- Juan Jesús Vivas está dando una lección de Estado a Pedro Sánchez.
El rotulador rojo con el que Pedro Sánchez dirigió desde La Mareta su segunda videoconferencia sobre Ceuta, este pasado lunes, no era un mero accesorio de la escenografía. Era, más bien, el resumen de un estilo de gobierno.
Nadie en la historia de la democracia española ha trazado tantas líneas rojas (y ha cruzado tantas después) como el hombre que el lunes marcaba las suyas sobre un folio solitario mientras lo enfocaba brevemente la cámara silenciosa de Moncloa.
Con pantalón largo y camisa de manga, sin palmeras ni bermudas, Pedro Sánchez siguió con rostro serio las intervenciones de sus siete ministros, apretando las mejillas y llenando de marcas rojas su papel como quien corrige el examen a sus párvulos.
Cuesta entender que no convocara a la ministra de Sanidad, recién abucheada en su primera visita a Ceuta y dedicada a su vuelta al ático de Ayuso pese a las alertas sanitarias.
Sí invitó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, probablemente para prepararlo como siguiente mensajero interpuesto para la próxima visita inane al caos ceutí.
Ceuta es la última prueba de ese patrón y, a mi juicio, una de las más graves.
Para cualquier país democrático que se tome en serio a sí mismo, la línea roja por excelencia debería ser preservar su integridad territorial y garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos.
El asalto masivo a una frontera exterior de la Unión Europea en territorio español por parte de miles de personas procedentes de Marruecos, hace ya diecinueve días, debería haber activado todos los mecanismos del Estado.
Pero estamos donde estamos.
Frente a tanta miseria institucional, Juan Jesús Vivas está dando una lección de coraje y sentido de Estado que el Gobierno central no parece dispuesto a imitar ni a reconocer.
Desde la ciudad que administra, el presidente de Ceuta ha permanecido a pie de crisis, con su Gobierno unido detrás y sin esconderse de las consecuencias.
Ha reclamado saber cuántas de las personas que entraron permanecen todavía en su ciudad y cuántos expedientes de retorno se han abierto.
Ha exigido refuerzos de Policía y Guardia Civil y la presencia de Frontex en una frontera que no es solamente española.
Ha advertido de que la situación compromete la seguridad, la convivencia y la estabilidad de la ciudad.
Y ha dado al Gobierno treinta días, con la amenaza de acudir a los tribunales si no existe una solución.
Díganme quién está dando una lección de Estado.
Cuando un presidente autonómico tiene que fijar un plazo al Gobierno central para que cumpla su función más elemental, garantizar el control efectivo de la frontera, estamos ante un gravísimo problema de Estado.
El Gobierno se ha limitado a plantear la habilitación de tres nuevos campamentos provisionales destinados a solicitantes de asilo con capacidad para más de 1.500 personas. Es posible que esos espacios sean necesarios, por razones humanitarias, de sanidad y de seguridad básicas. Sería irresponsable negar atención, alojamiento o asistencia a quien lo necesita.
Pero la primera gran pregunta que sigue sin contestarse es cómo recuperamos el control efectivo de la frontera y cómo garantizamos el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en España.
El sábado, el gobierno de Marruecos reforzó sus efectivos en Fnideq e interceptó a casi trescientas personas. En pocas horas quedó demostrado algo que el Gobierno de España debería haber reconocido desde el primer día: que Rabat dispone de plena capacidad para controlar su lado de la frontera cuando decide hacerlo.
Esa es la segunda gran pregunta pendiente de responder. Por qué no lo hizo el 30 de julio y qué garantías está exigiendo ahora el Gobierno español para que algo semejante no vuelva a ocurrir.
Ahí reside la paradoja que la Moncloa parece empeñada en no nombrar. España necesita la cooperación de Marruecos para gestionar una frontera que es, al mismo tiempo, frontera de soberanía nacional y frontera exterior de la Unión Europea.
Precisamente por eso, su control no puede depender de la buena voluntad coyuntural del país vecino. Exigir responsabilidad a Rabat no es una descortesía diplomática. Es la condición mínima de una relación entre Estados que se toman en serio sus fronteras.
La otra gran línea roja que este Gobierno está cruzando es la de la transparencia. ¿Dónde están los datos sobre cuántas personas permanecen en Ceuta? ¿Cuántos expedientes de retorno se han abierto? ¿Cuál es el perfil de quienes siguen allí?
¿Cuántos son menores, qué edad tienen, cuál es su filiación, de dónde proceden?
La transparencia en materia de seguridad e inmigración no es una cuestión ideológica ni un capricho garantista. Es una herramienta de gobierno. Permite dimensionar recursos, combatir la desinformación y, sobre todo, proteger adecuadamente tanto a quienes llegan como a quienes ya están.
Sin datos no hay diagnóstico. Sin diagnóstico no hay política. Y sin política solo queda la escenificación.
Por eso el problema de Ceuta no se resuelve trasladando personas de un dispositivo provisional a otro, aumentando indefinidamente los recursos de acogida o esperando a que Marruecos decida cuándo vuelve a cerrar su frontera.
Ceuta no necesita un nuevo teatrillo de coordinación desde La Mareta. Necesita que el Estado ejerza sus competencias, sepa exactamente qué ha sucedido, recupere el control efectivo de la frontera, exija responsabilidades a Marruecos, acelere la tramitación de los expedientes y reclame una solución europea.
Porque Ceuta es España, pero su frontera también es Europa. Y la solidaridad europea empieza por una premisa mucho menos vistosa: exigir responsabilidad nacional.