Exclusión lingüística en el empleo público

El contenido. La nueva regulación deja en manos de cada organismo público decidir, según su criterio, en qué puestos de trabajo -y con qué nivel- se exigirá el conocimiento de euskera; e impide establecer reglamentariamente porcentajes de puestos con ese requisito lingüístico. Desaparece, así, el ‘índice de obligado cumplimiento’, que, en una interpretación muy generosa de la realidad del euskera, trataba de adecuar esa exigencia a cada situación sociolingüística. ¿Qué se puede esperar tras el generalizado incumplimiento del mencionado índice, alcanzando porcentajes llamativamente superiores a los establecidos, especialmente cuando la reforma es reacción a la tildada de «ofensiva judicial contra el euskera»?

La forma. La aprobación de la reforma con el respaldo exclusivo de los partidos nacionalistas rompe la implícita regla de oro que está detrás del Estatuto (artículo 6) y de la ley del euskera (1982): la política lingüística como resultado de un pacto transversal -no solo entre nacionalistas-, del que solo quedaran fuera las posiciones que, por extremas, se autoexcluyesen. Romper esa regla no será inocuo. Los partidos nacionalistas han ejercido su mayoría parlamentaria. Ninguna objeción. Pero deben asumir la responsabilidad de sus consecuencias; especialmente, el PNV, que ahora se ha sumado a las posiciones extremas que, en su día, hicieron que Herri Batasuna se excluyese del consenso.

Contenido y forma expresan una política lingüística de imposición coercitiva del euskera, más allá de lo que exige la obligación de garantizar los derechos de sus hablantes. Se cierra, así, el proceso de transformaciones acaecido en este campo en las últimas décadas, que han hecho irreconocibles las bases de aquellos consensos fundacionales.

Si el respaldo social es, según se afirma desde la sociolingüística, la mayor fortaleza con que cuenta el euskera para afrontar, con suficientes posibilidades de éxito, los retos que le aguardan, ¿no es terriblemente arriesgado imponer un modelo que excluye a amplios sectores sociales? La ruptura del consenso político acrecienta enormemente el riesgo de deterioro del respaldo social, por su capacidad para reforzar la percepción de injusticia que anida en los grupos damnificados, facilitando que expresen su descontento y su oposición. Hay indicios de que ese presagio está empezando a ser ya realidad.

Markel Olano, portavoz parlamentario del PNV en este asunto, afirmó que es obligación de personas e instituciones, tribunales incluidos, «respetar» la decisión de la representación popular. Lo que, en su concepción, significa no cuestionarla. Se pretende «blindar» esas decisiones, dejándolas al margen del control de los tribunales ordinarios. Vana pretensión; la reforma no ‘blinda’ nada. Desaparecido el ‘índice de obligado cumplimiento’ -que representaba un referente legal preciso, que los tribunales ordinarios difícilmente iban a cuestionar-, ahora estos tienen un campo mucho más abierto para enjuiciar si esas decisiones son razonables y proporcionales a la luz de la necesidad de tener en cuenta la diversidad sociolingüística. Al hacerlo no estarán obligados a plantear la cuestión al Tribunal Constitucional, porque, simplemente, estarán interpretando la ley a la luz del Estatuto y de la Constitución. Sí lo habrían estado de aprobarse el texto propuesto por EH Bildu -que exigía el conocimiento en todos los puestos de trabajo-. Pero su radicalidad difícilmente habría eludido una declaración de inconstitucionalidad.

El portavoz peneuvista, Markel Olano, afirmó, asimismo, que en democracia hay que aprender a contar, a riesgo, según sus palabras, de oponerse a la democracia y acabar cayendo en posiciones autoritarias; o, aún peor, concluyó, a riesgo de caer en el ridículo.

Es preocupante la reduccionista concepción de la democracia del portavoz peneuvista, máxime tras la negra historia de muchas de las democracias europeas que, por mor de esa misma concepción, degradaron profundamente el sistema democrático, dejando en papel mojado los derechos proclamados en la constitución. Hace mucho tiempo, Alexis de Tocqueville puso de relieve que el control judicial de las leyes era la barrera más eficaz jamás establecida frente a la tiranía de las asambleas parlamentarias. Esa tiranía de la mayoría por la que, sin sometimiento ni siquiera a lo establecido en el Estatuto, parece abogar Olano, a juzgar por sus palabras.