La existencia de una orden de Rabat para abrir la frontera exigiría evidencias. Pero la escala del episodio, el control marroquí de su lado de la frontera y el precedente de 2021 impiden reducirlo a un fallo policial.

Si el Estado marroquí no pudo impedirlo, su capacidad como socio de seguridad queda cuestionada.

Si pudo hacerlo y no quiso, se trataría de coerción mediante instrumentos no militares.

Ambas hipótesis conducen a la misma conclusión: España no puede delegar la seguridad de Ceuta y Melilla en la buena voluntad de Marruecos.

Madrid confió en el llamado «colchón de intereses»: comercio, inversiones, cooperación migratoria, vínculos humanos y proyectos compartidos que elevarían el coste de cualquier crisis. Ese entramado existe y es valioso. España es el primer socio comercial de Marruecos; el intercambio bilateral superaba los 22.500 millones de euros en 2025 y más de 350 empresas españolas estaban instaladas, según la Secretaría de Estado de Comercio.

Sin embargo, esos datos demuestran interdependencia, no lealtad estratégica.

La experiencia internacional es inequívoca. La dependencia energética europea de Rusia no evitó la invasión de Ucrania. Los intercambios tampoco han eliminado la rivalidad entre Irán y las monarquías árabes del Golfo. La economía puede encarecer una agresión, pero no suprime los objetivos territoriales, el nacionalismo ni las necesidades de legitimación de un régimen.

Incluso puede crear vulnerabilidades cuando una parte considera que la otra teme más la ruptura.

La estrategia española formalizada en 2022 tras la crisis anterior apostó por reducir esa fricción mediante concesiones y confianza. Madrid calificó la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base «más seria, realista y creíble».

A cambio, la declaración bilateral prometía respeto mutuo, ausencia de hechos consumados, normalización fronteriza y cooperación migratoria reforzada.

Esos compromisos constan expresamente en la declaración de Rabat. La crisis cuestiona el núcleo del pacto, no un aspecto secundario.

También obliga a revisar la idea de que la monarquía marroquí constituye necesariamente un factor de estabilidad. Un régimen puede ser estable dentro de sus fronteras y proyectar inestabilidad fuera de ellas.

Rabat mantiene una visión revisionista sobre Ceuta y Melilla y dispone de instrumentos graduales (migración, aduanas, comercio, campañas informativas o presión diplomática) que operan por debajo del umbral de la guerra.

Esa ambigüedad es precisamente la esencia de la acción híbrida y es su estrategia preferida justamente porque la confrontación militar hoy por hoy sería un suicidio para ellos. Hoy por hoy.

España conserva una superioridad militar general, especialmente en capacidades navales, aéreas, tecnológicas y de alianza. Pero ninguna ventaja es permanente, y Marruecos lleva años modernizando sus fuerzas.

La pregunta incómoda resulta, por tanto, legítima: si Rabat acepta tensar la frontera cuando la correlación le es desfavorable, ¿cómo actuaría bajo condiciones de paridad o superioridad?

Evidentemente nos declararán la guerra y nos atacarán, conquistarán nuestras ciudades a sangre y fuego si es necesario (como ya hicieron en el Sáhara Occidental).

Y por eso la planificación española debe empezar a presumir un escenario de hostilidad abierta y mala vecindad.

¿Es la monarquía alauí un factor de estabilidad o de inestabilidad?

¿Le interesa a España que dicha monarquía siga existiendo?

Son preguntas que conviene plantear.

Preservar una ventaja amplia exige inversión continuada en defensa aérea, vigilancia marítima, inteligencia, movilidad, guerra electrónica, munición y refuerzo rápido de Ceuta, Melilla y Canarias.

Sin embargo, las plataformas militares no bastan. Una espada que nunca puede salir de la vaina no disuade. La capacidad debe estar respaldada por voluntad política y por una escala de respuestas previamente definida.

Ese es el carcaj de castigos que falta: consultas automáticas con la Unión Europea y la OTAN; condicionalidad de fondos y financiación preferente; congelación de créditos públicos para proyectos no esenciales; controles sobre tecnología de doble uso; presión diplomática coordinada; y costes selectivos sobre responsables estatales o las remesas, evitando castigar indiscriminadamente a la sociedad marroquí.

A ello debe añadirse una frontera capaz de resistir horas o días sin depender de que Marruecos cumpla su función y la opción atómica: aliarse con el Polisario y Argelia.

No se trata de destruir los vínculos económicos ni de convertir a los migrantes en enemigos. Son personas expuestas a una maniobra que no controlan. Se trata de abandonar la ficción de que la cooperación se sostiene por sí sola.

El diálogo es útil cuando descansa sobre reciprocidad; sin ella, se transforma en dependencia.

La política iniciada en 2022 ha fallado su principal prueba de resistencia. España necesita conservar el colchón, pero también colocar junto a él un carcaj de castigos.

Pugnaremos y venceremos.

*** Yago Rodríguez es analista militar y geopolítico, y director de The Political Room.