Carlos Granés-ABC

  • En Colombia el petrismo está incitando a la desobediencia civil y a protestas que hagan invivible la república, y en España el sanchismo amenaza con borronear hasta el último consenso

Hubo un tiempo no muy lejano en que las sociedades occidentales, sobre todo las europeas, parecían haber llegado a un consenso fundamental. Independientemente de que los partidos políticos fueran de izquierda o de derecha, y sin importar que persiguieran intereses particulares para una clase o una comunidad, todos aceptaban con agrado o a regañadientes, daba igual, el conjunto de reglas y valores de la democracia liberal. Se cumplía la sentencia de Ludwig von Mises, para quien un partido liberal era una redundancia, casi como defender el agua para los peces. Excepto las posturas totalitarias o reaccionarias, todas las fuerzas políticas de la modernidad compartían principios liberales o republicanos que permitían la cooperación social y la competencia civilizada.

Un consenso previo en torno a la Constitución y al marco normativo y un compromiso fundamental con la pluralidad y la alternancia admitían la pugna feroz entre valores y proyectos sin poner en riesgo la convivencia. La vida pública podía ofrecer un espectáculo edificante o mediocre, feroz o inteligente, pero desde luego no temerario. Eran cosas de políticos, no un drama familiar o el fin de amistades seculares. Mientras se respetaran las reglas y se jugara con la misma baraja, la democracia operaba, los partidos se sucedían en el poder y la derrota electoral suponía un cambio de rumbo, no la llegada de un mal absoluto que pusiera en riesgo a la nación o a los opositores.

Eso es lo que ha cambiado en los últimos tres lustros y ha terminado por acercar la política europea a los modelos más feroces de América Latina: los actores políticos fingen aceptar las normas democráticas mientras las tuercen sistemáticamente, no otorgan legitimidad al adversario, atacan a la prensa independiente y convierten los medios públicos en oficinas de propaganda. Para evadir al Congreso, apuestan por los decretos, hacen de su delirio personal un problema público y acusan a los jueces –como está haciendo Pedro Sánchez en estos días– de aplicar el ‘lawfare’ en su contra. Convencidos de su providencialidad, se atornillan al poder, no convocan elecciones e incluso –como acaba de hacer Gustavo Petro en Colombia– niegan la derrota electoral inventando fraudes inverosímiles o activando alertas antifascistas.

Más grave aún: instauran un clima guerracivilista del nosotros o el abismo, de la vida o la muerte, que está desquiciando a las sociedades. En Colombia el petrismo está incitando a la desobediencia civil y a protestas que hagan invivible la república, y en España el sanchismo amenaza con borronear hasta el último consenso. En eso se parecen Petro y Sánchez: no les importa romper la comunidad política si a cambio conservan el poder. Mueren matando, y con ellos se llevan la concordia y la salud de la democracia.