Bajo la firma de Ghislain de Montalembert, la revista Le Figaro ha publicado este mes «Las 50 decisiones que, en los últimos 50 años, han hundido a Francia«. El inventario de iniciativas políticas y errores estructurales que han precipitado el pavoroso declive galo, desde Giscard d’Estaing a Macron, ha corrido a cargo del Instituto Thomas More, que otorga a las concesiones realizadas por París en el marco de la integración europea una importancia capital en esa decadencia. Según los autores del informe, «el origen de nuestros problemas reside sobre todo en la incompatibilidad entre ciertos compromisos europeos (Acta Única, Tratado de Maastricht, Tratado de Lisboa) o compromisos internacionales (acuerdos del GATT en 1992, OMC en 1995, etc.) y una serie de decisiones económicas incoherentes tomadas por los sucesivos gobiernos, la más evidente de las cuales fue la introducción de la semana laboral de 35 horas en el momento de la creación del euro y la posterior firma de acuerdos que abrieron el mercado europeo a países con costes de producción y jornadas laborales mucho más competitivas». Para los responsables del Thomas More, «el proyecto europeo es un fracaso», un fiasco medido a la luz de los pobres resultado obtenidos frente a los objetivos pretendidos: la paz, la estabilidad monetaria y financiera, y la prosperidad. Treinta años después de Maastricht, el sabor es amargo. El Acta Única impide la formación de potencias industriales de primer orden. Los Acuerdos de Schengen han agravado el problema de la inmigración ilegal al no garantizar la protección de los territorios sino al contrario. Maastricht proporcionó una moneda única, pero con presupuestos divergentes y sistemas fiscales contrapuestos. Y la Comisión está tomando iniciativas que van en contra de los intereses de la ciudadanía en cuestiones esenciales (inmigración, economía, etc.), debilitando sus fortalezas (energía, industria, etc.) a impulsos de un intervencionismo atroz.

«Las repercusiones para Francia han sido colosales», señala el informe. En un país marcado desde hace tiempo por la desconfianza entre el pueblo y sus líderes, la idea de que los debates e incluso las elecciones son un mero espectáculo porque las decisiones se toman «en otro sitio» no ha dejado de ganar adeptos. La firma del Tratado de Lisboa, rechazado en referéndum por los franceses, confirmó la imagen del político siempre dispuesto a ignorar la voluntad popular, un episodio convertido en una especie de veneno capaz de infectar todo el cuerpo político. Más allá del distanciamiento de las elites, la firma del Tratado de Lisboa socavó gravemente la confianza en la democracia. Vale el concepto de «posdemocracia» acuñado por el sociólogo inglés Colin Crouch. La «posdemocracia» no es una dictadura, porque las instituciones democráticas se mantienen. Sin embargo, las elites tienden a marginar esas instituciones dispuestas a vaciar la democracia de su esencia. Las decisiones no se toman de acuerdo con la voluntad popular, sino según la visión tecnocrática, y a menudo bajo la presión de los medios de comunicación y los grupos de presión. Viene a cuento la preocupación de Tocqueville: la democracia puede morir desde dentro, sin un cambio institucional alguno, bajo la mirada impotente de la ciudadanía.

51 años después de la muerte de Franco (noviembre de 1975), 49 de las primeras elecciones libres (junio de 1977) y 48 de la aprobación de la Constitución (octubre de 1978), como hitos más relevantes de nuestra historia reciente, están por definir las 50 decisiones políticas que en este medio siglo han llevado a la democracia española al borde del colapso, abocando al país a una crisis existencial de no menor dimensión que la que en 1898 provocó la pérdida (quiebra moral, política y económica) de las últimas colonias de ultramar tras la guerra con Estados Unidos. Tras una larga historia de reyes felones, espadones de Loja y guerras civiles, España asistió a la muerte de Franco al nacimiento de un sistema que por primera vez prometía paz, libertad y prosperidad para todos en un edificio levantado sobre el pánico al pasado de unos (los derrotados) y el miedo al futuro de otros (los vencedores), un milagroso abrazo fraternal convertido quizá en el gesto más luminoso de nuestra atribulada trayectoria como nación. De las fallas contenidas en la Carta Magna, de sus agujeros negros, se ha escrito mucho. Poco o nada, sin embargo, de las oportunidades que el sistema tuvo para haber corregido sobre la marcha esos errores de diseño una vez desaparecido, tras la victoria socialista de 1982, el peligro de asonada militar. 

