Pedro Sánchez ha convertido la política española en una carrera de líneas rojas que desaparecen cada vez que dejan de ser útiles. Primero fueron los pactos que no iba a firmar. Después, las medidas que no tenían cabida en la Constitución. Más tarde, las concesiones que jamás aceptaría. Y ahora el Gobierno empieza a señalar a la Monarquía mientras recupera el debate sobre la España plurinacional. La frontera vuelve a moverse.

El último episodio tiene como protagonista a Óscar Puente. El ministro de Transportes ha acusado a la Casa Real de haber «sobrepasado el límite» por la fotografía de Felipe VI con Javier Negre y ha hablado de una «línea roja». No es una declaración menor.  La operación política encaja demasiado bien con las necesidades de Sánchez como para ignorarla. Cuando la gestión amenaza con convertirse en el centro del debate, el Gobierno tiene una alternativa que conoce perfectamente: polarizar.

Pero esta vez hay una novedad. La fractura que Sánchez puede estar intentando provocar fuera empieza a asomar también dentro de su propio partido. En el PSOE crece entre alcaldes y cargos intermedios una preocupación mucho más prosaica que la batalla territorial o institucional: que el presidente decida apurar la legislatura y arrastre a sus candidatos locales en unas elecciones generales que ellos no han elegido.

El debate circula ya por las estructuras municipales y territoriales del partido. Quienes conocen el calendario electoral saben que unas generales celebradas después de las municipales y autonómicas de 2027 podrían convertir a alcaldes y presidentes autonómicos socialistas en rehenes de la estrategia de Moncloa. Una eventual convocatoria en verano obligaría a compartir campaña, equipos, mensajes y recursos con unas generales que podrían estar dominadas por la figura de Sánchez.

Por eso empieza a extenderse una petición singular: que las generales se celebren en marzo de 2027, antes de las municipales y autonómicas. No es una rebelión abierta contra el presidente. Es algo más revelador: cuadros socialistas que empiezan a pensar en cómo salvar su propia papeleta.

El mensaje que subyace es demoledor para Ferraz. Si los malos resultados territoriales no deben interpretarse como un castigo a Moncloa, como sostiene la dirección socialista, entonces no debería existir ninguna razón para hacer coincidir ambos ciclos electorales. Los alcaldes quieren despejar cuanto antes el examen nacional y llegar a las municipales sin que la marca Sánchez determine el resultado de sus candidaturas.

De promesas incumplidas al cuestionamiento del Estado

El problema para Sánchez es que esta nueva batalla no aparece de la nada. Es el último capítulo de una sucesión de giros que ha ido erosionando las antiguas líneas rojas del presidente. Hubo un tiempo en que el socialista aseguraba que «con Bildu no se acuerda nada». Bildu terminó convertido en un apoyo parlamentario imprescindible. Hubo también un Sánchez que sostenía que no dormiría tranquilo con Podemos en determinados ministerios. El resultado fue el primer Gobierno de coalición con la formación morada.

Después llegó Cataluña. El mismo candidato que prometía que Carles Puigdemont tendría que responder ante la Justicia acabó concediendo indultos a los líderes del procés. Y quien antes afirmaba que la amnistía «no tenía cabida en nuestro sistema constitucional» terminó defendiendo la Ley de Amnistía como instrumento de reconciliación. Cada viraje tuvo su explicación. Cada rectificación encontró una justificación. La «utilidad pública», la convivencia, la estabilidad, la necesidad de superar el conflicto catalán. El mecanismo se repite: lo que ayer era imposible se convierte mañana en imprescindible.

La diferencia ahora es que el siguiente terreno de disputa afecta al corazón mismo del sistema constitucional. El cuestionamiento de la Corona y la reivindicación de un modelo plurinacional no son dos asuntos aislados. Pueden convertirse en los ejes de una batalla ideológica capaz de volver a ordenar el tablero político. Sánchez no necesita anunciar una República ni presentar una reforma constitucional. Le basta con permitir que el debate avance, que sus ministros abran la puerta y que sus socios ocupen el espacio que siempre han reclamado.

Y el contexto es decisivo. El Gobierno llega a la recta final de la legislatura con una mayoría parlamentaria frágil y con asuntos que pueden resultar mucho menos rentables electoralmente. La economía, la gestión, los servicios públicos o el balance de estos años obligan a rendir cuentas. La Monarquía, la Constitución y el modelo territorial, en cambio, obligan a tomar partido. Es el terreno donde Sánchez se siente más cómodo.

Por eso la ofensiva contra Felipe VI adquiere una relevancia que trasciende la polémica concreta de una fotografía. La Corona forma parte de la arquitectura constitucional que Sánchez juró defender como presidente. Convertirla ahora en objeto de una disputa política promovida desde el propio Ejecutivo supone elevar el nivel de confrontación institucional. Y ocurre, además, después de que el Rey reclamara una respuesta del Estado ante la crisis de Ceuta. Mientras Felipe VI expresaba su «preocupación e indignación» por la entrada masiva de inmigrantes, el Gobierno afrontaba críticas por su gestión.

La misma lógica se observa en el terreno judicial. La defensa del concepto de lawfare, el cuestionamiento de resoluciones judiciales y los ataques a determinadas instancias han alimentado una confrontación inédita entre el Ejecutivo y sectores de la Justicia. La frase de Sánchez sobre la Fiscalía —»¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está»— permanece como una de las expresiones más reveladoras de una forma de entender el poder.

El patrón es siempre parecido: los contrapesos dejan de ser contrapesos cuando incomodan; las instituciones dejan de ser neutrales cuando contradicen al Gobierno; las antiguas líneas rojas dejan de existir cuando dificultan una mayoría parlamentaria. Ahora la frontera se desplaza hacia la Corona.

Y ahí es donde España entra en un terreno especialmente delicado. Porque una cosa es la legítima discrepancia republicana y otra muy distinta que el Gobierno convierta las instituciones constitucionales en munición para una estrategia de supervivencia parlamentaria. Sánchez sabe que una campaña centrada en su gestión puede ser incómoda. Sabe también que una campaña planteada como una batalla sobre el modelo de España puede resultar mucho más movilizadora para su bloque. La cuestión ya no sería si el Gobierno ha cumplido sus promesas, sino si la derecha amenaza el modelo que sus socios quieren transformar.

Pero hay una paradoja que empieza a hacerse evidente. El presidente puede necesitar que España se divida para mantener unido a su bloque, mientras una parte de su propio partido empieza a pedir que las urnas no mezclen su destino con el suyo. Ahí está la verdadera dimensión del momento. La fractura ya no discurre únicamente entre PSOE y PP, entre Gobierno y oposición o entre monárquicos y republicanos. Empieza a atravesar al propio socialismo.

Los alcaldes quieren proteger sus municipios. Los barones quieren preservar sus territorios. Los socios quieren mantener sus concesiones. Y Sánchez necesita conservar el poder. Todos miran hacia 2027, pero no todos quieren llegar allí por el mismo camino.

El riesgo es evidente: agitar la Corona para salvar una legislatura puede terminar agitando el propio sistema. Y si la estrategia de polarización acaba convirtiendo las próximas elecciones en un plebiscito sobre Sánchez, quizá el presidente consiga movilizar a los suyos. Pero también puede descubrir que quienes primero necesitan tomar distancia de él no están en la oposición, sino dentro de su propia casa.