Tras el conato de invasión fake que el reino de Marruecos permitió, alentó u organizó sobre Ceuta como advertencia, amenaza o venganza contra España y que el Gobierno de Sánchez no pudo, no supo o no quiso detener, asistimos al día a día de sus consecuencias más profanas y prosaicas, esas de las que quienes viven en Moncloa o en una urbanización con aparcamiento privado y piscina… no suelen tener conocimiento, no quieren enterarse o a veces no hacen nada por resolver porque no les afectan… pero que sí afectan a los ciudadanos residentes en los barrios más populares… aunque todo sea cuestión de tiempo y los problemas se extienden como una marea. 

Atender a estas personas y tratar de resolver sus problemas no consiste en exagerar, distorsionar o manipular las cifras oficiales ni alentar sus más bajos instintos, como el miedo o el odio al diferente, pero sí exige tomar las medidas que sean pertinentes para matar dos pájaros de un tiro: por un lado, para evitar o resolver los problemas de convivencia que ya existen entre quienes han venido de fuera y no pueden o no quieren integrarse y los autóctonos que llevan viviendo toda su vida tranquilamente en su barrio; por otro lado, para detener o al menos frenar y en todo caso no avivar el racismo y la xenofobia de los que algunos quieren aprovecharse y que otros quieren ayudar a fomentar… para beneficiarse políticamente. 

De momento, por lo que podemos ir sabiendo a través de distintas fuentes que no provienen precisamente de Javier Ruiz ni de otros periodistas al servicio del PSOE, en Ceuta quedan miles de inmigrantes irregulares, parte de los cuales, tras la oleada enviada a España por el dictador Mohamed VI, están siendo atendidos por organismos oficiales y, en muchos casos, por los propios vecinos que tratan de llegar adonde el Estado ha comenzado ya a no llegar, por razones obvias que muchos siguen sin querer ver. Entre ellos se encuentran miles de menores extranjeros no acompañados para cuya atención, a pesar de que su número exacto se desconoce, el Gobierno de España ya ha habilitado una partida redonda de 25 millones de euros (de unos presupuestos generales inexistentes) que, en todo caso, saldrán de nuestros bolsillos. 

Los menores, con su familia

En principio, no hay persona decente que rechace atender a los menores que han huido de sus países de origen víctimas de la guerra, la pobreza y la represión, y porque además la ley así lo exige aunque Vox presione al PP para que la incumpla; el problema es cuando no son inmigrantes irregulares clásicos sino que son personas que provienen de dictaduras cuyos gobernantes las utilizan para perjudicar a España y a la Unión Europea como parte de una guerra híbrida cuyas consecuencias más graves no hemos visto aún. Y porque, digo yo, todo tiene un límite, y no hay país que pueda asumir la llegada progresiva e indefinida de un número indeterminado de inmigrantes. Además, de la misma forma que no hay personas decentes que quieran abandonar a su suerte y ver morir a quienes no les queda otra opción que huir de sus países de origen, no hay personas sensatas y con dos dedos de frente que no compartan que donde mejor están y donde deben estar los menores es con sus familiares en sus países de origen; otra cosa es que se prefiera no verbalizar lo que es una evidencia por miedo a que te llamen fascista o que haya partidos que utilicen la inmigración como arma arrojadiza para azuzar el miedo a la extrema derecha. 

España no ha resuelto ni tiene controlado el problema de la inmigración irregular por mucho que se afanen Pedro Sánchez y sus ministros-vasallos en vendernos lo contrario; más bien al contrario, todo parece indicar que lo está agravando, y no descarto que sea por propia conveniencia política: por un lado, para que la extrema derecha crezca y el PP tenga que conformar con Vox gobiernos inestables que caigan más pronto que tarde; por otro lado, para que cambie la realidad social y electoral y tal cosa le acabe antes o después beneficiando, directa o indirectamente. Otros, mientras tanto, supuestamente de izquierdas y sensibles teóricamente a los problemas sociales, obvian la realidad de los barrios y los problemas que ya se está produciendo y que los residentes están sufriendo, mientras claman que no hay ningún problema y que todo es invención de la internacional reaccionaria, que supongo la conformarán todos los que no pertenecen a la izquierda oficial y a la izquierda reaccionaria. 

El chantaje nacionalista

Ahora, entre los muchos problemas que ya están sobre la mesa y que el Gobierno de España niega, está el reparto de los menores no acompañados entre las distintas comunidades autónomas; según los propios vecinos, en Ceuta quedarían unos cinco mil, nada más y nada menos. Las comunidades autónomas pueden recurrir las resoluciones individuales de traslado, cuestionar la asignación de recursos, utilizar la falta de plazas como elemento de presión política o criticar la política migratoria del Gobierno de España, pero no pueden no cumplir la ley de extranjería que las obliga a aceptar el reparto que definitivamente se haga. Vox ya está presionando al PP allí donde gobiernan para que se niegue a aceptar a más menas de los que ya están atendiendo porque sus centros están colapsados mientras que otras comunidades aceptan con reservas o con críticas mientras se mantienen vigilantes y a la espera de conocer los números del reparto. Cataluña y Euskadi, esas comunidades tan proclives a obtener beneficios políticos y económicos a costa del resto y tan perezosas para arrimar el hombro cuando la ocasión lo requiere, que hace un año ya quedaron fuera del reparto porque supieron chantajear con la habilidad que las caracteriza al Gobierno de España, hoy dicen con matices estar dispuestas a ayudar a Ceuta, cuyo presidente, Juan José Vivas, ha pedido estos días «socorro, auxilio, ayuda y solidaridad» para resolver la gravísima crisis que sufre la ciudad que gobierna. La consejera vasca, con buen criterio, ha pedido que «se agoten todas las vías para que los menores vuelvan con sus familias», que una cosa es arrimar el hombro y otra ser cómplice de los chantajes de Marruecos y de los chanchullos de Sánchez. 

Sea como fuera, nada se resolverá si la Unión Europea no es capaz de hacer frente al reto de la inmigración masiva y mientras el Gobierno de España no deje de comportarse de manera demagógica e irresponsable por simples intereses políticos. Como, además, la inmigración más problemática está siendo la marroquí (basta con ver los datos), imposible hallar soluciones sin saber qué le debe Sánchez a Mohamed VI y por qué España está rendida ante Marruecos y sus deseos expansionistas antes sobre el Sáhara y ahora sobre Ceuta y Melilla.