Ocasiones sonadas hubo para ello, como la gran crisis de 1992/93 -más de un millón de trabajadores al paro en apenas 18 meses- desatada tras el cierre de la Expo sevillana y de los JJ.OO. de Barcelona, por no hablar de los escándalos de corrupción del felipismo. Hubiera sido el momento de replantear el diseño territorial dibujado en la CE o de recuperar algunas de las funciones que el Estado jamás debió haber cedido. Pero para entonces los «aprovechados» de nuestra democracia, convertida ya en una partitocracia descarada, habían decidido repartirse hasta el final el gran pastel del desarrollo al que habían sido convocados tras la muerte de Franco un PSOE desaparecido durante la dictadura, la derecha heredera del franquismo, el PCE como sello de legitimidad, y los nacionalismos de derechas, prestos a traicionar el texto constitucional a la primera oportunidad, catalán y vasco, con la Corona como guinda de un pastel del que Juan Carlos I, el primer protagonista de aquel milagroso abrazo, se aprestó de inmediato a sacar provecho con una conducta, corrupción pura y dura, digna de toda censura. 

Para entonces ya se había encargado Felipe González de maniatar a los jueces que podrían llevar a los políticos a la cárcel, rompiendo con la separación de poderes establecida en la CE. El crecimiento económico producido entre 1995 y la gran crisis de 2008, catapultado por la exitosa gestión del primer Gobierno Aznar, hizo creer a casi todos que el dinero iba a ser capaz de tapar las vergüenzas de un sistema que ya eran evidentes para cualquier observador imparcial. Y entonces ocurrió la tragedia del 11-M, o el intento deliberado de cortar las alas a un país periférico que de repente se creyó capaz de jugar en la liga de las grandes potencias. Una matanza típica de servicios secretos, con mano de obra marroquí a la que se hizo desaparecer con la voladura de un piso en Leganés, hecho insólito en la historia del terrorismo yihadista. Fuera testigos. España renunció a saber quién o quiénes fueron los autores intelectuales de una masacre que cambió para siempre el rumbo del país, un acto de infinita cobardía colectiva, una renuncia infamante que nos perseguirá durante siglos. Simple miedo a saber la verdad y pánico a verse obligado a actuar en consecuencia, es decir, a tener que castigar al o a los culpables. Quienes maquinaron los atentados del 11-M lograron de inmediato su objetivo, que no era otro que colocar a Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno, un Zapatero dispuesto a ganar en los libros de Historia, 65 años después, una guerra que la izquierda había perdido en los campos de batalla. El PSOE volvía al poder, pero era el peor PSOE de siempre, el de la revolución de Asturias de 1934 o el de la guerra civil de 1936. Adiós al abrazo fraternal que significó la transición. Bienvenida de nuevo la confrontación entre hermanos.

Todo pudo enmendarlo la derecha democrática de haber sabido/querido aplicar las reformas estructurales que demandaba el país y que hubieran sido perfectamente posibles gracias a las dos mayorías de las que dispuso, la primera con José María Aznar en el 2000, la segunda con Mariano Rajoy en noviembre de 2011. Pero Aznar prefirió dedicar su absoluta a bodas y banquetes, y a elegir como sucesor al peor de la terna que él mismo dispuso. Ahora acude a Ceuta a dar lecciones de patriotismo, seguramente después de haber confraternizado en Marbella con los «modernos» empresarios del sanchismo, los Rosauro Varo, Javier de Paz y compañía. Los negocios son los negocios. Es la representación plástica de una España rendida al dinero, poderoso caballero, dispuesta a desentenderse de la gobernanza de la nación porque la prioridad es el cuidado del bolsillo, lo que explica el escalofriante declive de una clase política a la que acude lo peor de cada casa, que los tipos inteligentes y valiosos prefieren hacer su vida lejos de las zahúrdas del poder. Mi opinión sobre Rajoy ha quedado ya expuesta en demasía en esta columna. Simplemente una desgracia para España y los españoles. En La balsa de la Medusa en que se ha convertido nuestro país navega todo el arco político español, con especial protagonismo para esa derecha cobarde. Los pocos liberales que quedan por estos pagos saben que nada pueden esperar del socialismo salvo el reparto de la miseria. Lo esperaban todo de un partido obligado a transformar España en una democracia moderna, un partido que ha traicionado esas expectativas y que ha adquirido con ella una deuda impagable.

La llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018 es la deriva natural de un sistema gripado, la culminación de un régimen enfermo que hace tiempo renunció a regenerarse desde dentro. Solo una sociedad anestesiada, que ha decidido desentenderse de la gobernanza del país, puede haber tolerado la presencia en el poder de un gangster, el jefe de una banda, el capo de una organización criminal dispuesta a enriquecerse a calzón quitado y a reinar sine die sobre las ruinas de lo que pudo haber sido un gran país. He viajado este agosto por diversas autovías españolas. Haciendo abstracción de los riesgos de un trazado antiguo, con curvas mal peraltadas y cambios de rasante vertiginosos, en todas la capa asfáltica presenta un estado lamentable, de modo que una mayoría de conductores se arriesga a circular por el carril de aceleración, el menos machacado por los camiones. Sorprende la resignación, la mansedumbre de una ciudadanía que acepta sin rechistar que nada funciona, ni las infraestructuras, ni la sanidad, ni la educación, ni la seguridad, ni la vivienda, ni el empleo… Es la victoria del «ande yo caliente» y que le vayan dando a los problemas del país, que le den a la deuda pública, que sea lo que Dios quiera con las pensiones, que hagan lo que les dé la gana con los impuestos, que abran la puerta a una inmigración descontrolada… Las leyes de educación han sacado del horno a unas nuevas generaciones de jóvenes estultos, acríticos, susceptibles de ser engañados con cuatro de pipas, mientras buena parte de quienes vivieron la posguerra e incluso la dictadura se han prostituido moralmente, han perdido el sentido del ridículo, han abdicado del viejo pudor que distinguía a la España pobre, dispuestos cada noche a mostrar sus miserias morales y afectivas en público y en programas de máxima audiencia. Es una sociedad anestesiada, obediente y difícil. Una sociedad que se ha comprado un perro. También aquí la responsabilidad de la derecha política es clara, al haber renunciado a dar esa batalla cultural que ha dejado la puerta abierta al control de las conciencias por la extrema izquierda woke.

La invasión de Ceuta no es sino el último episodio del proceso de decadencia que comenzó con los atentados del 11 de marzo de 2004. Es la renuncia deliberada de un país a defenderse. España se encuentra en una encrucijada crítica, y no tanto por la maldad de la mafia que nos gobierna, sino por la atonía de la ciudadanía en general. Buena parte de los españoles carecen de sentido de pertenencia hacia ella, no se sienten españoles. Sin sentido de pertenencia no hay patria, no hay nación, no hay solidaridad, no hay proyecto compartido, no hay voluntad de defensa y, menos aún, de sacrificio. Sin sentido de pertenencia, el español de a pie está dispuesto a soportar cualquier humillación que proceda bien de los matones del Gobierno o de sus socios separatistas o bildutarras. ¿Cuántos españoles estarían dispuestos al sacrificio de empuñar las armas en defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla en caso de definitiva invasión de ambas ciudades por parte del tirano marroquí? Margaret Thatcher respondió a la invasión de las Malvinas por parte de la junta militar argentina enviando a la Royal Navy para expulsar a los invasores a sangre y fuego. Cerca de 700 militares argentinos muertos y 255 británicos. Pedro Sánchez ha respondido a la invasión de Ceuta, enviando a los invasores tiendas de campaña, comida caliente y muchas aspirinas. Y pidiendo respeto para el agresor, un «socio leal».

En realidad Sánchez no puede abrir la boca ante Mohamed VI. Rehén de sus socios en el interior y rehén del sultán de Marruecos en el exterior. Ninguna salida aceptable para el sátrapa, reo de un delito de alta traición para con el país que preside. Ninguna salida que no suponga su muerte política: si rechaza la agresión marroquí y obra en consecuencia protegiendo Ceuta, corre el riesgo de enfadar al amo de Rabat que desde el famoso incidente del software Pegasus le chantajea sin piedad. La alternativa de rendirse ante el invasor, como es el caso, le deja a los pies de los caballos ante 50 millones de españoles, asombrados ante un espectáculo de sumisión política inédito en los anales de las democracias europeas. Es obvio que el CNI hizo su trabajo, porque lo contrario sería inimaginable incluso en una agencia tan devaluada como la que tiene su sede en la Cuesta de las Perdices, de donde se infiere que nuestro autócrata no adoptó deliberadamente ninguna de las decisiones que hubieran sido lógicas en todo Estado dispuesto a defender sus fronteras. Se cruzó de brazos y se fue de escandalosas vacaciones durante más de tres semanas. La sospecha es que la crisis de Ceuta está siendo utilizada por la organización criminal que nos gobierna como una especie de test final para medir la capacidad de aguante, la resistencia de la ciudadanía, en general, y de la oposición, en particular, a su permanente estrategia de atropello. Como ha dicho el director de este medio, Manuel Marín, Ceuta es un Torre Pacheco elevado a la enésima potencia. Del resultado del test dependerá el calibre y atrevimiento del gran golpe que prepara para seguir en el poder en 2027. Porque todos tenemos claro que no se va a ir por las buenas.

