La xenofobia es una cosa demasiado seria como para servir de coartada política. Lanzar esa acusación como parte del enfrentamiento partidista, como una descalificación del oponente y, sobre todo, como ofensa moral a quien critica determinadas políticas migratorias o comportamientos concretos de personas extranjeras, es juego sucio. En el caso de la crisis de Ceuta, la izquierda y el Gobierno ya han caído en la tentación de utilizar como ariete las acusaciones de racismo, xenofobia o extrema derecha, para intentar liquidar el asunto sin entrar en el fondo del problema. La xenofobia designa el miedo, el rechazo o la hostilidad hacia los extranjeros o los que son percibidos como tales, pero en el caso de Ceuta, donde conviven en armonía desde tiempo inmemorial cristianos y musulmanes, españoles, árabes o judíos, nunca se han dado casos de xenofobia ni racismo. El problema es considerar la ocupación de la ciudad, por la fuerza de una multitud y la gravísima alteración de la vida cotidiana de sus habitantes, como un hecho migratorio. El rechazo a esta situación protagonizada por personas de otro país y o raza, no tiene nada que ver ni con la xenofobia ni con el racismo, porque la hostilidad exhibida cada vez con mayor intensidad por los ciudadanos ceutíes, es una forma de defensa de su espacio vital, tenga la nacionalidad o el color que tenga quien la amenace. Ni siquiera los hechos intolerables de un grupo de exaltados que intentó tomarse la justicia por su mano atacando las chabolas de la playa del Trampolín es un hecho xenófobo. Es un delito común, porque el ataque no se produce porque los ocupantes sean marroquíes o subsaharianos, sino porque tienen un conflicto con ellos y no han esperado a que actúe la fuerza pública para resolverlo.