El juez instructor del llamado caso Leire ha extendido este lunes la imputación a la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por las gestiones que habría realizado para «agilizar la tramitación» del rescate de Tubos Reunidos en 2021.
El rescate de la siderúrgica vasca es de una de las operaciones de la SEPI por las que la Audiencia Nacional está investigando al llamado grupo Hirurok. Una presunta trama criminal integrada por la fontanera, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán Antxon Alonso, que habrían cobrado comisiones ilegales a cambio de «intermediar» en favor de las empresas que les pagaban.
Belén Gualda se convierte así en la segunda responsable del holding público investigada en los tribunales, después de que su predecesor en el cargo fuera detenido el pasado 10 de diciembre acusado de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Y si Gualda ha seguido los pasos de Vicente Fernández en la imputación, debe emularle también en la dimisión.
El expresidente de la SEPI puso su cargo a disposición de la entonces ministra de Hacienda (su superiora directa y valedora) inmediatamente después de ser citado como investigado en el caso Aznalcóllar. Y el Consejo de Ministros lo cesó esa misma semana.
Esta vez, en cambio, el Gobierno ha reafirmado «toda su confianza» en la gestión de la otra protegida de María Jesús Montero, a la que la exministra de Hacienda colocó en la SEPI con el mayor sueldo público de España, después de haber dejado vacante durante más de un año el puesto tras la imputación de Fernández.
Moncloa ha pretextado que «en las diligencias no aparece ningún elemento que la comprometa».
Pero la providencia del magistrado instructor es clara: el juez ha hallado «indicios de criminalidad», derivados de un documento que Fernández intercambió con Leire Díez, y que desvelaba que Gualda había adquirido con el CEO de Tubos Reunidos el «compromiso» de que la solicitud de la ayuda temporal fuera aprobada.
El único motivo para mantener el respaldo gubernamental a Gualda es la resistencia del Ejecutivo a que el reguero de sumarios judiciales que le afectan se cobre una nueva víctima política. En este caso, el de la mayor gestora pública del Gobierno de Sánchez.
Pero su permanencia al frente del ente público se hace insostenible. Porque su imputación compromete gravemente la credibilidad de un conglomerado que gestiona empresas públicas con una facturación de 6.355 millones de euros, y unas participaciones financieras en empresas cotizadas cuyo valor de mercado alcanza los 30.000 millones de euros.
Independientemente del respeto a su presunción de inocencia, una directiva sospechosa de haber favorecido a una trama criminal que se dedicaba a influir y amañar adjudicaciones en el organismo bajo su responsabilidad no puede seguir ni un día más en el cargo.