Nos enfrentamos a unos meses decisivos para el devenir del país. Como ha escrito aquí Beatriz Jiménez, «Sánchez aboca a España a un cisma sin precedentes en democracia para agitar la recta final de la legislatura», poniendo incluso en juego a la propia institución monárquica. Con el aparato del Estado en sus manos, las manos de un enemigo de la nación, Sánchez va a intentar crear un estado de excepcionalidad mediante algún acontecimiento o catástrofe sobrevenida (o largamente buscada) que le permita aplazar la convocatoria electoral o postergarla hasta el momento en que, con la ley de Nietos a punto, las urnas le otorguen alguna posibilidad de victoria. El artículo 116 de la CE establece la imposibilidad de disolver las Cortes mientras estén declarados el estado de alarma, de excepción o de sitio. Sin disolución del parlamento no hay posibilidad de convocatoria electoral. La invasión de Ceuta y sus consecuencias darían al sátrapa la excusa -una grave crisis de seguridad nacional- perfecta para llevar adelante sus planes. ¿Cómo es posible que el Gobierno de España no haya tomado la iniciativa de abrogar por vía de urgencia, ley o decreto ley, toda aquella norma que dificulte la expulsión inmediata de los que han invadido Ceuta, algo que hubiera permitido la declaración del Estado de Sitio desde el primer día? El comportamiento del Ejecutivo en la crisis ceutí es tan escandaloso, su inacción tan estruendosa, que hay quien piensa que Sánchez ha comprometido ya con Mohamed VI algún tipo de soberanía compartida sobre Ceuta y Melilla, lo cual explicaría en gran parte los silencios de un Gobierno para quien la invasión de 80.000 personas es un simple bulo creado por el lucero del alba, porque lo importante, como diariamente se encarga de recordar RTVE y el grupo Prisa, es el ático de Ayuso.

«A nadie se le escapa que, en cualquier paseo por Ceuta, cada vez se ve a más inmigrantes deambulando por las calles. En el caso de las barriadas la situación es crítica. Está habiendo peleas, enfrentamientos, no hay seguridad suficiente… los vecinos temen lo peor, no se merecen este tipo de situaciones» (Leído en un editorial de El Faro de Ceuta). Pero a Ceuta solo se le ha ocurrido acercarse al presidente de Mercadona, Juan Roig, que se desplazó a la ciudad para animar a la gente de su grupo y al resto de caballas. También el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha manifestado su apoyo a los ceutíes. El grueso de nuestro glorioso capitalismo patrio, con los banqueros a la cabeza, guarda un silencio sepulcral, no vaya a ser que el sátrapa, con quien están engolfados desde 2018, se enfade, que aquí y ahora solo importa la cuenta de resultados. Es el drama de un país sin una sociedad civil fuerte y sin una clase dirigente capaz de marcar el rumbo e imponer límites a los atropellos gubernamentales.

Hay quien sostiene que, en la perspectiva de un no descartable enfrentamiento civil, Ceuta será la tumba del sanchismo o el fin de España, y que ambas opciones tienen las mismas posibilidades de prosperar, ya que detrás de la alianza Sánchez-Mohamed hay intereses extranjeros muy poderosos, mientras que España está defendida por el ejército de Pancho Villa, con la cúpula de nuestras fuerzas armadas, por no hablar de la Guardia Civil, en manos de paniaguados del sanchismo. Recordemos que todo es susceptible de empeorar: para suceder a Sánchez se postula un homínido que responde al nombre de Óscar Puente. Pero yo sinceramente creo que Sánchez está muerto y que su futuro inmediato no puede ser otro que la cárcel o la huida a algún país sin tratado de extradición. Todo puede ir mucho más deprisa de lo esperado. Tanto la Moncloa como Ferraz están avisados: la imputación del PSOE como persona jurídica por financiación ilegal está al caer tras la condena de Ábalos, octubre a más tardar, y eso marcará el final de la escapada de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Sus socios ya se lo han advertido: hasta ahí podemos llegar. Elecciones muy probablemente en los primeros meses de 2027. Lo cual nos plantea el problema del futuro de España en toda su dimensión: la necesidad de reconstruir desde los cimientos el edificio de la convivencia entre izquierda y derecha, entre tirios y troyanos, tras el tsunami que ha supuesto el sanchismo. Todo un reto que la derecha democrática española debería, por una vez, estar dispuesta a honrar, si de verdad quiere evitarnos otra crisis del 98 que supondría, esta vez sí, la desintegración definitiva del país.