El jueves por la mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló los aspectos esenciales de la Ley de Amnistía. Y el ministro Félix Bolaños compareció inmediatamente desde La Moncloa para celebrar el fallo con solemnidad institucional, calificarlo de logro colectivo y afirmar que el horizonte quedaba despejado para su plena aplicación.

Pocas horas después, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Apenas unos días antes, en una entrevista radiofónica, el ministro Bolaños había definido a estos magistrados como profesionales competentes, imparciales e independientes a quienes correspondía resolver con tranquilidad.

Sin embargo, la respuesta de Moncloa al auto no se hizo esperar: «Causa política», denuncia falsa, persecución contra la esposa del presidente.

No me corresponde valorar aquí si la amnistía es una ley justa, ni si Begoña Gómez es culpable o inocente. De eso ya se ocuparán, respectivamente, el Tribunal Constitucional y un jurado popular.

Lo que me interesa es lo que certifica la reacción del Gobierno ante dos resoluciones dictadas el mismo día por órganos igualmente legítimos del Estado de derecho. Ni más ni menos que una concepción instrumental de la independencia judicial.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se ha mostrado de nuevo como la encarnación de esta doble vara de medir.

Los jueces siguen siendo igual de legítimos, lo que cambia es la conveniencia de sus resoluciones para el poder político.

Resulta significativo que, incluso quienes siguen considerando la amnistía una cesión política inaceptable, hayan reaccionado al fallo del TJUE recordando que las sentencias se respetan aunque no se compartan.

Es una actitud que debería ser exigible a cualquier fuerza democrática y, con mayor razón, al propio Gobierno cuando las resoluciones afectan a su entorno más próximo.

La reacción de La Moncloa resulta aún más llamativa si se atiende al contenido de la resolución de la Audiencia Provincial. Los magistrados no condenan ni anticipan culpabilidades; simplemente consideran que existen elementos suficientes para que un tribunal del jurado examine unos hechos de evidente relevancia pública.

En ese contexto, evocan el precedente de Iñaki Urdangarin para recordar que el ordenamiento jurídico español ya ha considerado penalmente relevante el aprovechamiento de una posición de proximidad al poder para abrir puertas, generar oportunidades o facilitar relaciones que difícilmente habrían existido en circunstancias ordinarias.

Y que la influencia derivada de la posición institucional de un cónyuge constituye una cuestión jurídicamente examinable.

Someterla al escrutinio de los tribunales no es una anomalía democrática, sino la aplicación de principios ya consolidados por nuestra jurisprudencia.

El problema no es sólo que el Gobierno invoque el lawfare cuando una resolución le perjudica, sino que lo haga frente a una decisión judicial cuyo argumento principal es que la cercanía al poder no constituye un privilegio frente a la ley, sino una razón adicional para exigir transparencia y rendición de cuentas.

Discrepar de una sentencia es legítimo, incluso saludable. Forma parte del debate democrático y cualquier gobierno tiene derecho a recurrir, a criticar el razonamiento jurídico y a defender su posición ante instancias superiores.

El problema aparece cuando esa discrepancia se traslada a la legitimidad misma de quien juzga. Cuando el argumento deja de ser «esta sentencia es errónea» para convertirse en «estos jueces actúan por motivos espurios».

Ahí es donde el desacuerdo político se transforma en deslegitimación institucional, y ahí es donde el término lawfare deja de describir una anomalía para convertirse en un recurso retórico disponible siempre que el poder pierde.

La independencia judicial no puede ser una verdad intermitente, válida cuando conviene y sospechosa cuando no.

La confianza institucional no se administra según la conveniencia coyuntural de quien gobierna en cada momento. Los gobiernos democráticos, precisamente porque lo son, están obligados a convivir también con las resoluciones que les incomodan, sin necesidad de acompañarlas de relatos de conspiración.

Y eso no es debilidad, sino la esencia misma de un sistema en el que los poderes se controlan entre sí.

Porque el Estado de derecho empieza a erosionarse cuando el poder deja de discutir las decisiones de los jueces para empezar a discutir la legitimidad de los jueces que deciden.