Ignacio Camacho-ABC
- El Ejecutivo y la formación política que lo respalda se han declarado en rebeldía contra los otros dos poderes de la democracia
Sin novedad. Filas bien cerradas y dientes apretados. Irán hasta el final en el barco del capitán Ahab, atados al palo mayor con los ojos y los oídos tapados, no para ignorar como Ulises el canto de las sirenas sino para fingir que no oyen el chirrido cercano de los cerrojos carcelarios. Los candidatos locales y autonómicos, los más inquietos por las elecciones que deberán afrontar el próximo año, se han relajado en la confianza de que el presidente adelantará las generales a marzo y los librará así de sufrir la primera oleada de rechazo. Aunque por si acaso, juntan las manos y rezan en silencio al prófugo de Waterloo para que el proyecto de Presupuestos no pase el trámite parlamentario. Los meses que quedan se les van a hacer muy largos.
El Comité Central, perdón, Federal, tiene más de trescientos miembros, una patulea donde las escasas voces críticas de los ‘pages’ apenas representan una generosa concesión del liderazgo a la disidencia. Allí no se va a discutir, como en los tiempos de González y Guerra –donde la Ejecutiva tenía prohibido defender su gestión–, sino a recibir una arenga. De cualquier modo, la inmensa mayoría comparte el discurso de la conspiración de la ultraderecha, la persecución de los jueces y de la prensa y los bulos de la fachosfera, y los que albergan alguna reserva se cuidan mucho de exponerla. No se vaya a notar la procesión interna, las dudas sobre la posibilidad de que la respuesta a los casos de corrupción –aislados, por supuesto– haya sido correcta.
El discurso de Sánchez fue una versión recalentada del pronunciado el miércoles en el Congreso. El secretario general ni siquiera consideró a sus compañeros dignos de escuchar algún argumento nuevo. Salvo Ábalos, a quien ya no se atreve a defender al menos hasta que el Constitucional revise la condena del Supremo, todos son inocentes: Begoña, el ‘hermanísimo’ y Zapatero, víctimas de persecución judicial, acusaciones trucadas y atropellos jurídicos diversos. El aplauso multitudinario a sus palabras retrató al PSOE como una organización en rebeldía contra el Estado de Derecho, lo cual no tiene nada de extraño habida cuenta de que el desafío parte del propio Gobierno, cuyo jefe desprecia con risas forzadas el veredicto del Parlamento.
El poder ejecutivo y el partido que lo respalda están cuestionando la legitimidad de las Cortes y de la Justicia, los otros dos poderes de la democracia. Los tribunales aún disponen de fuerza coactiva para que sus resoluciones sean ejecutadas, pero la indiferencia hacia las decisiones de las Cámaras supone una inédita falta de respeto, rayana en el desacato, a la expresión de la voluntad ciudadana. La ausencia de principios éticos y de responsabilidades políticas completa un panorama de derogación de facto de los usos y pautas que separan un sistema constitucional de una estructura autocrática. Y el desesperado enroque colectivo del sanchismo en un ejercicio de autodefensa sectaria impregna el escenario de la vida pública de un insoportable olor a cloacas.