Las declaraciones oficiales, lejos de devolver la calma, han generado confusión y falsas expectativas. En un intento por endurecer el mensaje, el ministro Albares prometió «devolver a todos», mientras el Gobierno sigue hoy sin concretar el número de extranjeros que se resiste a regresar. A la vez, trata de organizar el traslado a la Península de 500 niñas por razones humanitarias, sin tener garantizada la respuesta de las comunidades autónomas. Se ha consumido, además, un tiempo precioso en organizar la distribución de las 45.000 vacunas contra el tétanos o la difteria anunciadas ayer.

Todas esas preocupantes señales revelan que el Ejecutivo español no ha estado a la altura de la emergencia, ni en la relación diplomática con el régimen de Mohamed VI, ni en la defensa rigurosa de la región, ni en la acogida. El gabinete de Pedro Sánchez, a pesar de algunas actuaciones para paliar el desastre, ha dado la impresión de gestionar la alarma como si fuera un sobresalto más del verano. Es una irresponsabilidad que haya tardado 26 días en convocar al Consejo de Seguridad Nacional, que se reunirá hoy, y crear el mando único para sofocar una crisis sin precedentes originada por «una violación de la integridad territorial de España», según sus propias palabras. Resulta incomprensible haber retrasado a esta semana las comparecencias de los ministros, después de negar la urgencia al PP. La respuesta de Sánchez ha sido claramente insuficiente y peligrosamente alejada de la realidad.

La polarización ha frenado además la posibilidad de articular entre Gobierno y oposición una reacción sin fisuras en torno a un Estado cohesionado y moderno. La Administración ha demostrado graves carencias para coordinarse con celeridad y con el consenso necesario, pese a la importancia del reto: los habitantes de Ceuta y su derecho a la convivencia y la seguridad, y las miles de personas en situación irregular que, procedentes de diferentes países africanos, buscan un porvenir en Europa a riesgo de perder su vida.