Cuanto más se tira del hilo más complicado es seguirlo. Y sin embargo lo que cada nuevo episodio corrobora es la inicial conjetura de que el método sanchista de gestión del poder va a ocasionar un considerable destrozo de reputaciones, vidas y haciendas. Los últimos conocidos, la imputación de la presidenta de la SEPI, otros cuatro altos cargos deI Gobierno y 19 personas más en el procedimiento abierto por el ‘caso Leire’, y las nuevas revelaciones de la UCO, que apuntan a la colaboración de personal de Red.es en el presunto amaño de un concurso en favor de Carlos Barrabés, ponen de manifiesto el nivel de presión al que los responsables políticos de estos y otros organismos públicos han sometido en los últimos años a sus subordinados.

No estamos ante una cuestión menor. Hay una corrupción digamos “natural”, promovida desde abajo, y otra más grave, que nace arriba y que florece en entornos de creciente impunidad. Lo que vamos conociendo demuestra cómo, a partir de algún momento, responsables políticos y personal cualificado de distintos organismos y administraciones desplazaron los criterios objetivos a la hora de conceder ayudas o subvenciones, o de adjudicar concursos públicos, interiorizando el nepotismo como factor decisor predominante y de mayor rentabilidad personal.

Lo que trasciende de lo que ya sabemos, es el arraigo de una cultura de inmunidad cuya extensión solo se explica por la paulatina ocupación de las instituciones de control y el sistemático debilitamiento de los contrapesos. Es el nihil obstat ideológico a esa cultura, y no cada episodio aislado, por mucha que sea su gravedad, lo que “socava la arquitectura democrática del Estado”, como ha señalado el Tribunal Supremo en la sentencia del llamado ‘caso mascarillas’. Es la polarización promovida a conciencia para darle la vuelta a los casos de corrupción, subvalorándolos y presentándolos como la munición que utiliza el adversario político para acabar con un gobierno legítimo, lo que provoca un “grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político”.

Cuando la lealtad sustituye a la decencia

Cuando el miedo a las represalias por no aplicar las órdenes políticas que vulneran la norma supera el temor a una potencial respuesta de los tribunales de Justicia, es que alguno de los pilares que sostienen el Estado de Derecho se está viniendo abajo. Peor aún: cuando hay quienes, deslumbrados por la fe ciega que han depositado en sus dirigentes políticos, aceptan manejarse en el filo de la ley, sin percibir o subestimando el peligro de acabar en el banquillo, lo que emerge es la quiebra de los equilibrios sobre los que se apoya el ejercicio de la libertad y el respeto a la igualdad en un sistema democrático. 

Estoy convencido de que muchos de los que han colaborado en estas actividades de dudosa o nula legalidad están hoy muy sorprendidos. Otros no. En todo caso, supieran o no supieran, solo intuyeran, la mayoría pasará a integrar la nómina habitual de daños colaterales. Siento pena por ellos. O por alguno de ellos. Porque a casi todos los van a dejar tirados. Gertru, por ejemplo. Utilizo el diminutivo sin displicencia. He preguntado por ella a tres personas que la han tratado. Ninguna la llamaba Getrudis. La vi en el Senado. ¿Sorpresa? ¿Incredulidad?

Yo creo que un poco de todo. “Aunque de tonta no tiene un pelo”. Y ese es el problema: anteponer a conciencia la lealtad a la decencia. Servir sin preguntar más de la cuenta a “un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada” (Oscar Wilde, El abanico de Lady Windermere). Dar por bueno cualquier procedimiento para seguir en el poder y que no gobierne la derecha.