Tanto en su comparecencia parlamentaria del miércoles como en su discurso ante el Comité Federal del PSOE este sábado, Pedro Sánchez ha reafirmado su intención ya no de agotar la presente legislatura, sino de postularse para la reelección y gobernar un mandato adicional.
Y ello a pesar de la debilidad parlamentaria, la parálisis legislativa y la acumulación de casos de corrupción que afectan a su partido y a su Gobierno. Y contra el deseo del 70% de españoles, que, según la última encuesta de Sociométrica, pide que dimita.
La férrea determinación del presidente por permanecer en el cargo es lógica a tenor de las pésimas perspectivas demoscópicas que afronta el PSOE, así como de los beneficios que ofrece la Moncloa para amortiguar las investigaciones judiciales.
Pero, a la luz de las informaciones que viene detallando este periódico en las últimas semanas sobre la política migratoria y de extranjería del Ejecutivo, existe otro móvil de fondo para el empeño por estirar el mandato: el Gobierno necesita ganar tiempo para culminar el proceso de alteración del censo electoral en el que está inmerso.
Amparado en la aplicación de la denominada «ley de nietos», una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, Sánchez está consumando una transformación radical del cuerpo político que reúne las características de un «pucherazo legal».
Más de medio millón de extranjeros ya han obtenido la nacionalidad española mediante este sistema inusualmente laxo y poco garantista, y se prevé que el número final de beneficiarios ronde los dos millones y medio de personas.
Fundamentalmente dos datos delatan el sesgo electoralista tras el impulso de esta medida. Al abrigo de la flexibilización y la facilitación del voto CERA por el Gobierno de Sánchez, el censo exterior ha crecido un 16,1% en menos de tres años, y la participación de esos votantes se ha incrementado en un 47%.
Podrá aducirse que el electorado residente en el extranjero es heterogéneo, y que no es posible afirmar de manera categórica que la totalidad de los nuevos nacionalizados se vaya a traducir de forma inmediata en nuevos electores del PSOE.
Pero hay un significativo patrón empírico en las últimas cuatro elecciones autonómicas que justifica las sospechas de una ingeniería orientada en beneficio del partido del Gobierno: en todas ellas el PSOE sufrió severas derrotas frente al PP, pero ganó en el voto exterior.
Este proceso se enmarca en una política de nacionalización masiva sin parangón en nuestro entorno.
Desde que Sánchez preside el Gobierno, España se ha convertido en el país de la Unión Europea que ha concedido más nacionalidades, sumando alrededor de 945.000 nuevos pasaportes en los últimos cinco años. El contraste con las cifras de la etapa de Mariano Rajoy revela que Sánchez ha disparado las nacionalizaciones de forma sostenida a lo largo de cada uno de los últimos ocho años.
A lo cual se le añade la regularización masiva de un millón y medio de inmigrantes que, aunque no pueden votar de inmediato, obtienen una residencia documentada que acorta sustancialmente los plazos para acceder a la nacionalidad por residencia. Lo que todo ello dibuja es la promoción activa e intensa por parte del Gobierno de una alteración de la demografía española que sólo puede estar movida por intereses políticos.
Y esto explica con nitidez por qué para Sánchez el objetivo es «gobernar en 2027 y más allá».
Al ritmo actual de tramitación, la ley de nietos inyecta una media de 16.000 nuevos electores al mes en el censo CERA. De mantenerse esta tendencia, para mayo de 2027 el censo en el extranjero habrá crecido en unos 600.000 nuevos votantes. Y basta con que un porcentaje relevante de ellos opte por el PSOE para que decida el resultado de las próximas elecciones.
La alteración masiva del censo constituye el producto más depurado del estilo patrimonialista y clientelar que caracteriza al sanchismo: la fabricación de un electorado cautivo y la desnaturalización de los procedimientos democráticos con miras a la perpetuación en el poder.
Y la conclusión que se impone con ello es clara: si la democracia no acaba con Sánchez, Sánchez acabará con la democracia.