Menos bonito, en estos años los hemos visto llamarse de todo. La presente legislatura ha batido de largo el récord de descalificaciones e insultos. Pero la noticia de estos días, casi al mismo nivel de impacto que la virulencia de los incendios, ha sido que las distintas administraciones se han coordinado. Mira qué bien. Todos contentos. Cuando esa es la gran novedad, en condiciones extremas, es que algo nos pasa. Y no es nada bueno.

No hay en todo caso de qué preocuparse. Cuando finalice esta última oleada de fuego infernal, incluso antes, las aguas volverán a su cauce y las cañas se volverán lanzas. Porque ni siquiera en estas graves circunstancias nos hemos librado del todo de la bronca y el improperio. No esperemos nada. Mucho menos en el último tramo de esta infausta legislatura. No hay tregua, ni base ni espacio para ningún acuerdo serio.

Lo ha resumido perfectamente en Agenda Pública el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UNED Xavier Coller: son el ciclo electoral y la polarización los factores que bloquean cualquier pacto de Estado ante una emergencia, por más grave y urgente que sea. Lo peor es que sabemos lo que hay que hacer. Pero no se ha hecho. Probablemente porque combatir anticipadamente el riesgo de incendios no da votos. Y es improbable que ahora se haga, porque tenemos, como quien dice, elecciones a la vista, y no conviene darle la mano al enemigo, por muchas casas que se quemen, por muchas hectáreas que ardan.

¡Queda inaugurado este cortafuegos!

Es un trabajo arduo y silencioso. Y en el desbroce de los montes no se corta ninguna cinta conmemorativa. ¡Queda inaugurado este cortafuegos! Algún día lo veremos. Lo que llevamos una eternidad soportando es a los partidos políticos usando las catástrofes como arma contra el adversario, pasándose frívolamente la pelota de la responsabilidad y anunciando ambiciosos planes que terminan en un cajón olvidados.

En eso, en pregonar resolutivas y presuntas eficaces medidas es este gobierno experto. Lo hizo el año pasado. Primero, como ha contado aquí Beatriz Jiménez Pérez, aprobando un Real Decreto (el 716/2025) para responder a la “peor crisis forestal de las últimas décadas”. La “peor crisis forestal” de cada año. El decreto fijaba los criterios comunes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en toda España, y dejaba a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica su desarrollo reglamentario. Han pasado doce meses, media España está ardiendo, y seguimos esperando.

Solo unas semanas después de aquel fallido real decreto, Pedro Sánchez presentó en un solemne acto su propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, respondiendo así a las 50 medidas contra los incendios en el medio rural que el Partido Popular había dado a conocer a finales de agosto (2025). Ni el decreto ni el pacto han llegado a buen puerto. Mucho eslogan, mucha escenografía deslumbrante, pero eficiencia cero.

Desde 2022, en ese momento el peor ejercicio en materia de incendios desde 1994, venimos siendo advertidos año tras año, sistemáticamente, de la creciente magnitud del problema. ¿Qué se ha hecho al respecto? En 2023 Greenpeace ya puso el dedo en la llaga: solo el 0,1% del total de los fondos europeos ha sido destinado a gestión forestal. Y advertía: “No existen datos normalizados para poder cuantificar qué cifra se invierte en gestión forestal frente al gasto de las administraciones en extinción forestal”. El Estado ha destinado 30.000 millones de euros en empresas privadas a través de la SEPI. Para eso sí hay recursos. Un chorro de dinero. Pero para limpiar los montes solo calderilla.

Elecciones a cara de perro

En aquella ocasión, Greenpeace cifró en 1.000 millones de euros anuales la cantidad necesaria para hacer una política de gestión forestal a escala nacional. Hoy sabemos, gracias a la AIReF, que a julio de 2026 solo se ha ejecutado el 26,4% de los ya de por sí raquíticos 401 millones presupuestados para tal faena. También sabemos, gracias a los colegas de El Confidencial, que el Gobierno ha destinado tres de cada cuatro euros del fondo de emergencias a gasto ordinario. Y que casi la mitad del parque de hidroaviones del Estado no puede despegar por problemas mecánicos.

Someter al filtro siempre sesgado de la ideología la resolución de graves problemas, que debieran quedar al margen de esta, no deja de ser un serio contratiempo. Pero la incompetencia lo es aún mayor. Insistir en el mantra beatífico del pacto contra la emergencia climática para justificar la omisión de imprescindibles medidas previas, es una premeditada manera de eludir cualquier consenso. El cambio climático es una realidad, pero no es España, que emite el 0,7 del CO2 mundial -frente al 43% de la suma China-Estados Unidos-, la causante del problema (ni tiene en su mano la solución).

Más bien pareciera que, con tanta matraca, lo que busca Sánchez es justificar la incapacidad de afrontar la emergencia por parte de un Gobierno agarrotado que arrastra el lastre de un presupuesto tres veces prorrogado, zafándose de paso de un incómodo pacto con el PP cuando estamos a pocos meses de una cita con las urnas que volverá a ser, quizá más esta vez, a cara de perro. Mala suerte para el campo.

Hay herramientas de sobra

La mayoría de los expertos coinciden en el diagnóstico: el abandono del medio rural ha provocado que la superficie forestal que sufre el aumento de sequías y olas de calor sea mucho mayor. Estas condiciones provocan la desecación de la vegetación por pérdida de agua (evapotranspiración) lo que la convierte en “combustible”, es decir, alimento para el fuego.

En este informe de Greenpeace, y en otros del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), está todo descrito. El problema y las posibles soluciones: invertir en prevención, limpiar el monte, recuperar usos agroforestales tradicionales -especialmente ganadería extensiva y cultivos de toda la vida-, mejorar la investigación sobre las causas, reforzar la identificación de los responsables y aplicar sanciones efectivas.

Todos los que de esto saben coinciden en lo esencial: el Gobierno tiene herramientas de sobra para abordar las peticiones de los expertos sin necesidad de convertirse en campeón mundial del clima. La Estrategia Nacional de Protección Civil (BOE, 18/12/2024), por ejemplo. Pero no hay voluntad política. Ni al parecer dinero disponible para nada que políticamente no produzca un rédito inmediato.

Qué, ¿es o no es para estar cabreado?