El gobierno de Sánchez ha abandonado a Ceuta, renegando de sus funciones de protección y defensa de la frontera para entregarse a la propaganda, la inacción y el postureo. Un Estado tiene dos funciones principales, proteger a sus habitantes y defender su propiedad y derechos.

El gobierno de España no solo ha dejado a las fuerzas y cuerpos de seguridad sin capacidad de acción. Esconde el problema sanitario, económico y social, como siempre, acusando a los demás. Echa balones fuera y desvela que su estrategia nunca fue la de devolver a su país a los que han invadido Ceuta.

La debilidad que muestra el gobierno de España ante la invasión migratoria y sus constantes medidas de efecto-llamada que han hecho de la inmigración ilegal un negocio muy lucrativo para muchos, no es incompetencia, es estrategia.

Todos saben que entrar ilegalmente en España merece la pena. Solo exige esperar, y serán repartidos por las comunidades autónomas para luego regularizarlos.

¿El objetivo? Importar pobres sumisos, amedrentar y amordazar a los ciudadanos, crear una subclase de votantes dependientes, disparar el gasto político y crujirnos más a impuestos, hacerse la víctima de una conspiración inventada y, en último caso, no convocar elecciones por «emergencia nacional».

La debilidad que muestra el gobierno de España ante la invasión migratoria y sus constantes medidas de efecto-llamada que han hecho de la inmigración ilegal un negocio muy lucrativo

Ceuta tiene 83.595 habitantes que han sido totalmente abandonados. Entre el 30 y el 31 de julio entraron ilegalmente en la ciudad 80.000 personas. De ellas, quedan miles. El gobierno afirma que quedan “solo” 5.000. No tiene sentido que la misma ministra de Sanidad que niega que haya un problema sanitario anuncie el envío de 45.000 vacunas si solo son 6.000.

Incluso usando la cifra oficial, equivale a aumentar más de un 7% la población de un territorio de veinte kilómetros cuadrados. Ningún país de la Unión Europea ha sufrido un asalto equivalente a duplicar la población en unas horas, y ninguna economía puede absorber un shock como es el de disparar la población un 7% con inmigrantes ilegales sin quebrarse.

La Cámara de Comercio de Ceuta cifra las pérdidas en 27,76 millones de euros, 7,07 millones por el cierre y la paralización de negocios, 10,25 millones por la cancelación de las Fiestas Patronales y 10,43 millones por el desplome turístico y del consumo en agosto.

Hablamos de casi el 2% del PIB de la ciudad destruido en tres semanas, y la propia Cámara advierte de que la estimación no incluye septiembre, ni el coste asumido por las administraciones, ni la destrucción de empleo, ni el daño reputacional que Ceuta arrastrará durante meses. Es más, los hosteleros de Ceuta afirman que la situación es mucho peor que en el cierre de la pandemia. La ruina absoluta.

Hablamos de casi el 2% del PIB de la ciudad destruido en tres semanas, y la propia Cámara advierte de que la estimación no incluye septiembre

La Confederación de Empresarios de Ceuta calcula caídas de entre el 40% y el 70% en comercio y hostelería respecto al año anterior. Las agencias de viajes hablan de un 90% de los viajes cancelados para el resto del verano, en una ciudad que el agosto anterior alcanzó una ocupación del 92%.

La playa está tomada, los chiringuitos han cerrado, hay propietarios que han dado la temporada por perdida y empresas que ya han despedido a un tercio de su plantilla. Muchos comerciantes han pagado seguridad privada de su bolsillo, un gasto que el gobierno no les ha compensado ni compensará.

El gobierno de Sánchez ha ido a Ceuta a hacerse fotos mientras continúa expoliando con impuestos a las empresas, comercios, autónomos y familias ceutíes.

El gobierno de Sánchez ha ido a Ceuta a hacerse fotos mientras continúa expoliando con impuestos a las empresas

Todo esto ocurre en un territorio extremadamente debilitado. Ceuta cerró el segundo trimestre con una tasa de paro del 22,4% y un desempleo juvenil del 47,6%. Su PIB por habitante, 23.228 euros, es el segundo más bajo del país y un 28,8% inferior a la media española, según la Contabilidad Regional del INE.

Es una economía sin casi industria ni agricultura, donde prácticamente todo el PIB depende de los servicios: comercio, hostelería, turismo y administración. Cuando los comercios bajan la persiana o están abandonados, no hay nada que mitigue el desastre.

