el texto, que reclama «proyectar hacia el presente y el futuro desde una perspectiva nacional vasca» los derechos históricos de raíz foral para ganar en «poder político efectivo» en ámbitos como la economía, la transición energética, las migraciones, la «seguridad geopolítica», la integración europea o la revitalización del euskera.

El manifiesto hace un recorrido histórico por la abolición del régimen foral en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, con la Segunda Guerra Carlista, la Ley Paccionada que supuso la «merma profunda de la soberanía institucional» en Navarra y el fin «de los derechos históricos de los territorios vascos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa con la Revolución Francesa».

«Aquellas decisiones se impusieron por encima de la voluntad popular», concluyen los firmantes, que proclaman que «los derechos históricos originarios no han prescrito ni pueden ser anulados por decisiones externas que sustituyan la voluntad democrática del pueblo». Además de reafirmar el «carácter nacional de Euskal Herria» y su derecho a decidir, el manifiesto reclama «dar nuevos pasos hacia la integración foral y la plena soberanía, actualizando los derechos históricos y el autogobierno, adaptándolos a las necesidades democráticas, sociales e institucionales actuales».