Acabáramos. De modo que, por veinte años únicamente, ya podemos decir que nada o apenas nada de lo que ocurría entonces se puede valorar con el punto de vista, con el sentido moral, con la mentalidad y, no digamos ya, con las reglas y las leyes de hoy. ¡Y sólo han pasado veinte años!

Sánchez habría desmontado en un pispás el dicho popular, derivado de la canción de Carlos Gardel, Volver, que es de 1934, y en cuya letra se contenía la famosa estrofa «sentir que es un soplo la vida / que veinte años no es nada / que febril la mirada / errante en las sombras, te busca y te nombra».

Pues no. Para Sánchez, veinte años son muchos años. Si no desde el punto de vista de las emociones, como lo veía Gardel, sí desde el punto de vista de las costumbres, del modo en que vemos esas costumbres y, sobre todo, del modo en cómo las valoramos.

Incluso desde el punto de vista legal y por supuesto penal.

Pero resulta que estamos ante un político cuya principal apoyatura ideológica, si no la mayor y con más alcance de todas, es la llamada memoria histórica, fundada precisamente por Zapatero en su ley de 26 de diciembre de 2007, conocida como Ley de memoria histórica.

Según esa ley, tenemos que mirar con los ojos de hoy y valorar con la mentalidad de hoy hechos que ocurrieron hace casi cien años, en la Guerra Civil y posterior posguerra.

La Ley de memoria histórica ha resultado ser un artefacto ideológico de primera categoría que ha condicionado de manera profunda las relaciones políticas desde su aprobación hasta hoy, dándoles una preeminencia moral a las posiciones de izquierda, que se ven a sí mismas como continuadoras directas de las fuerzas republicanas que se opusieron al golpe de Estado de 1936, y no digamos ya a los partidos nacionalistas, que fueron suprimidos y perseguidos por la dictadura franquista.

Es la ley, además, que les ha permitido al terrorismo etarra y a sus sostenedores y justificadores relativizar su actividad considerándola, al menos en origen, una justa respuesta a la dictadura franquista, que perviviría en las fuerzas de derecha hasta hoy mismo.

Esta es la ley que Pedro Sánchez amplió y perfeccionó en la llamada Ley de memoria democrática, de 22 de octubre de 2022, según la cual aquellos acontecimientos de hace casi cien años forman parte de lo que todos los ciudadanos españoles deben entender como algo que nunca se puede volver a repetir y a cuyas víctimas debemos un recuerdo permanente.

Pero siempre entendiendo que lo que pasó entonces fue un atentado de lesa humanidad en el que unos fueron las víctimas y otros los verdugos. Marcados todos ellos, claro, por sus adscripciones ideológicas, según las cuales unos representarían los valores democráticos (las víctimas, es decir, los republicanos de izquierdas) y otros los valores contrarios, los verdugos (representados por los sublevados y los partidos que les apoyaban).

Y así hasta hoy.

De esta ley, además, ha surgido la llamada Ley de nietos, según la cual se concede automáticamente la nacionalidad española a todos aquellos que demuestren ser descendientes de exiliados españoles entre 1936 y 1955.

De esa ley no sabemos (aunque nos imaginamos las intenciones de sus promotores) los efectos que podría tener en el censo electoral futuro.

Sánchez y antes Zapatero han elaborado así una visión de la historia contemporánea de España construida, repetimos, desde su propio presente. Luego, han querido convertir esa visión en la verdad oficial, de la que se derivan consecuencias hasta penales para los que la incumplan, en el sentido, por ejemplo, de quienes intenten o digan ver algo positivo en el periodo franquista.

Y todo eso lo han podido hacer desde el más rabioso presente, saltándose o puenteando a toda una generación, la que hizo la Constitución de 1978.

Constitución a la que se llamó, con razón, Constitución de la concordia, por haber sido elaborada por quienes estuvieron dispuestos a construir una nueva convivencia sobre bases nuevas y «echando al olvido» (en expresión de Santos Juliá, el biógrafo de Azaña, tan próximo al socialismo de entonces) lo que nunca debió ocurrir entre españoles.

Por una visión presentista de la historia obra de una clase política que salta por encima de la generación que la precedió (ignorándola y/o despreciándola) y que no tiene para nada en cuenta que todo aquello ocurrió hace ya casi cien años, hemos visto la demonización de toda una época de nuestra historia, los cuarenta años de régimen franquista, o su desaparición completa. Como si nunca hubieran ocurrido. O como si nunca hubieran formado parte de nuestras vidas.

Y ahora resulta que el presidente Sánchez nos dice, a propósito del lamentable episodio de las joyas de Rodríguez Zapatero, que «afortunadamente la España de 2007 no es la de 2026, ni la legislación de hoy es la de 2007», con el claro propósito de relativizar lo que ocurrió hace tan solo veinte años.

Esto es el Alzheimer político de Pedro Sánchez, al que estoy seguro que se sumaría entusiasta el mismo José Luis Rodríguez Zapatero, que al fin y al cabo fue su mentor en temas de memoria: que lo que ocurrió hace veinte años es relativo, está sujeto a discusión y no le son aplicables las leyes actuales. La ética y la moral actuales, tampoco.

En cambio, lo que ocurrió hace ya casi un siglo merece una ley específica (bueno, ya van dos), desde el ahora más actual, para demostrar que es criticable, que es analizable y escrutable. Y eso, para llegar hasta las últimas consecuencias de lo que entonces ocurrió.

Para sacar todos los cadáveres que estuvieran mal enterrados y llevarlos adonde corresponda.

Para depurar todas las responsabilidades que hubieran quedado sin adjudicar, para resarcir a todas las víctimas que hubieran quedado sin reparar.

Exactamente lo mismo que tendríamos que hacer con las joyas de Zapatero.

Aunque, según Sánchez, en este caso no tendríamos por qué, ya que la legislación es ahora «muy diferente».

*** Pedro Chacón es profesor de Historia del pensamiento político en la UPV-EHU.