El último y definitivo auto de Juan Carlos Peinado, con el que el juez de la causa que ha investigado si Begoña Gómez incurrió en tráfico de influencias valiéndose de su matrimonio con el presidente Pedro Sánchez para progresar en su carrera remata una instrucción –esta también– sin precedentes, ha levantado una enorme polvareda no por lo esperable; esto es, por la decisión, que se daba casi por descontada, de enviar a Gómez, junto a su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, al banquillo ante un jurado popular, petición que deberá refrendar ahora la Audiencia Provincial de Madrid. Han sido singularmente dos controvertidos aspectos del auto de 84 páginas emitido por Peinado en un día tan infrecuente como un sábado –la retirada del pasaporte a la mujer del jefe del Ejecutivo por riesgo de fuga y la tesis del magistrado de que su escolta policial, lejos de ser un factor disuasorio, podría resultar cómplice de esa hipotética huida si recibiera órdenes al efecto– las que han desatado reacciones que basculan de la indignación de Moncloa y el PSOE a un desconcierto más amplio sobre las argumentaciones del contestado instructor. La incomprensión que genera su auto no justifica, en ningún supuesto, que el Poder Ejecutivo caiga de nuevo en la peligrosa tentación de deslegitimar al Poder Judicial y de airear la venenosa sospecha de la existencia de ‘lawfare’ en el Estado de derecho español, especialmente tras una semana de vía crucis para el Gobierno con el hito de la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional.