La salomónica decisión adoptada este lunes por el magistrado Antonio Viejo sobre las medidas cautelares de Begoña Gómez permite paliar en parte el desaguisado provocado por las disparatadas restricciones de movilidad que el juez titular, Juan Carlos Peinado, impuso semanas atrás.
La defensa de la esposa del presidente del Gobierno había solicitado la devolución temporal del pasaporte para hacer dos desplazamientos en la misma semana. Uno a Londres, para asistir a la graduación universitaria de su hija, y otro a Ankara, para acompañar a Pedro Sánchez en la Cumbre de la OTAN.
El juez sustituto ha estimado parcialmente la petición: autoriza el viaje familiar a Reino Unido, pero deniega el desplazamiento institucional a Turquía.
Los argumentos de la resolución judicial son, desde una perspectiva estrictamente jurídica, difícilmente rebatibles.
Para fundamentar el permiso a Londres, el auto atiende a la naturaleza íntima y familiar del evento. Habría resultado humanamente indefendible impedir que una madre acompañase a su hija en un acto de tanta trascendencia personal.
Más aún cuando el viaje se realiza bajo la permanente custodia de los escoltas oficiales de Presidencia, y teniendo en cuenta, como señala el magistrado, que España mantiene con el Reino Unido un marco de cooperación judicial plenamente fiable. Lo cual anula cualquier elucubración sobre un hipotético riesgo de fuga.
La denegación del permiso para viajar a Ankara se sostiene sobre criterios igualmente rigurosos.
El magistrado señala que la asistencia de Gómez a la cumbre de la OTAN obedecía a razones de mera cortesía institucional, tras una invitación de la esposa del presidente turco. Al carecer la investigada de un papel activo o de una agenda de trabajo en la reunión de la Alianza Atlántica, su presencia es prescindible.
A ello se suma un factor legal diferencial: Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. Fuera del marco comunitario, los mecanismos automáticos de control penal y cooperación policial pierden agilidad, lo que desaconseja flexibilizar una medida cautelar en vigor para ese destino.
Conviene precisar que el aval a esta resolución no significa que este periódico comparta la idoneidad de las restricciones impuestas a Gómez.
Al contrario, EL ESPAÑOL se ha pronunciado en reiteradas ocasiones contra la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Esas medidas cautelares carecen de fundamento real y solo han servido para alimentar el relato de victimización de la Moncloa.
Pero, ante la situación endiablada en la que Peinado dejó el procedimiento, la respuesta del juez sustituto sólo puede calificarse de impecable.
Un magistrado suplente no tiene la competencia para levantar unas medidas cautelares ya acordadas por el titular: su obligación legal es salvaguardar su eficacia. Obligado a decidir dentro de un marco condicionado por el criterio del instructor, Antonio Viejo ha tomado la mejor decisión posible dentro de un escenario adverso.
El verdadero reproche debe dirigirse, por el contrario, a Juan Carlos Peinado.
El juez titular se ha marchado de vacaciones dejando el juzgado en vilo y sin resolver una petición que la defensa planteó el pasado 30 de junio.
Supone una falta de sensibilidad manifiesta que, ante una solicitud de escasa complejidad jurídica, el magistrado no dejara el asunto resuelto el pasado viernes. Su desidia ha contribuido a mantener un suspense innecesario hasta el límite del calendario, dado que la delegación oficial parte hacia Turquía este martes.
Resulta paradójico que el mismo instructor que ha mostrado una urgencia inusitada en otras fases de la causa, utilizando incluso sus guardias de fin de semana para acelerar diligencias, haya decidido desentenderse de este trámite perentorio.
Esta actitud, además de reflejar una desidia impropia, constituye una censurable imprudencia.
Un instructor de una causa con unas implicaciones políticas de tal magnitud no puede sustraerse a la evidencia del contexto en el que trabaja: el del encarnizamiento de una campaña feroz del Gobierno y sus terminales afines para deslegitimar a la judicatura y agitar el fantasma del lawfare.
Dejar una resolución de este calibre en el aire es regalar munición a quienes buscan desacreditar el procedimiento.
Y eso es exactamente lo que ha sucedido con la previsible e inmediata respuesta del Gobierno. Óscar Puente no ha dejado pasar la ocasión de ridiculizar la «locura» que supone conjeturar que la esposa del presidente, acudiendo junto a su marido a la cumbre de la OTAN, pudiera decidir allí fugarse y dejar que Sánchez regresara solo.
Lo más lamentable de la errática instrucción del juez Peinado es que, al menos en esta ocasión, termine resultando inevitable darle la razón a un cafre como Puente.