El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, anunció ayer miércoles 12 de agosto que Rabat estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España.
«Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España», dijo a la agencia de noticias española EFE.
El motivo que alega Ouahbi es que, en bastantes ocasiones, cuando Marruecos reclama a una persona, España la detiene, fija fecha de entrega y luego esta no se produce.
Si la amenaza se concreta, las consecuencias serían serias. Se dificultaría la entrega mutua de delincuentes por tráfico de drogas, crimen organizado o terrorismo. España perdería un instrumento ágil para reclamar a personas refugiadas en Marruecos. Y la cooperación policial y judicial se enfriaría.
Ouahbi ha vinculado explícitamente esta posibilidad a los problemas con las repatriaciones, lo que anticipa un endurecimiento en la devolución de inmigrantes irregulares y menores no acompañados. Ceuta, Melilla y Canarias pagarían el precio.
Esta amenaza no es un gesto aislado. Forma parte de una estrategia de presión creciente de Marruecos contra España.
Mientras culpa a Madrid de incoherencia migratoria, Rabat pone sobre la mesa la reivindicación de soberanía sobre Ceuta y Melilla y utiliza la invasión del 30 y el 31 de julio para recordar que controla elementos clave de la relación bilateral.
Ouahbi ha dicho que «este asunto sigue sobre la mesa» y que «cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión». Y ha añadido unas declaraciones que sólo pueden ser interpretadas como una amenaza implícita: «Nos seguimos aferrando a nuestras tierras».
El término «nuestras» no es gratuito ni frívolo. Conviene tomárselo en serio.
La prensa oficialista marroquí ya había preparado el terreno. A principios de agosto, Le360, portavoz oficioso de la monarquía marroquí, hablaba de Ceuta y Melilla como «ciudades ocupadas» y «anomalía geopolítica». Luego, se preguntaba «cuántos dramas humanos deberán lamentarse» hasta su «reintegración en su entorno natural, Marruecos».
Es cinismo puro. Marruecos niega usar la migración como arma («nunca hemos utilizado esta cuestión como una herramienta») mientras existen indicios claros de que Rabat no sólo toleró la invasión de Ceuta, sino que la conocía de antemano. Decenas de miles de personas cruzaron la frontera en el plazo de apenas unas horas frente a la pasividad de la policía marroquí.
Al mismo tiempo, Ouahbi critica a España con la frase que ya se ha hecho viral en las redes sociales. Los migrantes, según él, preguntan «¿por qué nos paráis si España nos acepta?».
Rabat se presenta como socio leal cuando le conviene y como víctima de la política española cuando quiere presionar. El objetivo es elevar el coste de cualquier decisión que no se ajuste a sus intereses y normalizar el debate sobre la soberanía de dos ciudades españolas.
El cinismo marroquí es real y peligroso. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez se lo ha servido en bandeja con una política inmigratoria incomprensible y una rutina de sumisión hacia Rabat que implican de forma sistemática poner la otra mejilla… para que se la partan a los ceutíes y los melillenses. Pero también a los canarios y a los saharauis.
La política migratoria de Sánchez es, efectivamente, indefinible.
La regularización extraordinaria de 2026 superó el millón de solicitudes y llegará con casi total seguridad a los dos millones.
La repatriación de menores no acompañados es prácticamente inexistente: entre 2018 y 2024, de los cerca de 28.000 menas acogidos, sólo regresaron a sus países cuarenta y uno, apenas el 0,15%.
De los marroquíes, que suelen representar más de la mitad de esos menas, la cifra de repatriaciones efectivas es nula o residual según las memorias de la Fiscalía.
El discurso de firmeza en Ceuta («españolísimas, no se tocan», ha dicho Margarita Robles con un discurso tan de cajón como intrascendente y carente de compromisos concretos reales) choca con la realidad de una Ceuta ocupada, sumida en la violencia, la suciedad y, ahora, el riesgo de enfermedades, el chabolismo, el miedo de la población, la huída de los ceutíes y la ausencia de un plan creíble de retorno de los asaltantes.
España ha quedado marginada en la Unión Europea, donde varios socios han criticado el efecto llamada, y sin capacidad de respuesta creíble frente a Rabat. La sensación de que el Gobierno no sabe qué hacer en Ceuta no es una mera sospecha: es una realidad que se confirma día a día.
Mientras el Gobierno prioriza el relato de su presunta «excelente cooperación» con Marruecos, Rabat avanza en la narrativa de que Ceuta y Melilla son un asunto pendiente y que la frontera sur española es un problema gestionable a voluntad.
Ouahbi miente, por supuesto, cuando niega la instrumentalización de la inmigración ilegal.
Pero tiene razón en una cosa: las políticas contradictorias debilitan a España. La diferencia es que Marruecos sabe lo que quiere. El Gobierno de Sánchez, con una política que ha aislado a España y ha dejado la frontera sur a merced de la presión marroquí, ha dejado de saberlo. La sospecha de que Sánchez es el ‘candidato de Manchuria’ de Rabat en España, y de que sus decisiones como presidente no son libres, es ya innegable.
Hace falta algo más que visitas ministeriales para la prensa y declaraciones de «esto no se puede repetir». Se necesita una reforma urgente de la Ley de Extranjería que recupere capacidad real de control y devolución, una política de retornos efectiva (especialmente de menores) y un mensaje inequívoco, respaldado por gestos de fortaleza, de que la soberanía de Ceuta y Melilla no se discute ni se negocia con nadie.
Cualquier ambigüedad es una cesión. Ceuta y Melilla no se tocan. El problema es que, con este Gobierno, cada vez se tocan más.