Con un auto de 26 páginas, la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, ofrece a la sociedad un relato de la invasión de Ceuta basado en hechos e indicios objetivos, sólidos y fiables. Es una resolución con conclusiones provisionales que sirven, en este momento, para iniciar una investigación penal a fondo sobre lo sucedido. Una investigación que asume las conclusiones del informe de la Policía que señalaba directamente a agentes estatales marroquíes, uniformados y de civil, como inductores y «dinamizadores» de la masiva entrada en Ceuta, operando a ambos lados de la frontera. Si Sánchez quería indicios que justificaran decisiones sobre Marruecos, ya los tiene, pero es un gobernante agotado que no puede seguir al frente de la dirección política de España.

Todo el argumentario del Gobierno se desploma como un castillo de naipes ante la fortaleza de un relato judicial, que, por muy inicial que sea, se sustenta en un informe policial difícilmente refutable, cuyos autores han escapado a la intromisión partidista que pretendía el ministro Grande-Marlaska. Como hoy informa ABC, otros funcionarios policiales se han negado a firmar informes exculpatorios de Marruecos, como el comisario de Extranjería. La verdad se abre paso a golpe de auto judicial y de dignidad personal.

La decisión de Tardón confirma que el asalto a Ceuta manipuló «la finalidad migratoria como cobertura formal» de una violación en toda de la soberanía territorial de España. Imposible no reparar en la cita que merece Sánchez en el auto, como autoridad en lo sucedido, cuando dijo por primera y única vez la verdad: el asalto a Ceuta fue «una violación de la integridad del Estado». Los delitos que se van a investigar son muy graves: contra la paz y la independencia del Estado, contra los ciudadanos extranjeros, de homicidios imprudentes, de organización criminal y contra la forma de Gobierno. Y tras esta nómina de actos delictivos, cuya autoría marroquí será difícil de determinar, hay un advertencia muy relevante de la que el Gobierno tiene que darse por aludido: la magistrada va a investigar «todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes», entre las que detalla «la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva». Es decir, que se van a someter a escrutinio judicial las decisiones tomadas por autoridades españolas con carácter previo, coetáneo y posterior al asalto masivo. Es cuestión de tiempo saber si este caso acabará o no en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la implicación de aforados de su competencia, como, por ejemplo, ministros del Gobierno. Todas las opciones están abiertas a la vista de lo que pretende investigar la magistrada Tardón.

Políticamente este auto cercena cualquier escapatoria del Ejecutivo para diluir los efectos de la invasión en Ceuta. Hay ministros cuya continuidad es inexplicable. Aunque lo inexplicable es que esta legislatura no termine hoy con una disolución de las Cámaras y una convocatoria de elecciones anticipadas. Esta situación no da más de sí, y lo que Sánchez llama resiliencia no es más que su capacidad para darse cabezazos contra un muro, el que él mismo construyó.