Horas después de la pregunta engañosa que había formulado Pedro Sánchez para defender a su mujer ante los periodistas, saltó la noticia del cambio de letrado. La mujer del presidente ha decidido sustituir al fiel Antonio Camacho, exministro socialista, por el prestigioso penalista mallorquín Jaime Campaner, que intervino en casos tan mediáticos como los de Pujol, Villarejo, ‘Nóos’ o ‘Pokémon’. Su caso más reciente conocido es el del futbolista del Valencia Rafa Mir.

Este cambio de perfil implica el descarte de una defensa de marcado peso político para optar por un asesoramiento esencialmente técnico. Begoña Gómez va a necesitar una línea de apoyo jurídico bien fundamentada capaz de desmontar la cantidad de indicios, testimonios y pruebas que hay en su contra.

Dado que la investigación del juez Peinado fue avalada por varios magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, no parece una buena estrategia procesal insistir en que se trataba de una obsesión del instructor.

En el curioso balance del año del presidente del Gobierno, veinticuatro horas antes, en el que no hizo mención alguna a todos los casos de corrupción de su entorno político, se explayó en la defensa de su hermano y su mujer. Lo más chocante fue el alegato que hizo en amparo de Begoña, acusada de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. «¿Queremos que las parejas de los presidentes o presidentas tengan que dejar su trabajo?». Requería a los periodistas aguardando su aprobación. Lo que queremos, en una democracia sana, es que los parientes no se aprovechen de su condición para ejercer su influencia a la hora de colocarse o hacer negocios. La esposa de Mariano Rajoy, por citar un ejemplo, Elvira Fernández, licenciada en Ciencias Económicas, pidió una excedencia en Telefónica durante la etapa del Gobierno de su marido. Sin darse importancia.

Mucho antes del ‘caso Begoña’, la Justicia sentó en el banquillo a la mujer de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina de Borbón. Ella resultó absuelta del cargo de cooperadora necesaria con una multa porque fue considerada partícipe, a título lucrativo, de las trampas delictivas de su marido. El abogado que ahora va a defender a la esposa del presidente logró, precisamente en el ‘caso Nóos’, la absolución del asesor fiscal Salvador Trinxet. Fueron años muy duros para la Casa Real, pero en ningún momento arremetió contra Manos Limpias, que ejercía la acusación popular. Tampoco se le ocurrió acusar al juez instructor de prevaricador.

Pero con Pedro Sánchez todo es diferente. Con la investigación judicial sobre su esposa, la palabra ‘lawfare’ ha sido el comodín de todos los portavoces socialistas. Lo cierto es que la queja de Pedro Sanchez de que a su mujer se le persigue por su grado de parentesco no cala en la ciudadanía.

¿Begoña Gómez tiene que rendir cuentas ante los tribunales por ser esposa del presidente o por ser esposa del presidente realizó movimientos que deben ser juzgados? Será la Justicia quien decida si su conducta fue poco ética o delictiva. Todo lo demás es propaganda de supervivencia.