Ceuta está viviendo una de las situaciones más críticas de los últimos años. Miles de marroquíes, 20.000 según el presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas, han cruzado a nado o bordeado el espigón del Tarajal desde las primeras horas de la mañana del jueves.
Esto no es una crisis migratoria, como pretende el Gobierno español. Es una invasión coordinada que difícilmente podría haberse ejecutado sin la complicidad, como mínimo pasiva, del Gobierno marroquí.
Que en el origen de esta invasión esté una sentencia del Tribunal Supremo no debe ocultar que a estas horas España está sufriendo un ataque directo a su soberanía nacional en una ciudad que el Gobierno de Marruecos reclama para sí y cuya españolidad nunca ha reconocido.
El Gobierno debe por tanto reconocer, como ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que se enfrenta a una emergencia nacional, asumir el mando único de la respuesta, desplegar al Ejército en Ceuta y repatriar de inmediato a todas y cada una de las personas, en su inmensa mayoría hombres adultos en edad militar, que han entrado de forma ilegal en territorio español.
Después, debe adoptar todas las medidas diplomáticas, policiales y militares necesarias para asegurar las fronteras de Ceuta.
EL ESPAÑOL quiere transmitir su solidaridad a las autoridades y a los ciudadanos de Ceuta que a estas horas se han refugiado en sus casas o que protestan frente a una amenaza de proporciones inéditas. Ceuta es una ciudad con una larga y ejemplar historia de convivencia entre culturas a la que el Gobierno español no puede dejar abandonada, permitiendo por la fuerza de los hechos consumados que caiga en el caos.
El presidente, Pedro Sánchez, debe por tanto asumir que esta invasión es una acción hostil de guerra híbrida destinada a socavar la soberanía nacional. Y si después de ver las imágenes de este jueves el presidente sigue creyendo que esto es una simple avalancha espontánea de emigrantes, entonces debe dimitir de inmediato y permitir que alguien dispuesto a defender la españolidad de Ceuta ocupe su lugar.
Este jueves, muchos comercios, entre ellos el centro comercial Parques de Ceuta y otras grandes superficies, han cerrado temporalmente por temor a la inseguridad. Los ciudadanos se han refugiado en sus casas.
Ahora, miles de asaltantes recorren las calles de la ciudad, sin mayor propósito que quedarse en Ceuta como sea o conseguir pasar a la península.
La imprevisión e imprudencia de la Moncloa ha sido flagrante.
Imprevisión porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevaban meses alertando del efecto llamada provocado por la regularización masiva de inmigrantes ilegales ejecutada por el Gobierno.
E imprudencia por la errática, caótica y difícilmente comprensible política internacional de Pedro Sánchez tanto con el Sáhara como con Argelia. Y, por supuesto, con Marruecos, al que la Moncloa sigue tratando con una deferencia chocante, sobre todo en comparación con la agresividad con la que el Ministerio de Exteriores ha recibido la noticia de que Meloni se está planteando cerrar el espacio Schengen con España.
A ello hay que sumar la sentencia del Supremo que ha prohibido las devoluciones ‘en caliente’ en el mar.
La inacción de las autoridades marroquíes también resulta llamativa.
Marruecos dispone de capacidad sobrada para controlar sus playas y el acceso al espigón. Lo demostró en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron en pocas horas después de que España acogiera en un hospital al líder del Polisario, Brahim Ghali.
Entonces Rabat dejó claro que la frontera sur puede convertirse en un instrumento de presión.
Esta vez, mientras miles de hombres se lanzaban al agua, la contención ha sido insuficiente.
La crisis llega tras dos hechos difíciles de ignorar.
El primero, la reunión, este 20 de julio, de Pedro Sánchez con el presidente argelino. Argelia es el principal rival regional de Rabat y el mayor valedor del Frente Polisario. Cualquier gesto de acercamiento español hacia Argel se percibe en la capital marroquí como una afrenta.
El segundo, el hecho de que este 29 de julio, con motivo de la Fiesta del Trono, el rey Mohammed VI indultó a 1.788 condenados marroquíes. Un gesto de clemencia interna que, en plena crisis fronteriza, adquiere un significado político difícil de separar del momento.
Las tensiones bilaterales no son nuevas. La cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo el principal foco de desencuentro. Aunque el Gobierno de Sánchez se desplazó en 2022 hacia el plan de autonomía marroquí, Rabat exige un apoyo más inequívoco y no tolera gestos que puedan interpretarse como equidistancia o acercamiento a Argel.
A ello se suman fricciones recurrentes sobre el control de las aguas, la pesca, los controles en la frontera terrestre y la cooperación en materia de seguridad, así como, evidentemente, la españolidad de Ceuta y Melilla.
Cada vez que Madrid da señales de autonomía diplomática respecto a Argelia o muestra sensibilidad hacia la causa saharaui, la respuesta marroquí tiende a traducirse en un aumento de la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla.
No es una teoría: es un patrón observado en 2021 y, de nuevo, este jueves.
La sospecha de que esta avalancha responde a una decisión calculada de la monarquía marroquí no es, por tanto, gratuita. Rabat ha utilizado históricamente los flujos migratorios como instrumento de presión.
Los asaltantes que se lanzan al mar no actúan así en el vacío: saben que, una vez en territorio español, el procedimiento de devolución se alarga y la solicitud de asilo paraliza la expulsión. Y esa certeza se ha extendido con rapidez, gracias en buena parte a la sentencia del Supremo.
España ha cerrado la frontera con Marruecos. Es un gesto necesario, pero insuficiente si no va acompañado de una reforma legal que recupere el rechazo en frontera también en el mar y de una diplomacia que deje claro que España no aceptará ser rehén de la política exterior alauí.
Especialmente si se tiene en cuenta que la posición diplomática de España respecto a Ceuta, Melilla e incluso las islas Canarias no es ya ni siquiera la de 2021: desde entonces, el Gobierno estadounidense se ha acercado a Marruecos de forma clara y se ha distanciado de España.
Prueba de ello son las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, que arremetió contra España hace sólo unos meses pidiendo a Trump que cerrara las bases de Rota y Morón en represalia por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no permitir su uso para la guerra contra Irán.
Ceuta no puede seguir siendo el rehén perpetuo del Gobierno marroquí y de la impotencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Una frontera que se abre y se cierra según convenga a Rabat deja de ser una frontera y se convierte en un chantaje. O, peor aún, en un arma disponible a demanda para un gobierno más hostil a España de lo que la Moncloa quiere convencer a los españoles.