Misiles cargados con las andanzas de los innumerables corruptos que nos acompañan y, esta misma semana, de las increíbles declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, que inaugura la innoble relación de expresidentes del Gobierno imputados por la Justicia. Un dudoso honor que nadie hubiese querido ostentar. Menos mal que a finales de semana llegó en nuestra ayuda la CEOE, cuyo presidente, literalmente, se ha soltado el pelo con su propuesta sobre el absentismo. Cansado de las trapacerías de ese prodigio que es nuestra querida y no merecida vicepresidenta Díaz, y harto de soportar unas cifras que no dejan de crecer ante la indiferencia culpable de los sindicatos, la extrema abulia del Gobierno y el desinterés general de la población, ha hecho un llamamiento para encarar de verdad el serio problema que plantea la abstención laboral.

Como sucedió con el límite de velocidad en las carreteras o con la prohibición de fumar en los espacios públicos, se comprueba que, en nuestro país, las buenas intenciones que carecen de coste para los infractores tardan mucho en generalizarse y en materializarse. Por eso, los empresarios proponen que el Estado se haga cargo del coste de los 15 primeros días de baja laboral que ahora pagan las empresas. A ver si así se involucra en la solución del desaguisado económico. Según afirma el Tribunal de Cuentas, las mutuas están al borde del colapso por culpa del gasto causado por las contingencias comunes.

No hay ninguna razón que explique el resultado. Nuestro sistema de salud no es perfecto, pero sí muy bueno. Supera o se encuentra a la altura de nuestros vecinos, con cuyos productos competimos. Nuestro clima es bonancible y no destaca por su dureza. No enfermamos más que la media y superamos con creces la esperanza de vida de nuestro propio entorno.

Entonces, ¿por qué hay 1,5 millones de españoles que faltan cada día al trabajo (16 días al año)? Una buena parte de los cuales, además, sin justificación formal y el resto con difícil explicación real. El problema, sin duda alguna, es complejo y los mayores perjudicados son las empresas que corren con unos gastos extraordinarios (en todas las acepciones de la palabra extraordinario). Pero también el sistema público, que soporta un coste indebido. Y, por último, no olvidemos a la mayoría de los trabajadores que no hacen trampa, pero deben colaborar en su sostenimiento.

Siempre he pensado que el problema carecerá de solución mientras que carezca de coste para alguien. La propuesta de la CEOE lo carga sobre el Estado, que solo es uno de los culpables, pero es el que puede arreglarlo y sin cuya colaboración no se arreglará nunca. También deberían colaborar los propios sindicatos, ayudando a esparcir la conciencia social de que el absentismo fraudulento -¿alguien duda de que lo hay?- es una conducta antisocial. Se trata de asentar esa idea como en su día se hizo con el concepto de que no cumplir con Hacienda iba en contra de todos los demás que sí cumplían con ella.

El jueves el presidente Sánchez aportó una gran novedad. Dijo que si no hay Presupuestos convocará elecciones. Si Junts y el PNV mantienen lo que ahora dicen (no siempre lo hacen porque no son constantes en sus preocupaciones, ni en sus intereses), no los apoyarán y habrá que buscar fecha para los comicios. Pero si los apoyan, será peor. Calcule el coste que tendrán para el Estado las concesiones de última hora y en posición desesperada. ¿Lo tiene? Ahora añádale dos ceros más a la derecha y redondee la cifra al alza. Se habrá aproximado a ella.

Los nacionalistas tendrán que elegir entre la fuerza centrípeta que ejerce el atractivo de lograr la última rapiña del mandato sanchista y la fuerza centrífuga que provoca el hedor del apoyo a un Gobierno en fase terminal, un cadáver en descomposición. Usted, por si acaso, busque la fecha. Procure que no sea en agosto, que me voy de vacaciones.