El PNV se abraza a Bildu en la imposición del vascuence

El pasado 25 de junio el Parlamento vasco aprobó una proposición de ley presentada por el PNV para reformar la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco. Esta norma ha sido cuestionada por el Tribunal de Justicia del País Vasco y por el Tribunal Supremo por entender que la exigencia del vascuence vulnera los artículos tres y veintitrés de nuestra Constitución. Varias ofertas públicas de empleo de distintas administraciones han visto así anuladas sus convocatorias, razón que ha llevado a los separatistas a modificar la ley para asegurar su exigencia. Tan controvertido es el asunto que estaba pendiente de resolverse por el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad planteada en diciembre del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Finalmente, el pasado miércoles se ha hecho pública la muy sorprendente resolución del Constitucional que inadmite a trámite la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Es sabido que el socio del PNV en el Gobierno Vasco es el PSE, por eso a primera vista puede resultar extraño que, en la tramitación en pleno de esta reforma, cuya importancia a nadie se le escapa, los socialistas hayan votado en contra sin que el acuerdo de gobierno se tambalee. Los nacionalistas, no obstante están tranquilos, saben que sus socios tragarán lo que haga falta con tal de continuar en el poder. Para esta ocasión contaban además con otra circunstancia que les aseguraba el triunfo de su iniciativa. La víspera de la votación en pleno de la iniciativa, habían rubricado un acuerdo con Bildu (ETA según sentencia del Tribunal Supremo de 1 de mayo de 2011) para blindar la norma frente a lo que consideren «ataques del Poder Judicial español».

Curiosamente, el mismo 24 de junio en el que Bildu y PNV daban una vuelta de tuerca más a la euskaldunización plena de la administración, el Tribunal Supremo confirmaba una sentencia del TSJPV que anulaba la exigencia del vascuence para el 91 % de las plazas de celador con perfil lingüístico, convocadas por la diputación foral de Vizcaya. Para comprender la naturaleza de este despropósito de inmersión lingüística basta un dato incuestionable. Según el último estudio sociolingüístico elaborado por el Gobierno Vasco en 2021, en Vizcaya se declaran vascoparlantes 37,1% de sus habitantes.

Otra actuación que rebela el sesgo político con que el separatismo envenena el vascuence utilizándolo como herramienta política pudimos verlo en la última edición de la Korrika –marcha en favor del euskera que se celebra por los pueblos del País Vasco cada dos años desde 1980–. Comisiones Obreras ha sido uno de los sindicatos más activos en la presentación de recursos contra la ley de Empleo Público Vasco, obteniendo reiteradas victorias en favor de los opositores discriminados. Pues bien, a pesar de haberse inscrito como participante comprando un kilómetro de la carrera en la edición de este año, fue excluida de la marcha por sus organizadores –AEK coordinadora de alfabetización del entorno de Bildu– por sus «reiterados ataques al euskera».

Termino, el PNV lleva tiempo muy preocupado por la posibilidad de perder el Gobierno Vasco. Elección tras elección comprueba cómo Bildu le pisa los talones y, al igual que hizo en el pacto de Estella, lejos de distanciarse de quienes tienen sus manos manchadas de sangre, considera mejor estrategia abrazarse a ellos para evitar su derrota. Craso error, el PNV en el pecado de su desesperación electoral, lleva la penitencia. En un par de años habrá elecciones autonómicas y será descabalgado de Ajuria Enea por Bildu, es habitual que entre el original y la copia se elija siempre lo auténtico y los separatistas no son una excepción. También les digo otra cosa, los actuales socios del PNV en el Gobierno Vasco, los socialistas que hoy exhiben su discrepancia votando en contra de la proposición de ley, mañana serán los socios de los herederos de ETA en el Gobierno Vasco. Se admiten apuestas.