Juan Jesús Vivas ha hablado este jueves de forma sincera y realista sobre el presente de Ceuta, la ciudad que gobierna desde hace más de un cuarto de siglo y que estos días vive su momento más crítico en décadas.
El presidente de la Ciudad Autónoma ya no habla de una crisis migratoria gestionable. Habla de «máximo riesgo», de que «cada día que pasa estamos peor» y de que «Ceuta no va a aguantar».
Vivas ha pedido algo que va más allá de los refuerzos policiales: un estado de excepción que permita suspender desde el inicio la tramitación de solicitudes de asilo.
También ha dicho que Ceuta no puede convertirse en el lugar donde se regularice a quienes entraron de forma masiva e irregular.
Con sus palabras, Vivas ha colocado a Pedro Sánchez ante una responsabilidad que el presidente del Gobierno lleva semanas eludiendo: la de decidir si está dispuesto a defender de verdad la viabilidad de Ceuta como territorio español.
Lo ocurrido a finales de julio no fue un episodio migratorio más. Fue una invasión masiva, coordinada y abrumadora que desbordó la frontera terrestre de España y de Europa. Decenas de miles de personas cruzaron en cuestión de horas.
Ceuta quedó saturada, con los servicios al límite, y la sensación de asedio se instaló entre los ceutíes. Vivas ha calificado los hechos de invasión, de asalto y de ataque a la integridad territorial.
No es un exceso retórico. Es la descripción de quien ha visto con sus propios ojos cómo el Gobierno español se convertía, en su ciudad, en el de un Estado fallido incapaz de impedir la caída de una de sus ciudades en el tercermundismo.
Frente a ese diagnóstico, el Gobierno de Sánchez ha optado por el relato de la contención. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habla de «relativa normalidad» y cifra en unos 5.000 los invasores que permanecen en Ceuta, muy lejos de los cerca de 9.000 que estima el Gobierno ceutí.
Anuncia también el envío de cuarenta y cinco agentes de la UPR y veinte de Extranjería, y repite que ningún irregular se quedará en Ceuta, irá a la Península o será regularizado.
Son gestos insuficientes. No responden a la gravedad de lo ocurrido ni a la urgencia que reclama quien gobierna la ciudad. La discrepancia de cifras no es un detalle técnico: es la prueba de que el Ejecutivo se siente más cómodo gestionando la percepción que la realidad.
Lo más grave, sin embargo, no es la diferencia de números. Es la negativa a asumir que Ceuta necesita un tratamiento excepcional. Cuando Vivas pide suspender la tramitación de asilo, está señalando el núcleo del problema.
Porque si se permite que miles de personas que entraron de forma irregular obtengan protección internacional o se instalen de manera permanente, se consolida el hecho consumado y se abre la puerta a nuevas oleadas.
El Gobierno, en cambio, insiste en aplicar los cauces ordinarios y en confiar en la colaboración con Marruecos. Marlaska ha llegado a hablar de «lealtad y cercanía absolutamente fuera de toda duda» del reino alauí.
Vivas, con más realismo, ha recordado que Marruecos ha demostrado que no es fiable y que nada vital para Ceuta debe depender de su voluntad.
Esa diferencia de criterio es muy relevante. Revela una dependencia estratégica que el Gobierno de Sánchez ha aceptado y que deja a la ciudad a merced de los intereses geopolíticos de un vecino hostil como Marruecos.
Sánchez no puede seguir escondiéndose detrás de la gestión del ministro del Interior ni de los comunicados de relativa normalidad. Ceuta no es un municipio cualquiera. Es un territorio español en el norte de África cuya existencia como tal depende de que el Estado demuestre, de forma creíble y permanente, que está dispuesto a defenderlo.
Cada día que pasa sin retornos masivos, sin un refuerzo real de la frontera y sin una respuesta firme a la petición de excepcionalidad, se erosiona un poco más esa credibilidad. Y con ella, la viabilidad de la ciudad.
El presidente del Gobierno tiene ahora una responsabilidad histórica. Puede actuar con la contundencia que la situación exige: priorizar el retorno, rechazar cualquier vía de regularización que incentive nuevas entradas y dejar claro que la integridad territorial no se negocia.
O puede continuar con la estrategia de minimizar, diluir y confiar en que el tiempo y Marruecos resuelvan lo que el Estado no se atreve a resolver.
En ese segundo escenario, será recordado como el presidente que, tras la invasión de Ceuta, prefirió irse de vacaciones y dejar que la ciudad cayera en el caos, lidiando en solitario con las consecuencias.
Vivas no habla desde la oposición nacional ni desde el cálculo partidista. Habla desde la responsabilidad de quien lleva 25 años defendiendo la convivencia y la españolidad de Ceuta. Su mensaje es claro: la ciudad no puede aguantar indefinidamente este estrés.
Cada día de demora aumenta el riesgo de que ocurra algo irreversible.