José M. de Areilza-El Correo
- Marruecos aprovecha la debilidad española y da otro aviso para extraer concesiones a un vecino que no le pone límites
El asalto marroquí a Ceuta ha tenido lugar en un momento de una enorme debilidad interna del Gobierno español, que además practica una política exterior alejada de los que deberían ser sus aliados en Bruselas. Es muy posible que la doble anemia democrática y diplomática explique la razón del ataque y no tanto el cierre de la crisis con Argelia o los pasos para dar la nacionalidad española a ciudadanos saharauis. Marruecos simplemente aprovecha la debilidad española y lanza un nuevo aviso para extraer todavía más concesiones de un vecino que ya no le pone límites.
Sin embargo, España no es un Estado nación según las categorías del siglo XIX. Hace más de 40 años se convirtió en Estado miembro de la Unión Europea, una mutación constitucional con enormes implicaciones políticas y económicas. La violación de la soberanía nacional española es también un desafío a las instituciones de Bruselas y a sus políticas. La reacción de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, una vez más transmite la sensación de que en cuestiones de seguridad la Unión Europa no pesa lo suficiente. Sus declaraciones, basadas en argumentos técnicos y jurídicos, solo se han visto acompañadas por la orden a dos comisarios de apoyar los intentos del Gobierno español de sofocar la crisis.
Esta mentalidad declarativa y burocrática es del todo incompatible con el nuevo tiempo geopolítico, que requiere una capacidad ejecutiva respaldada por la posibilidad de coerción económica y el respaldo del poder militar. El asalto a Ceuta se produce en un momento en el que la UE no tiene una política de inmigración común, ni tampoco una política hacia Marruecos que pueda competir con el gran apoyo que el Gobierno de Rabat recibe de Washington y Tel-Aviv. Aunque se han dado importantes pasos en Bruselas para unificar las normas sobre asilo y migraciones, la ejecución de este marco común europeo depende de 27 administraciones nacionales que aplican las normas europeas de manera diferente. Las decisiones sobre la migración legal y sobre integración social siguen siendo nacionales, así como la cooperación con los países de origen, el rechazo en frontera, la devolución y la expulsión de inmigrantes. La contribución a la solidaridad entre Estados miembros que reciben refugiados es muy flexible.
Es muy difícil avanzar hacia una mayor integración europea en los asuntos en los que los más extremistas incendian los debates nacionales y locales. Mientras tanto, los que critican a la Unión Europea por su papel secundario en crisis como la actual son los mismos que hacen imposible el desarrollo de políticas europeas unificadas y eficaces.