Un dislate por la incapacidad de las autoridades autonómicas, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, para ofrecer una explicación razonable de por qué se efectuó esa millonaria adquisición; por qué no se exploraron alternativas en edificios que ya son de propiedad pública o en alquiler; y por qué los madrileños solo han sabido de esta disposición del erario cuando lo ha destapado la prensa.

El vendaval de críticas ha forzado a Ayuso a dar marcha atrás apenas 24 horas después de haberse empecinado en justificar lo injustificable, atribuyéndolo a «una campaña de desprestigio» que, vista la resolución, se ha demostrado que no era tal. Pero la enmienda no ha evitado incurrir en el agravio.

Porque lo es que el Ejecutivo regional proclame ahora que vende este y cuatro inmuebles más por 20 millones usando como parapeto argumental las necesidades de las víctimas de los incendios.