Posiblemente, porque nuestra Administración compartía los planteamientos de otras comunidades que rechazaron prontamente el objetivo y las cantidades asignadas al mismo. Eso sí, nosotros, más taimados, aceptamos el dinero en su totalidad, aunque sin ninguna intención de cumplir lo acordado. La certificación final del director de Centros y Planificación, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, indica que en estos casi cinco años solo hemos creado 596 nuevas plazas públicas, y ello contando con las 175 activadas fuera del plazo de cómputo acordado.

Poco más de un tercio de las inicialmente comprometidas, desmintiendo las distintas cifras aportadas por la consejera de Educación y que han demostrado ser, para sorpresa de nadie, falsas todas ellas. Como falaz era la certificación de ese mismo director el mes de junio, exagerando casi en un 50% el número de puestos realmente creados y que se ha visto obligado a rectificar. El Gobierno vasco y, especialmente, el principal partido que lo sustenta siempre se han manifestado con displicencia respecto a este objetivo de ampliación de la oferta pública para alumnado de hasta dos años de edad.

Ambos, Gobierno y partido, argumentan reiteradamente que ya contamos con una oferta más que suficiente que cubre toda la demanda, algo que a todas luces no era verdad antes, ni lo es ahora. Durante estos años, muchas familias están viendo rechazadas las solicitudes de plaza pública para sus hijos e hijas. Más claro, este último período de matriculación se ha abierto con 57 haurreskolak sin plazas vacantes. Una oferta pública suficiente y gratuita en este primer ciclo educativo ofrece tres grandes ventajas. Son bien conocidos sus beneficios para el progreso en el aprendizaje y el desarrollo personal, pero también son constatables su aportación a la integración social y a la conciliación familiar, aspectos clave en estos momentos para nuestro país.

Sin embargo, durante estos años, el Gobierno vasco no lo ha entendido así, en perjuicio de miles de familias jóvenes tanto autóctonas como foráneas que precisan de este servicio educativo, y ha despreciado una oportunidad única y muy posiblemente, irrepetible. Solo nos cabe el triste y tonto consuelo de no haber sido los únicos. Desde muy pronto, hubo comunidades que manifestaron su oposición al despliegue de una oferta pública potente para niños y niñas de estas edades. Otras han quedado muy lejos de los objetivos de creación de plazas que habían suscrito. E incluso las hay que, como la nuestra, han jugado a maquillar sus cifras para simular el logro.

Como resultado, todo indica que ni siquiera hemos alcanzado el objetivo de 45.000 nuevas plazas públicas, meta ya rebajada en un 30% respecto del propósito inicial fijado en 65.382. Desde luego no, si se realiza la pertinente verificación. La zanahoria de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, fruto de una solidaridad europea ignorada en gran medida, no ha funcionado. Una mayoría de comunidades autónomas no ha cumplido las obligaciones adquiridas en la Conferencia Sectorial.

La falta de lealtad de muchas de ellas, la nuestra de forma destacada, es patente, y evidente el choque de políticas educativas divergentes, dejando muy tocado al Estado. Los intereses particulares se han impuesto para desgracia de la conciliación, la inclusión y la educación. Y esta oportunidad que hemos dejado pasar, a diferencia de los eclipses, es improbable que vuelva a suceder.