Desde el Partido Popular de Bizkaia lo decimos con claridad: no es justo, no es necesario y responde a una forma de gobernar que cada día cuesta más a los ciudadanos.

Durante 50 años, los vizcaínos hemos pagado por utilizar esta infraestructura. La hemos financiado, la hemos amortizado y hemos contribuido a su mantenimiento. Mientras el resto de españoles dejará de pagar, aquí se nos dice que debemos seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque así lo decide el nacionalismo.

Se intenta justificar esta decisión apelando al Concierto Económico. Pero el Concierto no obliga a cobrar peajes; otorga capacidad de decidir. Y esa es la clave: el problema no es el instrumento, sino el uso que se hace de él. El nacionalismo ha convertido esa capacidad en una herramienta para recaudar más, no para aliviar la carga de los ciudadanos.

Todo ello a pesar de que, el año pasado, la Diputación Foral de Bizkaia batió su récord histórico de recaudación fiscal: ingresó 10.442 millones de euros. Con estos niveles de ingresos, sostener que el peaje es inevitable resulta, como mínimo, poco creíble. No estamos ante un problema de falta de recursos, sino ante una decisión política: la de seguir cargando sobre los ciudadanos costes que podrían asumirse desde lo público.

Porque, en realidad, estamos ante un modelo que ha ido evolucionando en una dirección muy clara: más peajes, más tasas, más presión económica. Hoy en Bizkaia se paga por circular por la A-8, por los túneles de Artxanda, por la Variante Sur Metropolitana, y ahora también se perpetuará el peaje de la AP-68. A ello se suman nuevos cánones a transportistas y otras fórmulas recaudatorias. El resultado es evidente: el nacionalismo ha construido un sistema en el que todo se paga.

Y todo ello mientras se sigue repitiendo el eslogan de ‘menos impuestos y mejores servicios’. La realidad es justo la contraria: cada vez se paga más y no existe un debate serio sobre la eficiencia del gasto público. Mantener el peaje de la AP-68 no es una necesidad técnica, es una decisión política que evita entrar en la cuestión de fondo: cómo gestionar mejor los recursos que ya se tienen.

Se nos dirá que hay que financiar el mantenimiento de las carreteras. Por supuesto. Pero eso ya se hace con los impuestos que todos pagamos. En el resto de España, las autopistas que se han liberalizado se mantienen con cargo a los presupuestos públicos. Aquí, en cambio, el nacionalismo opta por una vía más sencilla: seguir cobrando.

También se invoca el principio de ‘quien contamina, paga’. Un argumento que podría ser razonable si se aplicara de forma coherente. Pero no lo es cuando se utiliza para justificar la continuidad de peajes históricos en un solo territorio. Eso no es política medioambiental; es política recaudatoria.

La consecuencia de todo esto es clara: Bizkaia se queda atrás. Mientras otros territorios eliminan barreras y reducen costes para familias y empresas, aquí se consolidan. Mientras fuera se avanza hacia la liberalización, aquí se perpetúan los peajes. Y todo por una decisión ideológica que prioriza ingresar más frente a facilitar la vida de los ciudadanos.

Porque no nos engañemos: este no es un debate técnico, es un debate político. Es el resultado de un modelo nacionalista que ha hecho del cobro una constante y que ha asumido con normalidad que los vizcaínos paguen más que el resto.

Desde el Partido Popular de Bizkaia defendemos lo contrario: que después de 50 años pagando, lo razonable es dejar de hacerlo. Que la capacidad de autogobierno debe servir para mejorar la vida de los ciudadanos, no para encarecerla. Y que gestionar bien no es cobrar más, sino gastar mejor.

Bizkaia no puede resignarse a ser una excepción permanente. No puede aceptar que, mientras el resto del país avanza, aquí se siga retrocediendo. Porque el verdadero peaje que estamos pagando no es el de la autopista, sino el de un modelo político, el nacionalista, que cada día resulta más caro.