La sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso Mascarillas ha impuesto condenas muy graves a José Luis Ábalos y a Koldo García, 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, y una muy atenuada a Víctor de Aldama, liberado del ingreso en prisión. Es una sentencia por unanimidad de unos magistrados que, al margen del ruido político e informativo, han encontrado en las pruebas practicadas y en las deliberaciones posteriores al juicio oral una base de consenso. El resultado es una sentencia en la que no solo se declaran probados unos hechos y condenados unos acusados. También hay un análisis oportuno y necesario sobre la corrupción en el ámbito del poder político, análisis que será el umbral del Tribunal Supremo por el que pasarán los futuros casos de corrupción relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchez y con el PSOE y, en el futuro, con cualquier otro gobierno y partido. Basta leer el primer hecho probado y el primero de los fundamentos jurídicos para entender la razón por la que el tribunal ha enmarcado el caso Mascarillas en un acto de abuso del poder político. «Los actos analizados –dice la sentencia– no solo buscan un beneficio, sino que se ejecutan desde el ejercicio del poder político y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales, como lo es el Gobierno». Y añade un pronunciamiento decisivo: «Especialmente, en casos como los sometidos a nuestro enjuiciamiento, son actos que socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de derecho, proclamado en el art. 1.1 CE».

Esos párrafos cobran sentido material, más allá de su formulación teórica, con los datos biográficos de Ábalos consignados en el primer hecho probado: ministro de Pedro Sánchez entre junio de 2017 y julio de 2021 y secretario de Organización del PSOE entre junio de 2018 y julio de 2021. Socialmente, la condena a Ábalos equivale políticamente a un rejón de muerte clavado en el corazón del sanchismo, irrecuperable ya por esta afirmación judicial firme que sitúa la creación y expansión de la organización criminal de los condenados en el medio ambiente propiciatorio del Gobierno y del PSOE de Pedro Sánchez.

A partir de ahí, la sentencia ofrece una cronología demoledora de los delitos de Ábalos, Koldo y Aldama, ya sin la presunción de su inocencia, por una sentencia firme, aunque los condenados la impugnen ante el Tribunal Constitucional. Sus calificaciones jurídicas y sus condenas actuarán como un prontuario de lucha contra las tramas corruptas. Y desde esta perspectiva, destaca el respaldo al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, objetivo prioritario de las ‘cloacas’ socialistas. También es otro mensaje, no tan positivo, para la fiscal general, Teresa Peramato. Resulta imprescindible un Ministerio Fiscal autónomo para combatir la corrupción, localizar sus nichos de lucro ilegal e identificar a los colaboradores de segunda o tercera fila. Sobre esto último, la sentencia se refiere varias veces a «terceros no juzgados en esta causa», abocados a una imputación, ya declarada para algunos de ellos en la Audiencia Nacional.

Esta sentencia avisa a corruptos y corruptores y a los que deseen colaborar con la Justicia. La atenuante aplicada a Aldama, tan temida por el PSOE, era imperativa. Se escandalizan por ella quienes ignoran cuántas veces ha sido aplicada. Es necesaria para romper los pactos de silencio que blindan los grupos y organizaciones criminales. Además, como destaca la sentencia, cuanto dijo Aldama ha sido confirmado por pruebas externas, con el valor añadido de que nunca eludió su propia responsabilidad. Los futuros colaboradores ya saben a qué puerta llamar.

Pedro Sánchez ha de hacer una lectura objetiva de esta sentencia. Es su epitafio político, como responsable primero y último de la libertad con la que Ábalos, Koldo y Aldama crearon su trama para cobrar comisiones y colocar amigas con cargo al dinero público. Cualquier observador imparcial ve en esta sentencia el callejón sin salida de Sánchez. Tan preocupado por lo que la historia dirá de él, ya sabe que es el único presidente de la democracia en ejercicio que tiene un ministro condenado por delitos cometidos desde su Gobierno y gracias a su Gobierno.

Siga el ejemplo de Starmer, señor presidente, y dimita.