Una cumbre de la OTAN justifica de sobra el uso de un transporte del Estado. Quizá incluso un Airbus de ochenta plazas, si la comitiva de acompañamiento es lo bastante numerosa para hacerlo necesario. Pero de las tres aeronaves, una la utilizó otra el presidente, otra los ministros Robles y Albares y la tercera es de reserva por requisito protocolario. Sucede que en la agenda de los responsables de Defensa y Exteriores no figuraba ningún acto que les obligase a viajar por separado.

El secreto del despliegue responde a que el jefe del Gobierno tenía previsto ir a Londres, a la graduación de su hija, en el recorrido de regreso. Y ese detalle impedía retornar en el mismo aparato al resto del séquito. Es decir, que una excursión privada triplicó los itinerarios provocando el muy ecológico consumo de 25.800 litros de queroseno por trayecto, 150 toneladas de CO2 en el periplo completo. Con un coste total de alrededor de 100.000 euros.

En términos de sostenibilidad, el capricho presidencial no va a desencadenar, ni siquiera a acelerar, una emergencia apocalíptica. Lo que desde luego no resulta es un modelo de austeridad ni un testimonio simbólico de ejemplaridad política en un gobernante acostumbrado a hacer exhibición de sus preocupaciones ambientalistas. Como mínimo parece un gesto poco sensible con el esfuerzo requerido a la ciudadanía para cumplir con las exigencias del pacto por el clima a costa de modificar, a menudo empeorar, sus condiciones de vida.

Hay algo más significativo en esta conducta despreocupada: la sensación de que la representación institucional justifica prerrogativas plenipotenciarias. Cuando el liderazgo público se convierte en la satisfacción de una adicción personal cualquier desmesura queda autorizada. El abuso del Falcon es parte –episódica pero reveladora– de un concepto patrimonial del poder cuyas manifestaciones degradan los hábitos de la cultura democrática en un marco de preterición del Parlamento, falta de transparencia, desdén por la opinión pública o colocaciones arbitrarias.

Así se entiende la naturalidad con que el sanchismo se identifica con una misión autoadjudicada en la que todo está permitido. Los escándalos de corrupción aflorados responden a esa mentalidad hegemónica que se siente al margen del control político, social, ético o jurídico. Sin conciencia de culpa porque la posición de dominio no se considera una coyuntura, ni menos un servicio: se concibe como un destino.