Existe una arraigada y perniciosa tradición intelectual española –que abarca desde el pesimismo existencial de la Generación del 98 hasta el actual mesianismo de la corrección política– empeñada en diagnosticar los males patrios como una patología del espíritu. Según esta tesis, el problema secular de España residiría en el ‘carácter’ de los españoles. Se les dibuja como una estirpe refractaria a la modernidad, aquejada de una suerte de atavismo antiliberal y portadora de un supuesto ADN colectivista que les empuja de manera irremediable hacia la dependencia del Estado, el cainismo y la envidia institucionalizada.

Esta visión es errónea en términos metodológicos y perezosa en los intelectuales. Es el refugio de quienes, incapaces de analizar los mecanismos de incentivos que rigen el comportamiento de los individuos en las sociedades humanas, recurren a una metafísica de café para explicar las deficiencias del país. España no padece ninguna maldición antropológica; sufre, hoy como en otras etapas de su historia, un severo déficit de calidad institucional. La cultura no configura el destino de las naciones; las instituciones sí y además son éstas las que generan un entorno cultural creativo o destructivo para los países. Alemania y Japón no necesitaron una ‘alteración genética’ para convertirse en naciones democráticas y pacíficas tras perder la Segunda Guerra Mundial; solo necesitaron que les cambiaran el tablero y las reglas del juego.

El mito del colectivismo genético o cultural del español medio se desmorona en cuanto se confronta con la evidencia. Los seres humanos no responden a un código místico impreso en su herencia cultural, sino a los incentivos que el marco institucional les ofrece. Cuando los españoles han operado en entornos de estabilidad macroeconómica, respeto de la propiedad privada, de premio al esfuerzo, de seguridad jurídica y se han reducido las regulaciones opresivas, han demostrado un dinamismo emprendedor idéntico o superior al de cualquier sociedad desarrollada. ¿O es que los triunfos de los cientos de miles de profesionales y empresarios patrios que triunfan fuera se deben a una mutación genética repentina al cruzar los Pirineos? Obviamente no. Lo que cambia no es su ‘carácter’, sino las reglas del juego donde operan.

La trampa del determinismo cultural consiste en confundir las consecuencias con las causas. Si en España se percibe una alarmante propensión a buscar el amparo del BOE o si el tejido civil parece estar o está adormecido, no es por una inclinación natural de los españoles a la servidumbre. Es el resultado lógico de décadas de un estatismo hipertrofiado que ha penalizado de modo sistemático el éxito, ha premiado la captura de rentas frente a la creación de riqueza y ha colonizado-vampirizado la sociedad civil. Cuando el Estado se convierte en un ogro filantrópico y tentacular, obliga a los individuos a desplegar un comportamiento adaptativo; en este caso, la búsqueda de la supervivencia a la sombra del poder. Eso no es colectivismo cultural; es puro cálculo racional para sobrevivir en un entorno extractivo.

Ese enfoque no es nuevo. Ya en 1748, David Hume abordó la cuestión en su célebre ensayo ‘Sobre los caracteres nacionales’ donde demostró que las conductas colectivas no dependen de atavismos biológicos o climáticos, sino de lo que denominó «causas morales»: la naturaleza del gobierno, las leyes y el marco político. Para Hume, son las reglas del juego las que moldean las costumbres de una nación, y no al revés; de ahí que el comportamiento de un pueblo cambie drásticamente cuando se transforma su sistema de gobierno. La intuición humeana ha sido llevada a su cénit por la moderna economía institucional. Desde Douglass North hasta Daron Acemoglu, la lección es inapelable: las naciones prosperan o fracasan según la naturaleza de sus instituciones: si son inclusivas y garantizan la propiedad, limitan el poder y fomentan la competencia, o son extractivas y están diseñadas para perpetuar los privilegios de una oligarquía política, social y económica.

España a lo largo de su historia se ha visto arrastrada desde el poder y, en demasiadas ocasiones, hacia esas últimas. El problema no ha sido el temperamento de los ciudadanos, sino la inexistencia o la debilidad de la democracia liberal y un control desmedido de la economía por el Estado. Cuando España ha adoptado programas de calado liberal –basta pensar en el Plan de Estabilización de 1959 o, más cercanos, la disciplina macro y las reformas estructurales de los años noventa del siglo pasado–, la respuesta de los españoles se tradujo en un ‘milagro’ de crecimiento, modernización y convergencia europea. En esos momentos de apertura exterior y reducción del peso del Estado, el supuesto atavismo ibérico se evaporó con una extraordinaria rapidez, dando paso a una sociedad más abierta, más tolerante y más competitiva. Las mismas personas, con la misma cultura, produjeron resultados radicalmente distintos a los de los períodos anteriores por una sencilla razón: se cambiaron las reglas del juego dentro de las cuales actuaban.

Por lo tanto, la insistencia en apelar a la cultura para explicar la situación del país o atribuir ésta al temperamento del electorado es una monumental cortina de humo. Sirve para exculpar a la clase política de su responsabilidad directa en la degradación de lo fundamental: la arquitectura institucional del país. Es muy cómodo para los gobernantes sostener que aquél no funciona por culpa de la idiosincrasia de los gobernados y es también un excelente pretexto para que quienes mandan se arroguen o pretendan arrogarse poderes extraordinarios y autoritarios para suplir las supuestas deficiencias de carácter de los españoles.

España no necesita un psicoanálisis colectivo ni una reeducación moral de sus ciudadanos desde el poder. Precisa y con urgencia una profunda agenda de regeneración liberal: restaurar las instituciones de la democracia liberal, adelgazar la elefantiásica, asfixiante e ineficiente estructura del Estado y crear los fundamentos para el desarrollo de un capitalismo de libre empresa. Dejen de culpar al carácter de los españoles. El problema nunca ha estado en la genética de la sociedad, sino en las cadenas institucionales que restringen la libertad de los individuos para vivir conforme a sus ideas y desplegar su iniciativa en un marco de igual libertad ante la ley. Cambien los incentivos, desmantelen el andamiaje extractivo y verán cómo el supuesto colectivismo español se disuelve como el azucarillo de la mitología estatista.