Bolaños ha tenido la desvergüenza de vanagloriarse de que en España han entrado ilegalmente 234.760 personas según Frontex entre 2021 y 2026, menos que en otros países.

Lo que no dice es que, desde el año 2019 y hasta el mayo de 2026, han entrado en España de forma ilegal 1.027.000 inmigrantes, según las estadísticas del Ministerio del Interior y la Oficina de Asilo y Refugio, ni que España es el único país que ha anunciado regularizaciones masivas que han generado este efecto llamada.

El balance quincenal del Ministerio del Interior recoge 5.013 entradas irregulares por vía terrestre en Ceuta entre el 1 de enero y el 15 de agosto, un 191,1% más que un año antes, y esa cifra ni siquiera incluye el 30 y el 31 de julio. La crisis no ha sido sorpresa. La regularización masiva y el goteo de entradas han mostrado el efecto llamada en los datos oficiales durante meses.

En la ciudad quedan unos 2.700 menores no acompañados contabilizados, cuando la capacidad ordinaria de tutela de Ceuta es de 29 plazas. Un menor por cada treinta habitantes. Llamar a esto «gestión» es menospreciar la inteligencia de los españoles.

La respuesta del Gobierno ha sido el postureo y la mentira, con una acción tardía, insuficiente y corta. Seis millones “movilizados” para la emergencia humanitaria, 25 millones para menores, unos 15 millones tanteados para el comercio, un mando único y la declaración de situación de interés para la seguridad nacional casi un mes después. Ya sabemos que esos anuncios, como en La Palma, la DANA o el COVID, apenas llegan. Movilizar se convierte en una cifra de propaganda, no en una ayuda real.

Ceuta no necesita tanta visita de postureo, necesita medidas.

Primero, fiscalidad y cuotas. Los seguros sociales están bonificados al 50% en Ceuta y vencían el 30 de agosto para empresas que llevan un mes sin ingresar. Lo urgente es la exoneración, no el aplazamiento, de las cuotas empresariales y de autónomos durante seis meses, con condonación de recargos, y la elevación de la bonificación al 100% para las altas nuevas durante dos años.

En paralelo, exención del IPSI y de tasas locales para comercio, hostelería y transporte durante el ejercicio, y ampliación de la bonificación del 60% en el IRPF y del 50% en Sociedades hasta el 90% para rentas y beneficios generados en la ciudad. Ceuta no necesita subvenciones, necesita que le dejen de quitar el poco capital que genera.

Segundo, ayudas directas y liquidez. Compensación por lucro cesante calculada sobre la facturación declarada del año anterior, pagada en semanas y no en trimestres, con ventanilla única y silencio administrativo positivo. Línea ICO con aval del 100% y un período de dos años sin pagos para reestructurar deudas, además de reembolso total de lo que los empresarios han gastado en seguridad privada debido a la falta de apoyo del Estado.

Tercero, seguridad y frontera. El refuerzo policial debe ser estructural y permanente, no un despliegue de verano.

Más efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional con condiciones dignas y complemento de residencia. Control efectivo del espigón del Tarajal por tierra, mar y aire, y vigilancia con medios técnicos, no una barrera flotante de setenta centímetros, capaz de frenar un salto masivo antes de que se produzca.

Cuarto, devoluciones. El nuevo Sistema Europeo Común de Retornos, acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 1 de junio, obliga al retorno forzoso de quien no coopere, permite el reconocimiento mutuo de las órdenes de expulsión y habilita centros de retorno en terceros países.

Con una tasa de retorno efectivo del 28% en la UE en 2025, España no puede seguir siendo la excepción garantista. Aplicar la norma europea es cumplir la ley.

Quinto, oferta e infraestructuras. Un plan plurianual con calendario y auditoría pública. Se necesita una solución al cuello de botella aduanero de Algeciras que inmoviliza camiones dos días, ampliación de la conexión portuaria y aérea, digitalización del comercio minorista y suelo industrial y logístico a coste reducido.

Ceuta no pide compasión. Pide que el Estado cumpla su función, que los ministros sirvan para algo, control real de la frontera, seguridad jurídica y menos impuestos. Es decir, pide un Estado facilitador en vez de uno depredador. Lo único que ha dado Sánchez a Ceuta es propaganda y abandono.