Ya sé cómo evitar un golpe de calor. Me lo ha explicado el presidente del Gobierno, que para eso está. Alguna mente retorcida, al ver a Pedro Sánchez en TikTok preocupado por los efectos de las altas temperaturas el mismo día que conocíamos que José Luis Ábalos era condenado a 24 años de cárcel, pudo pensar que no era posible, que las recomendaciones del líder socialista y divulgador científico eran un mensaje en clave, que el mareo o el dolor de cabeza no eran síntomas de calor extremo, sino metáforas de la persecución judicial, y que lo que había detrás del llamamiento del presidente a extremar las precauciones, “sobre todo si perteneces a un grupo de riesgo”, como es el caso, era una invocación a que dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno mantuvieran la calma.

Lo realmente curioso es que el reel meteorológico se subió a TikTok casi al mismo tiempo que se hacían públicos los 224 folios de la sentencia del Supremo. A nadie se le ocurrió pensar que no era el mejor momento. O todo lo contrario: los genios de la mercadotecnia política pensaron que ese era precisamente el momento y que la imagen de un Sánchez sin corbata, relajado, previniéndonos sobre los riesgos de la calorina, era el modo más adecuado de decirle a la parroquia que José Luis Ábalos y Koldo García estaban amortizados, que no hay de qué preocuparse y que el jefe está tranquilo. Y habrá quien lo haya comprado.

De la resistencia al miedo

“¡Vienen a por nosotros!”. “Ensañamiento”. “Campaña para liquidar al Gobierno”. “Es la Justicia la que degrada la democracia”. Traducción simultánea: pánico. Esa es la palabra de la semana, el barrunto que explica la cojudez de TikTok, la nueva doctrina que contradice la que defendía Félix Bolaños cuando en octubre de 2024 firmó el indulto a José Luis Peñas, denunciante de la trama Gürtel y condenado a 4 años y 9 meses de cárcel por su colaboración “esencial” con la Justicia: “Quien colabora para perseguir el delito, para enjuiciar crímenes, cuenta con el apoyo del Gobierno de España”, dijo entonces el ministro de Justicia. Se precipitó Bolaños. Pocos días después Anticorrupción atribuía a Ábalos un «papel principal» en la trama que cobró comisiones ilegales en la pandemia.

Pero eran otros tiempos. El exsecretario de Organización del PSOE negó en el Congreso su participación en los hechos y todavía había quien pensaba que era posible el encapsulamiento, que se podía neutralizar en el terreno judicial el natural funcionamiento de los contrapesos. Pero se acabó. Sánchez ha perdido el pulso, por más que siga alimentando la tesis del golpe antidemocrático. Hasta los medios más benevolentes con el Gobierno destacan que la sentencia demuestra que el Estado de Derecho funciona. La resistencia está dejando paso al miedo. Porque el Supremo se ha puesto serio. Más serio.

La corrupción supone una amenaza para «la estabilidad y la seguridad de las sociedades»; luchar contra ella es «esencial» para reforzar la calidad de la democracia y el Estado de Derecho. No estamos ante una sentencia cualquiera. El Supremo, con el respaldo unánime de los siete magistrados que componían la Sala, va más allá de la lineal argumentación de las condenas, y, en tanto que máximo tribunal jurisdiccional del país, usa su autoridad para subrayar la gravedad del momento, al tiempo que en un inusual e imprescindible ejercicio de incómoda pero democrática corresponsabilidad advierte del enorme deterioro que ocasiona la corrupción protagonizada por cargos públicos en el sistema político.

Y hace otra cosa: en línea con la Fiscalía Anticorrupción, convalida, impulsa y exhibe sin disimulo en la sentencia la figura del arrepentido como utilísima herramienta para combatir la corrupción. Y es eso, y no las altas condenas a Ábalos y Koldo, lo que provoca que, en las largas noches de sofoco veraniego, se le aparezcan a más de uno los replicantes tórridos de Cerdán, Martínez o Díez. Y cuando finalmente amanece y encienden la radio o abren el ordenador, lo que comprueban es que no era un sueño, y que esto tiene trazas de ir a mucho peor.

Pie en pared

Son tan torpes que no solo han cuestionado la proporcionalidad de la sentencia, que aun siendo un argumento tan forzado como técnicamente insostenible sí podía tener una cierta venta en los sectores sociales menos atentos. Pero al atacar a Víctor de Aldama, y mostrarse escandalizados por su reducida condena, lo que han hecho es reconocer implícitamente que, en línea con los intereses del Gobierno y el partido, su prioridad nunca ha sido colaborar con la Justicia sino desacreditar al comisionista, asumiendo como mal menor, con desprejuiciada desfachatez, el riesgo de que corruptos y corruptores se acabaran yendo de rositas.

Es en esa doble moral, forzada por la urgencia en activar mecanismos de intimidación de futuros arrepentidos, por donde se fractura la línea de defensa del sanchismo: hacer de la necesidad virtud y asumir la corrupción como peaje inevitable de la política progresista. Pero ya no. El Estado de Derecho ha puesto pie en pared, y a partir de aquí lo que esperan los ciudadanos es que se llegue hasta el final. Porque la tarea de frenar el “proceso degenerativo” de los instrumentos de la democracia, sobre el que ya advirtió José Ramón Recalde en Crisis y descomposición de la política (Alianza, 1995) -y que acaba de recordar Raimon Obiols en un reciente artículo en El País– no admite más dilaciones. Caiga quien caiga.

Manuel Marchena, ya liberado de sus últimos quehaceres y gran aficionado a la natación, en un alarde de caridad cristiana, debería grabar un vídeo en TikTok enseñando a unos cuantos cómo mantenerte a flote si te sorprende una de esas corrientes marinas tan traicioneras.